Tras proponer una ley que ha terminado por incendiar el debate público, ahora el Gobierno del PP en Andalucía abre la puerta a retractarse. La Junta de Andalucía está dispuesta a modificar la ley de regadíos de Doñana a través de distintas enmiendas que aporten una alternativa “creíble y viable” que solucione el problema de las familias que están actualmente en una situación de “alegalidad” y que garantice la protección del parque nacional.
La proposición de ley de PP y Vox plantea ampliar en unas 800 hectáreas las zonas agrícolas regables en la comarca del Condado de Huelva, cuyos propietarios quedaron fuera de regulación de 2014, y que afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. La medida implicaría legalizar regadíos que secarían aún más el ya deteriorado humedal de Doñana, motivo por el que la Unión Europea se ha mostrado en contra e incluso la UNESCO ha asegurado que retiraría al parque la condición de Patrimonio de la Humanidad.
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Este martes ha arrancado en el Parlamento andaluz la comisión para debatir la proposición de ley para la mejora de la ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana, en la que participarán expertos y representantes de diferentes administraciones y entidades. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, espera que esta comisión parlamentaria sirva para solucionar un problema que está “enquistado” desde hace tiempo. Esta misma semana, la Junta rechazaba un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre Doñana al considerarlo “partidario”.
Moreno ha subrayado que el ejecutivo ha decidido tramitar en el Parlamento la proposición de ley, en lugar de hacerlo por decreto, “para que todo el mundo, desde asociaciones ecologistas, especialistas, profesionales y dirigentes de otras formaciones, puedan expresar allí cuál es su visión y aportar soluciones”.
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El presidente de Andalucía ha afirmado que en la Junta están “dispuestos a que el proyecto de ley sea modificado a través de distintas enmiendas”, para lo que espera que sus detractores “traigan una alternativa creíble y viable para solucionar el problema de decenas de familias que están atrapadas en una situación de alegalidad, sin menoscabo de los intereses del parque”.
El PP no ofrece medidas concretas
”Precisamente esta ley lo que garantiza es que jamás de los jamases se coja agua del subsuelo. Esta es una ley garantista y para preservar el Parque de Doñana”, ha señalado. Moreno espera que los comparecientes en el Parlamento hagan “aportaciones en positivo”.
“Nosotros como gobierno siempre estamos dispuestos a dialogar, a escuchar, a aprender de aquellos que nos puedan hacer una propuesta más inteligente o positiva de la que hacemos nosotros”, ha recalcado.
El PP esgrime que esos cultivos se regarán con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, no con agua del acuífero de Doñana, pero la iniciativa ha provocado el rechazo del Gobierno central, la Comisión Europea, de los expertos y ecologistas, que temen que acabe afectando al parque de Doñana.
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