La gestión de Doñana es un mal ejemplo: España necesita “urgentemente” frenar unos regadíos que “no paran de crecer”

“España tiene agua escasa, contaminada y mal gestionada” y necesita “urgentemente” empezar a reducir regadíos, sobre todo en las zonas que ya tienen acuíferos en mal estado y donde el cambio climático está causando estragos. Esta es una de las principales conclusiones del informe La burbuja del regadío en España presentado por Greenpeace, que recuerda que la agricultura consume el 80% del agua disponible.

En poco más de una década, explica la organización ecologista, las reservas de agua superficiales han bajado en promedio unos 10 puntos porcentuales y seguirán disminuyendo “por los efectos del cambio climático”. Teniendo en cuenta que la fuente alternativa no solo pueden ser las aguas subterráneas porque “el 44 % ya están en mal estado”, apuntan, “solo queda reducir el consumo”.

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Greenpeace también indica que España es el segundo país con mayor estrés hídrico de Europa y alerta de que el 75% del territorio está en claro riesgo de desertificación. El aumento de las temperaturas, añade el informe, implica menos lluvias, por lo que en el futuro la disponibilidad de agua disminuirá, tal y como ya se observa este año en los embalses, cuya reserva cae hasta el 47,5% de su capacidad.

A pesar de que el país cada vez cuenta con menos agua, “el regadío no para de crecer”, critica Greenpeace en su informe, donde asegura que desde 2004 a 2021 los regadíos “legales” han aumentado al menos en 536.295 hectáreas, un 16% en extensión. Esto se traduce “en el 8% de la superficie del país, 40.000 km2, casi el equivalente a la extensión de Suiza o Países Bajos”, añade. Advierte, sin embargo, que las cifras en realidad son mucho “más altas y preocupantes” debido a los pozos y riegos ilegales que existen.

En ese sentido, la organización WWF también alerta de que sólo en las áreas de Daimiel, Doñana, Mar Menor y los Arenales se riegan de forma ilegal más de 88.000 hectáreas y de que el impacto del “exceso de detracción de aguas” es especialmente “severo” en esos espacios naturales.

En el caso de Doñana, según los documentos de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), las explotaciones agrarias crearon “una profunda alteración del sistema hidrográfico en las superficies ahora agrícolas, originando una grave perturbación en la hidrología” del parque, al crear una amplia red de canales artificiales de drenaje, de unos 30 kilómetros, que sustituyen a la red de drenaje natural”, añade Greenpeace. La organización también recuerda que otro de los entornos más afectados por el regadío intensivo es el del Mar Menor, debido a la contaminación procedente de la agricultura y ganadería intensivas.

Cabe recordar que este lunes el Gobierno andaluz mostró su rechazo al informe crítico que realizó la CHG la semana pasada, en el que cargó contra la proposición de ley de PP y Vox de ampliar regadíos en el entorno de Doñana, al considerar que tiene un sesgo político. “Se trata de un trabajo de todo, menos objetivo, técnico”, dijo el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

La CHG, por su parte, cree que esa norma no se debería tramitar porque, en su opinión, es “incompatible” con la planificación hidrológica que fue aprobada el pasado mes de enero.

Por otro lado, advierte Greenpeace en su informe, los fondos de inversión y las grandes agroindustrias se están convirtiendo en los nuevos terratenientes del campo español, lo cual afecta gravemente a la agricultura tradicional. La organización también denuncia que la modernización de los regadíos “no está consiguiendo ahorrar agua, sino más bien está aumentando el consumo”.

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Asimismo Greenpeace advierte de que un 16,2% de los regadíos (516.803 hectáreas) están ubicados sobre zonas tensionadas, es decir, sobre acuíferos en mal estado y zonas vulnerables a nitratos, que se ubican principalmente en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, seguidas de Baleares y Andalucía. Por cuencas, destaca la cuenca del Guadiana, la del Segura, Baleares, Júcar y Mediterráneas Andaluzas.

Dentro de ese 16,2%, el 3,7% ya está sobre zonas críticas (116.708 hectáreas), áreas donde, además, ya se ha modificado el clima, sobre todo en la cuenca del Guadiana, la del Júcar y el Duero.

Ante este panorama, Greenpeace considera que España debe poner en marcha un plan para acoplar el regadío a la disponibilidad hídrica de manera que “se garantice el abastecimiento de las poblaciones, los caudales ecológicos y otros usos prioritarios”. La administración pública, añaden, debe “prohibir la implantación de nuevos regadíos intensivos e industriales en especial en zonas tensionadas”.

Respecto a las medidas que deberían tomar el sector empresarial, la organización ecologista propone la “paralización de inversiones para aumentar regadíos intensivos e industriales en escenarios de cambio climático con posibles impactos sobre biodiversidad, zonas protegidas, acuíferos limítrofes a poblaciones”. Al mismo tiempo insta a compañías y fondos de inversión a informar “de forma detallada” sobre los riesgos que supone “seguir aumentando” esta clase de regadíos y por qué deben de limitarse en el sur de Europa en un escenario de cambio climático.

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