La productora de Sálvame pide el archivo de la Operación Deluxe: “El origen de la información pertenece al secreto profesional del periodista”

Los dueños de La Fábrica de la Tele, productora del famoso programa Sálvame, han pedido el archivo de su causa en el marco de la denominada Operación Deluxe, surgida después de que Asuntos Internos de la Policía Nacional descubriera que uno de sus funcionarios, Ángel Jesús Fernández Hita, estaba accediendo a las bases de datos del cuerpo para extraer información sobre famosos y luego filtrarla al periodista Gustavo González, que trabajaba en el famoso programa de las tardes de Telecinco.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid argumentan que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid está investigando el procedimiento por el cual González tuvo acceso a una determinada información y que ellos en ningún momento han participado en ese trabajo. “La procedencia de una determinada información pertenece al secreto profesional del periodista”, defienden los productores en su escrito al que ha tenido acceso Infobae España, donde aseguran que ese terreno “no es un ámbito en el que una productora o un medio de comunicación puedan realizar indagaciones”.

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No solo es “improcedente” interrogar a un periodista sobre este extremo, añaden, sino que el profesional que respondiera estaría incurriendo en “una evidente quiebra del secreto profesional y, por tanto, en una práctica deontológicamente detestable”. “El secreto profesional de un periodista no es un privilegio, es un derecho y también un mecanismo de protección de la fuente”, subrayan Cornejo y Madrid. Pero sobre todo, continúan, es un derecho “con trascendencia institucional cuyo fundamento y protección radica en su función de garantizar la libertad de información”. “Lo reconocen todos los estamentos jurídicos”, insiste el escrito presentado por los dos productores que aún no ha sido contestado por el juez Marcelino Sexmero, instructor de la causa, que ya está finalizada.

Los dueños de La Fábrica de la Tele sostienen de este modo que ellos no deberían estar investigados en este procedimiento, pues no pueden haber participado en ningún momento en lo que se está dirimiendo, que es la procedencia de la información publicada por Sálvame. “El secreto profesional no está sometido al control del órgano de administración de las entidades mercantiles, que no tiene ninguna capacidad y, sobre todo, ninguna legitimidad para conocer las fuentes de quienes ejercen la profesión periodística”, argumentan los dueños de la productora.

“La desconexión entre los hechos objeto de la investigación y los señores Cornejo y Madrid resulta muy evidente”, agregan a través de su escrito, que arguye como demostración de esta distancia el hecho de que “no se ha efectuado ningún registro en las oficinas o en las dependencias de ‘La Fábrica de la Tele’ o de la cadena de televisión desde donde se producen los programas, sino en el domicilio particular de González por entender que era en ese entorno y no en otro donde debían practicarse las diligencias de investigación”.

Sobre esto último, la propia productora ya presentó un escrito hace meses que tampoco ha sido resuelto aún por el magistrado que ponía en duda la entrada y registro en la casa de González para que la Policía se incautara de sus dispositivos móviles y fijos porque el auto que autorizó el acceso de los agentes no estuvo suficientemente motivado. El mencionado auto, defendía el escrito, no hacía referencia alguna a la condición de periodista del afectado, por lo que no explicaba por qué era oportuno saltarse el derecho al secreto profesional que la Constitución Española protege.

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El último escrito de Cornejo y Madrid no vuelve sobre este extremo, pero sí recuerda que no es labor de una mercantil y, por lo tanto, de sus propietarios, indagar en las fuentes del periodista, pues se trata de un derecho reconocido por todos los ordenamientos jurídicos. El escrito concluye defendiendo, además de esa distancia respecto a los hechos investigados, que en ningún momento puede hablarse de cohecho (otro delito que el juzgado indaga), pues no hay en el sumario prueba alguna de que González o alguien entregara dinero al policía Fernández Hita a cambio de la información que éste suministraba. “No ha salido ni un céntimo de las cuentas de la sociedad mercantil de la que Madrid y Cornejo son consejeros delegados que haya ido destinado a pagar a funcionario público alguno”. En la causa se han personado ya más de 30 posibles perjudicados.

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