La ‘ley rider’ europea sale adelante con la abstención de España: una propuesta laxa que recorta derechos laborales

Luz verde para la ley rider europea, que se dirige, no exenta de polémica, al Parlamento Europeo. Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE han respaldado este lunes una directiva que no ha contado con el sí de España. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que el texto recorta derechos laborales y “está fuera del sentido común”. La líder de Sumar, que se abstuvo en la votación, contó con el respaldo de sus homólogos en otras siete capitales: Holanda, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Eslovenia.

El pasado mes de diciembre, los países miembros no llegaron a un acuerdo y frustaron el avance de esta norma, cuyo objetivo no es otro que mejorar las condiciones de los trabajadores en plataformas digitales, muchas veces agazapados bajo el paragüas de los falsos autónomos. En esta ocasión, los responsables de Empleo de la UE han dado el visto bueno al texto para no retrasar más el proceso, aunque la última palabra la tienen la Eurocámara y el Parlamento Europeo, comprensivo con la reticencia española. España, que durante los próximos seis meses ocupará la presidencia de la Unión Europea, tendrá que pilotar las negociaciones.

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Yolanda Díaz ha reconocido que la propuesta no ofrece garantías suficientes para proteger a los trabajadores. “España siempre ha defendido la aprobación de una directiva con el mayo grado de ambición posible. No podemos asumir que un joven en una bicicleta o un conductor con un teléfono móvil sean empresarios, porque no lo son”, ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno durante su intervención en el Consejo de Empleo y Política Social, celebrado en Luxemburgo.

El texto establece que se deben cumplir tres requisitos de un listado de siete para considerar a un rider como asalariado y regular su situación. De este modo, se tendrá en cuenta que la empresa imponga los límites máximos de remuneración, que supervise la realización del trabajo por medios electrónicos, que limite los horarios y que controle la aceptación de tareas. La fundadora de Sumar cree que la norma tiene que ser “más ambiciosa” y defiende que “la relación laboral entre plataformas y empleados debería activarse en virtud de criterios claros y transparentes, compartidos por todos los Estados miembros”.

Díaz ha liderado la oposición al proyecto normativo por considerar que sigue sin dar respuesta a los principales problemas del sector. La propuesta inicial, que sufrió varias modificaciones hasta desembocar en el texto actual, tomaba como referencia la ley rider española. La ministra de Trabajo cree que el precepto se ha “devaluado” en los últimos meses y lamenta que se rebajen las aspiraciones preliminares de la directiva, concebida para regular a más de cuatro millones de trabajadores de plataformas digitales.

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“El texto incluye avances en la gestión algorítmica, la necesidad de supervisión humana y el derecho a la información de los trabajadores, así como la transparencia del trabajo en plataformas digitales”, sostienen los ocho ministros de Trabajo que no han votado a favor del precepto en un comunicado conjunto. Durante su intervención, Yolanda Díaz ha pedido reconsiderar la postura común y ha puesto en valor la ley rider aprobada por el Gobierno de coalición en España.

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