Los bancos creados por las antiguas cajas de ahorros, agrupados en la CECA, han pedido que España aproveche su presidencia del Consejo de la Unión Europea, que se inicia el 1 de julio, para impulsar la implantación completa de la Unión Bancaria y la puesta en marcha del fondo de garantía de depósitos de ámbito europeo.
La CECA ha enmarcado esta petición en el documento ‘Posicionamiento del sector CECA: contribuciones y propuestas’ que recoge las temáticas que deben abordarse de “forma prioritaria” durante la presidencia española del Consejo, entre las que destaca la solvencia, la sostenibilidad, los mercados financieros, la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la digitalización, los fondos Next Generation EU y la culminación de la Unión Bancaria.
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Y es precisamente impulsar la Unión Bancaria uno de los objetivos que se ha propuesto conseguir España durante su presidencia, según ha manifestado Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, durante la presentación del documento elaborado por la CECA.
“Vamos a dar un impulso en la Unión de Mercados de Capitales y vamos a tratar de avanzar en la Unión Bancaria”, ha asegurado García, para quien el principal objetivo de la presidencia de España será “consolidar la posición de la Unión Europea en el complejo contexto geopolítico actual a través de la aceleración de la transición energética y avanzando en la integración, especialmente en los aspectos económico-financieros”.
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En relación al reto de la sostenibilidad, el secretario de Estado ha destacado que “el sector financiero español ha sido vanguardia en la modernización de la economía en los últimos 50 años”.
Solvencia y sostenibilidad
En materia de solvencia, desde la CECA piden la implementación de una regulación “prudencial proporcional y equilibrada”, con especial atención al paquete bancario 2021. Mientras que el ámbito de la sostenibilidad demanda que se afiance el papel de las entidades de crédito en la transición sostenible con el foco puesto en el medioambiente, en los derechos humanos y en la agenda verde de la UE.
Otras de las prioridades que recoge el informe son que se impulsen iniciativas que protejan la integridad de los mercados y recomienda prudencia respecto a la implantación del euro digital, para ello, el informe indica que es relevante definir el marco jurídico que tiene previsto desarrollar la Comisión Europea para la emisión del euro digital, dado que podría tener “un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y la transmisión de la política monetaria”.
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El documento advierte que “la extensión incontrolada de las tenencias de euro digital afectaría negativamente a la base de depósitos bancarios, lo que puede afectar gravemente al balance de las entidades, a la gestión de los riesgos de liquidez y al canal de transmisión de crédito”.
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