El PP transige con la “violencia intrafamiliar” de Vox en la Comunidad Valenciana y se apea del consenso de 2017

La coalición con la ultraderecha es un hecho. Tras la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, Castilla y León dejará de ser la excepción y pasará a considerarse la pionera de la entrada de la extrema derecha en gobiernos autonómicos.

El Partido Popular, por el momento, ha pactado en multitud de ayuntamientos con Vox. A los acuerdos en los consistorios de Valladolid, Burgos o Toledo se une a la lista la Comunidad Valenciana.

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Carlos Mazón, del PP, ha llegado a un acuerdo con Vox para conformar un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana. Tras el polémico acuerdo de unos cuantos puntos escuetos y con pocos detalles, después se conocieron las 50 medidas acoradas para gobernar en coalición una vez se consume la investidura del candidato.

Entre las medidas pactadas se encuentran la derogación de la ley de memoria histórica, recuperar la ley de señas de identidad, un texto que aprobaron los populares en tiempos de mayoría absoluta, o las leyes “de género”, tal y como han indicado en diversas ocasiones miembros de Vox.

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El documento ejemplifica como el PP ha adoptado por completo la terminología de la ultraderecha. En ningún momento se hace referencia a la violencia machista, sino que se apuesta por una fórmula por la que Vox lleva apostando desde sus inicios, la violencia intrafamiliar. “Promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”, expresa el texto.

En 2017, antes de la entrada de Vox en el panorama político y en las instituciones, el PP participó en el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entonces, todos los partidos firmaron el documento. Desde aquel momento, los populares han hecho uso de la terminología de “violencia de género”, en línea con lo establecido por los organismos internacionales y tratados, acuerdos y debates en torno a la violencia machista. Con este acuerdo, los populares, toman distancia y adoptan la propia postura del PP anterior a 2017.

Además, el Partido Popular de Mazón acepta también los postulados de la extrema derecha en materia de inmigración, políticas sociales y medios públicos.

Sobre migración, el acuerdo establece, bajo el epígrafe de “seguridad”, que “la Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”.

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Sobre los medios públicos valencianos, impulsados desde la llegada de Compromís y el PSOE, con la apertura de una nueva radiotelevisión pública valenciana, la ultraderecha ha establecido con el Partido Popular, que “apostaremos por un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales”.

Por último, en materia de políticas sociales, ambas formaciones se comprometen a la aprobación de una ley de familias que garantice “la protección de la familia” y “que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento”.

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