El PSOE frustra la última norma estrella de Yolanda Díaz: el Estatuto del Becario no verá la luz antes del 23-J

Pese a que las negociaciones se alargaron durante 15 meses, Yolanda Díaz no alcanzó un acuerdo en torno al Estatuto del Becario hasta hace una semana, con la convocatoria electoral a la vuelta de la esquina. El pacto, firmado este jueves con los sindicatos, pero no con la patronal CEOE, está abocado a no ver luz verde, al menos no antes del 23-J. Y es que desde Moncloa se descarta que sea aprobado en los pocos Consejos de Ministros restantes hasta la celebración de la cita con las urnas.

El PSOE y Sumar, el proyecto político liderado por la vicepresidenta segunda, compiten dentro del mismo espectro y, aunque asumen que pueden volver a necesitarse tras el 23 de julio, ambos juegan sus cartas y utilizan el lenguaje electoral pese a seguir sentados en el mismo Consejo de Ministros.

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Coincidiendo con el cierre de las negociaciones entre Sumar y Podemos sobre el registro de la coalición, el pasado viernes, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT cerraron un acuerdo del que se descolgó la CEOE. Los de Antonio Garamendi ya abandonaron las negociaciones previamente al entender que no era adecuado sacar adelante una normativa con las Cortes disueltas.

Si bien, la que sería la última gran medida de Yolanda Díaz, después de sacar adelante normas de gran calado, como la reforma laboral, la ley rider o la ley de empleo, tiene pocos visos de prosperar en el seno del Consejo de Ministros. Fuentes del socio mayoritario del Gobierno así lo confirman, mientras que desde el equipo de la vicepresidenta señalan que trabajarán para que salga antes de las elecciones.

Cabe destacar que, de aprobarse en el seno del Gobierno, la norma debería ser ratificada en el plazo de 30 días hábiles por la Diputación Permanente, el órgano encargado de velar por el control de Ejecutivo fuera del periodo de sesiones. En este punto, la ley no concita a priori el apoyo de los socios parlamentarios, imprescindibles para que fuera aprobada en la Cámara Baja.

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El horizonte electoral complica el diálogo con estas fuerzas, pues todas las formaciones miman cada uno de sus pasos conscientes de que cualquier movimiento puede pasarle factura en la cita con las urnas. Así, desde ERC y EH Bildu no han mostrado su apoyo explícito a la norma y rehúsan valorarla. “No si quiera sabemos si llevará a convalidarse en la Diputación Permanente”, inciden fuentes parlamentarias de la coalición abertzale.

El PNV, por su parte, afea que el texto “no está consensuado” con ellos y pone de relieve el rechazo de los rectores hacia el mismo.

Además del fondo, tampoco están de acuerdo con las formas. Critican que se quiera aprobar “sin tiempo para preparar su implementación por parte de las administraciones competentes”, vía real decreto-ley y con las Cortes disueltas. “Parece más bien un ejercicio de marketing y nos llega que hay serias dudas de que finalmente vaya a ser aprobado”, reconocen fuentes del partido jeltzale.

Al margen de esta cuestión y de las reticencias mostradas por Moncloa hacia esta norma, y a pesar de que otras medidas importantes se han aprobado sin el aval de la patronal, como la reforma de las pensiones o las últimas subidas del SMI, el PSOE apela a captar el voto útil a su izquierda, tratando de orillar a Sumar.

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Dentro de esta estrategia, los socialistas enarbolan la bandera de los logros económicos con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al frente, a pesar de que esta no milita en el PSOE ni forma parte de las listas. De hecho, la propia ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha pretendido diluir la influencia del socio minoritario del Gobierno en la política económica, pese a poner inicialmente palos en las ruedas en las negociaciones sobre la reforma laboral, las subidas consecutivas del SMI o los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas.

A propósito de esto último, el PSOE intenta pujar ahora esta bandera al señalar la posibilidad de hacer permanentes estos impuestos, cuando hasta ahora solo los relegaban a una medida temporal por la coyuntura económica e, incluso, votaron en contra de esto en el Congreso a propuesta de Unidas Podemos.

La ley busca poner coto a las prácticas, “sin equívoco para evitar nichos de fraude laboral” y “limita de forma severa las prácticas extracurriculares y qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar estas prácticas laborales”.

El objetivo, según destaca el ministerio de Yolanda Díaz, es otorgar seguridad jurídica a las distintas partes “ampliando y garantizando los derechos reconocidos” mediante las competencias que se atribuyen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un régimen sancionador específico.

La norma será aplicable a la formación vinculada a grados del sistema de Formación Profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo y a prácticas universitarias.

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