Las solicitudes de los créditos ICO por la guerra de Ucrania hasta mayo triplican las de todo 2022

Las empresas y autónomos siguen haciendo frente a un incremento de costes sin precedente. Ante la contracción de la demanda que se ha experimentado al inicio de este año y este aumento del precio de su actividad, muchas compañías se han visto obligadas a recurrir a la línea de créditos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Gobierno puso en marcha con motivo de la guerra de Ucrania. Así, a lo largo de 2023, según los datos recopilados y publicados por el propio ICO entre enero y mayo, más de 12.400 compañías afectadas por las consecuencias del conflicto bélico han solicitado uno de estos préstamos. La cifra triplica a las escasas 3.600 empresas que se acogieron a esta línea de crédito en todo 2022. Con estos avales, las compañías han conseguido a través de nuevos préstamos y otras modalidades una financiación de 2.640,3 millones de euros.

Una de las causas que explica el incremento de las solicitudes está directamente relacionada con el aumento de los costes. La mayor parte de las empresas afectadas son pymes o autónomos –un 97% del total de las solicitudes–, los más expuestos del tejido empresarial a la reducción de sus márgenes. Según los datos de la patronal CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), acumulan un incremento de costes del 33% primero por las restricciones sanitarias y posteriormente por las consecuencias de la guerra.

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El Gobierno puso en marcha en mayo del pasado año un plan en el que incluía la puesta en marcha de nuevas de crédito avaladas por el Estado a través del ICO por un importe de 10.000 millones. En la actualidad, se encuentra abierto un montante de avales por un importe máximo de 5.000 millones, de los que 3.500 millones están dirigidos a autónomos y pymes que han estado afectados por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, mientras que los otros 1.500 millones los pueden solicitar compañías de mayor tamaño.

El aval público máximo que pueden obtener los beneficiarios de estos préstamos ICO tras la guerra es de un 80% y el periodo de carencia que se puede disfrutar por esta financiación es de 12 meses. Los bancos tendrán que mantener abiertas las líneas de circulantes para aquellas empresas que obtengan un crédito por la invasión de Ucrania.

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Sin embargo, este plan no estaba teniendo la acogida esperada por el Ejecutivo, ya que a cierre de 2022 solo había movilizado el 8% de lo presupuestado. Según exponen desde el propio ICO, el poco éxito se debió principalmente a que las empresas no querían endeudarse más y muchas de ellas disponían aún de la liquidez obtenida con los créditos ICO de la pandemia. Otra de las razones por las que existía reticencia a solicitar esta línea de ayudas era la devolución de las mismas. De hecho, según el I Informe Hiscox de pymes y autónomos en España, el 45% no sabe si podrá devolver el préstamo antes de diciembre de 2023 para aquellos ICO que fueron solicitados tras el inicio de la invasión de Ucrania.

El ICO movilizará unos 32.000 millones de euros en préstamos, un 38 % del total incluido en la adenda al Plan de Recuperación, que podrán ser devueltos en un plazo máximo de hasta 20 años si se pacta con las entidades y en función de las necesidades de las empresas. Esto permitirá que puedan acceder a los préstamos empresas de todos los tamaños y sectores de actividad de cualquier lugar de España.

Respecto a las condiciones de estos préstamos, el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha insistido durante su intervención en el encuentro La Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Instrumentos Financieros organizado por EY (Ernst & Young) en la “flexibilidad” y ha apostado por permitir que los plazos de devolución pactados entre empresas y entidades puedan alcanzar los 20 años si lo necesitan las compañías. Esta condición se cumplirá siempre en casos de “financiación directa” por parte del ICO y deberá pactarse con la entidad bancaria, hablando siempre de los préstamos incluidos en la Línea ICO-Verde, dotada con 15.500 millones.

En este sentido, ha insistido en que hay proyectos que requieren plazos habituales de 4-5 años, pero otros necesitan más tiempo, y es necesario articular esa posibilidad de que sean devueltos en 20 años, aunque dependerá de condiciones determinadas, como por ejemplo precio o riesgo. No obstante, ha detallado que la tendencia en la actualidad suele ser que se devuelvan en entre 7 y 15 años. Preguntado por los tipos de interés, ha dicho que “podrá ser fijo o variable”, pero “dependerá del diferencial al que se financien la Comisión Europea y el Tesoro” y ello “dependerá de cada momento”.

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