La pandemia silenciosa de los desahucios recorre España

Hay enfermedades y dramas que ocupan menos espacio en la televisión. Problemas apegados a la realidad y alejados del foco mediático. Uno es el de los suicidios, silenciado mediáticamente, y otro es el de los desahucios, que con más de 100 al día en España, no genera tanto terror televisivo como las supuestas okupaciones.

Este martes fue Sonia, vecina de Fuenlabrada. El miércoles, las víctimas son Souad, residente en Vallecas, y Dolores, de inquilina de Sabadell. Y Saray y José, que iban a ser desahuciados en Córdoba esta semana, se han salvado, por ahora. La inflación de los precios de la vivienda y los alquileres han sido anunciados como un problema de 2023 y se suma así a una tendencia que el año pasado dejó una importante huella: en España se ejecutaron más de 35.000 desahucios.

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Cataluña es la comunidad donde más desalojos se producen, con 8.754. Solo en la región, hubo casi 24 desahucios al día. Los casi 7.000 en Andalucía, los 5.564 en la Comunidad Valenciana y los 3.679 de la Comunidad de Madrid completan la cabeza del ránking. Solo hay dos comunidades donde se produzcan menos de un desahucio al día: País Vasco y La Rioja, según el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda.

Del total de desahucios que se produjeron en España durante este año, un total de 71,95% de los “lanzamientos” —eufemismo que se usa oficialmente— fueron de personas que vivían de alquiler. Los inquilinos son un sector desprotegido al que ni siquiera la Ley de Vivienda desarrollada por Unidas Podemos y el PSOE pudo dar cobijo, debido a los regates que llevan a cabo las inmobiliarias y propietarios y a que la implementación de la ley requiere la implicación de las comunidades autónomas, la mayoría bajo mandato del Partido Popular y reacias a ejecutar la nueva normativa.

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De momento, las cifras del primer trimestre de 2023 han mejorado respecto al año pasado, con una caída del 40%. Un dato en el que no confía el activismo, que teme una oleada de desahucios por el alto precio del alquiler y las renegociaciones que se producirán durante el curso de los contratos que ahora lleguen a su fin.

El mercado inmobiliario es muy atomizado, pero aun así hay tres grandes propietarios a los que pertenece casi el 5% del total de las viviendas. Blackstone, Caixabank y Sareb albergan casi 60.000 viviendas, según un estudio de Atlas Real Estate Analytics. En esa lista de grandes propietarios se encuentra Fidere, con 6.500 viviendas.

Es precisamente Fidere quien está ahora al borde de un conflicto con más de 20 familias. La empresa quiere echar de sus casas a una veintena de vecinos que residían en viviendas de protección oficial con alquileres que rondaban los 700 euros. Desde octubre, los precios de esos pisos ya pueden regularse libremente y la empresa comunicó a los inquilinos incrementos del 30% del alquiler, además de gastos del IBI y de la comunidad. Estos nuevos contratos son considerados abusivos por los residentes y se niegan a aceptar estas cláusulas.

“Desde que en octubre nos estamos fuera de contrato, pero seguimos pagando nuestro alquiler de siempre por transferencia bancaria para demostrar que no somos okupas”, cuenta Ramón, del Sindicato de Inquilinos de Madrid y vecino de Getafe. “Ya tenemos diez demandas de Fidere por finalización de contratos. Una de ella ya tiene el juicio en Getafe. Ella pagaba 751 y ahora quieren que pague 954 euros más IBI y gastos de comunidad”.

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