Yolanda Díaz avanza su programa económico: abordar una reforma fiscal y consolidar el impuesto a las grandes fortunas

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha adelantado este miércoles una batería de reformas económicas que considera prioritarias de cara a la próxima legislatura “frente a la ausencia de proyecto que lidera Feijóo”. En clara clave electoral durante su intervención en el foro económico organizado por Cinco Días, la también ministra de Trabajo ha enunciado medidas en el ámbito empresarial, fiscal, de la productividad y de control de los márgenes empresariales, entre otras.

En cuanto a la fiscalidad, Díaz ha propuesto que el Impuesto a las grandes fortunas sea permanente y ha asegurado que España necesita una “reforma fiscal estructural” para mejorar la progresividad del sistema y cerrar la brecha de ingresos respecto al PIB que nuestro país tiene en comparación con la media europea. Según ha defendido, habría que evitar que grandes empresas paguen “solo un 3,8%” en el Impuesto de Sociedades mientras pequeños negocios contribuyen con “un 17,5%” y aumentar la progresividad del IRPF porque “quien más tiene, más debe de contribuir”.

La reforma fiscal ha quedado pendiente en esta legislatura, ya que se han tomado medidas aisladas pero no se han abordado todas las cuestiones que puso encima de la mesa el libro blanco entregado al Ministerio de Hacienda en 2022 en cumplimiento de uno de los hitos del Plan de Recuperación. Entre las principales cuestiones que enunciaron los expertos y se esquivan en el debate político estaba elevar y unificar el tipo del IVA e incrementar la fiscalidad medioambiental, medidas que afectarían a las clases bajas y medias y para las que habría que aprobar “paquetes compensatorios”.

Por otra parte, Díaz ha defendido que hay “unos márgenes empresariales que se ensanchan” mientras “hay una España cada vez más pobre” por el impacto que la inflación está teniendo sobre el poder adquisitivo de los hogares. Por ello, ha propuesto “alcanzar un acuerdo de país” controlando la evolución de los márgenes empresariales con la creación de un observatorio “vinculado a la revalorización de los salarios”.

Esta es una propuesta que partió de CCOO en enero de 2023, en concreto, de Carlos Martín -ahora número 6 de la lista de SUMAR- para negociar el V AENC con la patronal, pero que el gobierno de coalición terminó haciendo suya, llegando Calviño a anunciarlo en encuentros internacionales. La convocatoria de elecciones para el 23 de julio ha dejado en el aire este proyecto perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos. Además, la parte socialista del Gobierno no comparte la vinculación de un observatorio de márgenes con la negociación salarial, como exige Díaz.

La vicepresidenta segunda ha afirmado que el diferencial negativo de la productividad de la economía española, que está “25 puntos por debajo de la media europea” supone “un lastre estructural” que se arrastra desde hace cuatro décadas y empobrece al país, aunque ha asegurado que “no es un problema de las personas trabajadoras”. Por ello, ha propuesto la creación de un Consejo de Productividad.

Este organismo, que estaría integrado por empresas, sindicatos, administraciones públicas y académicos, no es nuevo, ya que el Consejo de la UE instó a su creación en 2016 y son solo 19 países los que ya lo han creado. Díaz ha criticado que no se haya puesto en marcha esta institución independiente en estos años, si bien es cierto que tampoco lo ha planteado el gobierno de coalición.

Otra de las reformas pendientes, según la vicepresidenta segunda, es “la reforma empresarial” porque “necesitamos empresas de mayor tamaño que trabajen en red”, con mayor innovación, investigación y “más comprometidas” con la transformación verde y digital. También ha hablado de “llevar la democracia a las empresas”, aunque no ha dado más detalles de en qué consistiría exactamente esta reforma.

Por otra parte, Díaz ha incidido en la necesidad de realizar una “reforma profunda” en el sector público para reducir la “inaceptable” temporalidad contractual que registran sus trabajadores, cuya tasa alcanza el 31,3% frente al 13,57% del sector privado. También se ha comprometido a “modernizar los servicios públicos de empleo” y a desarrollar una Agencia Pública de Empleo “ágil” porque es “el engranaje que nos falta”, ya que ha asegurado que los servicios de empleo “responden a una lógica de un país del siglo XX”.

También se ha referido a la situación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un organismo que depende del Ministerio de Hacienda. Algo que le ha parecido “raro” y “extraño”: “Creo que ese organismo tiene que ser modernizado, al igual que tienen que ser modernizadas las grandes quince empresas que pertenecen a este ente”, como son la Agencia EFE, Navantia y Correos. “Esa vieja SEPI del viejo siglo XX, creo que tiene que ser reformulada”, ha concluido.

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