La Audiencia Nacional condenó este miércoles a dos años de prisión a Gaizka Andoni Astorquizaga y a Valentina Liliana Morisoli (de nacionalidad suiza) por quemar en noviembre de 2020 dos máquinas expendedoras de billetes en sendas estaciones de tren. Aunque la Fiscalía solicitó inicialmente cuatro años de cárcel para ellos, tras reconocer los hechos y acordar pagar los desperfectos, el ministerio público pactó rebajarles la pena y no pisarán finalmente ningún centro penitenciario.
En el fondo y en la forma, estos actos de sabotaje retrotraían a las épocas más duras de violencia callejera y kale borroka que durante muchos años se vivieron en las calles del País Vasco. Apenas dos años antes, en mayo de 2018, ETA había anunciado “el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras” y “el final de su trayectoria y su actividad política”. Punto y final.
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Pero no para todos. La Fiscalía detalló en su escrito de acusación que los dos acusados, Astorquizaga y Morisoli, pertenecen a ATA, “una organización disconforme con la decisión de cese de la violencia terrorista y que basa sus actividades en las reivindicaciones de los presos de la banda terrorista ETA”. Pero ¿qué es realmente ATA y qué peso tiene actualmente dentro del entramado de la izquierda abertazale?
En febrero de 2017, el principal referente de esa izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ya dejó claro en una entrevista que ATA, siglas de Amnistia eta Askatasuna, no forma parte del ecosistema ‘oficial’ de la izquierda nacionalista vasca que primero se aglutinó en torno a Sortu y luego en EH Bildu, y les calificó de “escisión” porque “no respetan lo que decidió la mayoría de la izquierda abertzale”.
ATA nació en 2014 con el objetivo de defender la amnistía para los presos de ETA. En su manifiesto fundacional cargaban contra la izquierda abertzale por realizar un “lavado de cara” con el pretexto de “los nuevos tiempos”. También criticaban la decisión de permitir que los internos de la banda se acogieran a la legalidad penitenciaria, es decir, a beneficios individuales si rechazaban la violencia.
“Se autoproclamaban como el movimiento más cercano a las reivindicaciones históricas de Euskal Herria y dejaban clara su estrategia: la movilización popular. ‘Tenemos que ganarnos la calle, activar a los sectores populares y recuperar la ilusión perdida’”, señala María Jiménez Ramos, periodista, profesora universitaria y miembro del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) en un estudio titulado ‘La disidencia emergente de ETA: por qué rebrota la violencia callejera’.
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Los servicios antiterroristas de la Guardia Civil se dieron cuenta de que ‘ATA’ empezaba a ser un problema cuando en 2015 empezó a organizar las primeras manifestaciones al margen de las plataformas oficiales que entonces aglutinaban a los colectivos de presos. En una protesta convocada en noviembre de 2015 consiguió reunir a 4.000 personas. Ese mismo año, 93 antiguos presos de ETA firmaron una carta recordando que “todavía no hemos conseguido nuestros objetivos estratégicos”y que “mientras no se supere el conflicto político existirán represaliados políticos y mientras haya represaliados políticos no se podrá dar por superado el conflicto”.
Entre los firmantes de esa carta estaba Jon Iurrebaso Atutxa, alias ‘Irene’, mano derecha de ‘Josu Ternera’ en las negociaciones que ETA mantuvo con el Gobierno socialista en Noruega en los años 2005 y 2006. Las Fuerzas de Seguridad pronto situaron a Iurrebaso en la cúpula de ‘ATA’. En marzo de 2017 escribió en el diario GARA un artículo titulado ‘Ya no hay ETA pero hay ATA’ en el que dejaba claro que este nuevo movimiento era el enemigo a batir. “Necesitan acabar todo lo que huela a disidencia, desobediencia, descontrol para el sistema, posición revolucionaria, posición de clase, posición solidaria, futuro libre y socialista”.
Iurrebaso había cumplido una condena de once años por pertenecer a ETA. Había sido adiestrado militar en Yemen. Definió al proceso de paz “como una espectacular e inaudita rendición unilateral y sin condiciones”. ATA enseguida encontró predicamento entre los presos más radicales. Iñaki Bilbao Goicoetxea, alias ‘Txikito’, expulsado de ETA por oponerse al fin de la violencia y condenado a 68 años de cárcel por varios delitos, entre ellos el asesinato en 2002 del concejal socialista Juan Priede, se convirtió en esos años en otra de las cabezas visibles de ATA.
Y en las más mediáticas. Se hizo famoso por amenazar al juez Alfonso Guevara: “Te voy arrancar la piel a tiras, fascista, te voy a meter siete tiros, ven aquí si tienes huevos”. La alerta subió de nivel cuando ese mismo año 2017 las Fuerzas de Seguridad llegaron a la conclusión de que ATA robó unas 60 pistolas que la banda terrorista iba a entregar a la Policía francesa dentro del proceso de desarme pactado.
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“El enfrentamiento interno entre las facciones oficial y disidente de la izquierda radical abertzale se mantuvo en los años siguientes y casi siempre con perfil bajo. En el fondo, ATA estaba poniendo en práctica la estrategia que ya había anunciado: ganar la calle. Sus ámbitos de actuación fueron las asambleas locales, los grupos estudiantiles, los círculos sindicales o los sectores más radicales de los estadios de fútbol”, señala María Jiménez Ramos.
Lo cierto es que fuera del País Vasco y Navarra las acciones de ATA apenas tienen repercusión. A las manifestaciones pidiendo la amnistía de los presos (65 en el año 2020, 60 en 2021, 197 en 2022, según datos del Observatorio de Radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite), de vez en cuando se producen pintadas, quema de contenedores y vehículos, y algunas huelgas de hambre temporales protagonizadas por presos radicales y simpatizantes. Episodios puntuales. Poco más.
“Estos últimos años la influencia de ATA ha perdido fuerza. Es imposible que haya un regreso a la violencia armada”, explican fuentes de la lucha antiterroroista, que no hablan de escisión sino de “sector crítico dentro de la izquierda abertzale”. Es el EPPK (el colectivo de presos de ETA) quien marca la línea a seguir. Ayuda mucho, explican las mismas fuentes, que casi el 100% de los condenados por terrorismo etarra cumplen su condena en cárceles del País Vasco y Navarra (sin contar los 11 que están en Francia) y que el número de estos presos es el más bajo desde el año 1980. Entre los trasladados está el propio Iñaki Bilbao.
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