Nadie escucha a Sonia: orden de desahucio pese a su minusvalía e indicios de estafa de la propietaria

Apenas puede hablar al salir de los juzgados. Se va con la confirmación de la peor de las noticias y la voz quebrada. Sonia será desahuciada este martes 20 de junio de la casa donde vive desde hace tres años. Tiene 51 años y una discapacidad del 73% “que se convertirá en 100% cuando vuelvan a revisarla”, asegura convencida a Infobae España por teléfono.

“Tengo muchísimo miedo. No entiendo de leyes, pero me han dicho que no son compatibles las cosas que pido”, relata sin saber dar más explicaciones. La mujer ha querido agarrarse al artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se da al menos un mes para ejecutar el desahucio, pero no se lo han concedido.

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A los 51 años y con una fibromialgia avanzada, la mujer salió hace unos meses de una relación donde sufría violencia machista. A su cargo, una hija de 25 años que depende de ella. Sonia no puede trabajar y los 400 euros de subvención que recibe son su único ingreso. El alquiler es de 600 y lo firmó junto a su pareja, que se marchó tras una de las tantas discusiones. Desde octubre no ha podido afrontar el pago y la propietaria ha pedido su desahucio.

Ante su desconocimiento, la complejidad se añade al conocer más datos: Sonia ni siquiera sabe quién es realmente la propietaria del piso en el que vive. Ella firmó el contrato con una mujer llamada Rosario, pero más tarde descubrió que el inmueble pertenecía a una mujer que ya había fallecido.

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“La supuesta propietaria le amenazaba por la calle —relatan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Getafe—, pero luego las vecinas le avisaron de que ella no era la propietaria de verdad, que la casa pertenece a una tal Carmen”. Muchas irregularidades y falta de explicaciones que no han servido para dar algo de aire a Sonia, que intentará evitar este martes ser desahuciada, ya que no tiene alternativa habitacional.

La mujer afincada en Fuenlabrada denuncia, además, las condiciones bajo las que recibió el piso: “Había fugas de gas en la cocina, se iba a luz... y la propietaria me decía que si no me gustaba me fuera”. Un apartamento que se caía a cachos que su dueña no se preocupaba en atender y que además exigía la mensualidad en negro.

“No me he metido de okupa, he pasado circunstancias con mi expareja y no he tenido otra alternativa que quedarme. He sido estafada por la mujer que me alquiló la vivienda. El contrato lo falsificó a nombre de una fallecida”, denuncia Sonia, que tan solo reclama algo de tiempo para buscar soluciones: “No pretendo quedarme aquí, es injusto que me avisen a 20 días y que ninguna institución me dé ayuda. No puedo hacer frente a todos los gastos, no puedo trabajar con mi discapacidad. Quiero tiempo para buscar una alternativa, es lo único que pido al juzgado”, asevera ante el vacío y la desatención de los servicios públicos.

La justicia y el sentido común han desoído las peticiones de Sonia, que se agarra a la resistencia vecinal como única herramienta frente a la posibilidad de verse desahuciada y sin nadie que le ayude a salir del paso. Como avanzadilla para salvaguardar el hogar, compañeros activistas de la PAH han hecho guardia nocturna con Sonia para evitar un asalto inesperado y poder combatirlo llegado el caso.

Como los vecinos afectados por Blackstone, como los vecinos a los que la Ley de Vivienda no les ha servido para mejorar sus condiciones como inquilinos, Sonia tendrá tiene que afrontar una jornada que puede acabar con ella y su hija sin casa. No hablarán de ellas en campaña electoral ni Alsina guardará alguna de sus preguntas a Pedro Sánchez para estos casos. Una pandemia sigilosa, la de los desahucios, invisibilizada y negada, pero que de forma diaria afecta a los residentes en la Comunidad de Madrid.

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