Preocupación por una nueva ley europea que autoriza el espionaje a periodistas y sus fuentes

La prensa europea rechaza la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que da sus primeros pasos en la Unión Europea, por “el peligroso desprecio por los principios de libertad de prensa” que podría conllevar.

Esta norma nace con la intención de proteger a los periodistas y a los proveedores de medios de las injerencias políticas ante la “creciente preocupación en la UE por la politización de los medios de comunicación y por la falta de transparencia en cuanto a su propiedad”, según explican desde la UE. El texto, sin embargo, amenazaría la labor periodística y pone en riesgo el secreto de las comunicaciones al permitir que los gobiernos de la UE puedan “autorizar el espionaje de periodistas y sus fuentes por motivos vagos de ‘seguridad nacional”, denuncian las asociaciones de prensa europea.

Su reacción llega después de que los países de la UE acordaran este miércoles una postura común para negociar lo que será la futura ley, sobre la que ahora tendrán que iniciarse las negociaciones con el Parlamento Europeo una vez que este haya establecido a su vez su posición (que debería aprobarse en el pleno a mediados de octubre). El objetivo conjunto, aclaran desde la UE, es que la Comisión, el Consejo y el Parlamento fijen postura -los llamados trílogos- y que concluyan las negociaciones antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo (del 6 al 9 de junio de 2024).

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La Comisión Europea elaboró la Ley de Libertad de los Medios (MFA) el año pasado para evitar la interferencia política en los medios de comunicación y el espionaje a los periodistas y para garantizar una publicidad estatal transparente y no discriminatoria.

La Federación Europea de Periodistas (EFJ por sus siglas en inglés), a la que pertenece la FAPE, cree que, pese a haber estado abogando por una regulación “fuerte y efectiva” para responder a las numerosas amenazas que se plantean a la libertad de prensa en estos últimos tiempos, este acuerdo permite que los gobiernos de la UE tengan autorización para utilizar el espionaje. Por eso, denuncia un golpe a la libertad de prensa y argumenta que dicha legislación pondría a los periodistas y sus fuentes en un riesgo aún mayor y abre la puerta “a todo tipo de abusos”.

El foco está puesto en una enmienda impulsada por Francia y que ha llegado al texto final, que incluye la “salvaguardia de la seguridad nacional” como pretexto para emplear ‘software’ de espionaje -spyware- que de otra forma quedaría vetado contra profesionales de los medios de comunicación.

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Esta excepción, advierten desde la EFJ, dejaría sin efecto las protecciones otorgadas originalmente y pasa por alto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que se deja claro que “el mero propósito de salvaguardar la seguridad nacional no puede hacer inaplicable el derecho de la UE y no exime a los Estados miembros de sus obligaciones de cumplir con la ley”. La EFJ, por lo tanto, se opone “enérgicamente” a esta excepción al considerar que va en contra del objeto mismo de la legislación.

“Estamos preocupados por las peligrosas lagunas en la posición del Consejo, que muestra un desprecio por los principios de libertad de prensa. La excepción de seguridad nacional en el artículo 4 sobre la protección de las fuentes y la protección de la tecnología de vigilancia es un golpe a la libertad de prensa que pondría a los periodistas aún más en riesgo y que crea, además, un efecto intimidatorio en los denunciantes y otras fuentes. Sabemos muy bien cómo se abusa de la defensa de la seguridad nacional para justificar violaciones a la libertad de prensa. Se suponía que este EMFA generaría confianza, pero los Estados miembros están generando desconfianza”, advirtió la directora de la EFJ, Renate Schroeder.

La comisión de investigación sobre el uso del software Pegasus que se ha llevado a cabo en el Parlamento Europeo ya ha advertido a los Estados miembros de que la excusa de la seguridad nacional no puede suponer carta blanca para el uso de este tipo de programas evadiendo la legislación europea, pero los tratados comunitarios otorgan a cada gobierno competencia total sobre cómo protege su seguridad nacional,

El Consejo, en un comunicado, explicaba que el reglamento busca “salvaguardar la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación”. También mostraba su preocupación por informes recientes de la Comisión y del Media Pluralism Monitor (instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación), que habían puesto de relieve una serie de preocupaciones en la UE en relación con temas como la politización de los medios de comunicación, la transparencia de su propiedad y la independencia de los reguladores de dichos medios.

El acuerdo de postura que se fijó en el Consejo, por tanto, se traduce en que los Estados miembros decidieron aplicar de forma más amplia los nuevos requisitos de transparencia tras la legislación propuesta por la Comisión Europea el 16 de septiembre de 2022 con la intención de introducir salvaguardias contra la interferencia política, la concentración de los medios y proteger a los periodistas y sus fuentes contra la vigilancia.

Entre los principales aspectos de la nueva legislación figura la protección para unos servicios de medios de comunicación independientes con una “fuente estable de financiación”; la protección de la independencia editorial; salvaguardias para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación y evitar su concentración; y la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un nuevo elemento de vigilancia de la libertad de los medios de comunicación.

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