La convocatoria de elecciones anunciada por Pedro Sánchez hace unas semanas ha dejado en el aire varias reformas que el Gobierno ya había anunciado y en las que estaba trabajando. Ahora, ante la posibilidad de cambio del Ejecutivo tras los comicios del 23 de julio, los esfuerzos del Gobierno para ilegalizar de organizaciones que hagan apología de la dictadura, entre ellas la Fundación Nacional Francisco Franco, pueden quedar en nada. Sobre todo, tras la promesa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de derogar la Ley de Memoria Democrática en la que se iba a amparar el actual Gobierno.
La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el pasado octubre, contempla en su disposición adicional quinta que serán objeto de “causa de extinción” aquellas fundaciones que “no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”, donde se incluyen: “La apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
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La postura del Partido Popular
“Nos comprometemos a derogar la llamada Ley de Memoria Democrática, que atenta contra el espíritu de la Transición”, sentenció Feijóo el mismo día que el Senado aprobó la ley. Por lo que, por ahora, la Fundación Nacional Francisco Franco seguirá funcionando con total impunidad tras la disolución de las Cortes, y lo seguirá haciendo bajo un posible gobierno del Partido Popular, que ya votó en contra de la ley.
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Sin embargo, la Fundación Francisco Franco, con cerca de 1.500 afiliados y múltiples benefactores, no es la única organización que hace apología del dictador y del franquismo, a ella se suman otras como la Fundación José Antonio Primo de Rivera o la Fundación Blas Piñar, el fundador de Fuerza Nueva que tuvo cargos políticos durante la dictadura.
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