Son tantas las trabas burocráticas y judiciales a las que se han enfrentado en los últimos 20 años las más de 100 familias que han reclamado exhumar a sus seres queridos del Valle de Cuelgamuros que a algunos les costaba creer que este lunes los forenses iniciarán, finalmente, los trabajos en las criptas para recuperarlos. “Llevamos mucho tiempo esperando, aunque parece que esta vez sí va en serio. Esperemos que no haya ya ningún impedimento para que entren”, dice a Infobae España Purificación Lapeña, que trata de recuperar los restos de su abuelo y su tío, Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados por las tropas franquistas en 1936, enterrados primero en una fosa común y después reinhumados en el Valle de los Caídos en 1959 sin permiso de sus familiares.
Los restos de los hermanos Lapeña, militantes del sindicato CNT y procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), permanecen en Cuelgamuros a pesar de que una sentencia judicial autorizó su exhumación en 2016. De ahí el escepticismo de Purificación al enterarse de que los forenses entrarían en la cripta. “No puedo explicar por qué no se ha cumplido y sería una aberración que solo sacaran los restos de mis familiares por el hecho de que hay una sentencia”, señala, consciente de las dificultades que supone el proceso. “El Estado está en deuda con muchas familias, también con aquellas que tienen a sus seres queridos en cunetas y fosas comunes aún sin exhumar. No podemos hablar de olvidar o de perdón cuando no tenemos a nuestros familiares”, asegura.
Purificación, que presentó el pasado jueves una queja ante el Defensor del Pueblo por el retraso de las exhumaciones junto con otras ocho familias, lamenta que el Gobierno no les informara el domingo de forma oficial sobre el inicio de los trabajos y se hayan enterado por la prensa.
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El equipo que accederá a las criptas para exhumar a 128 víctimas, en su mayoría represaliados del franquismo, lo forman seis forenses, un grupo de arqueólogos, odontólogos, genetistas y cuatro miembros de la policía científica, tal y como adelantó el diario El País, y no será una labor sencilla debido al estado de conservación de las criptas y el deterioro de las cajas. En el interior de la basílica se ha instalado un laboratorio forense para que los expertos puedan trabajar y posteriormente se analizarán los restos óseos con los que cotejar el ADN.
“Es un trabajo complejo porque hay que analizar muchas cajas y no están en buen estado”, dice Purificación, que a sus 65 años recuerda que hay familiares muy mayores que llevan dos décadas luchando por recuperar a sus seres queridos y “el tiempo se agota”.
Temor a un cambio de Gobierno
Es el caso de Fausto Canales, de 89 años, que trata de recuperar los restos de su padre y su tío, también asesinados por las tropas franquistas en 1936. Asegura sentirse “absolutamente feliz” por el inicio de los trabajos de los forenses, aunque teme que una posible victoria del Partido Popular en las elecciones del 23 de julio paralice “todos los avances” que se han producido en esta última legislatura con la Ley de Memoria Democrática, una norma por la que el Estado asume el liderazgo de las exhumaciones y que pretende resignificar Cuelgamuros para convertirlo en un lugar de memoria, entre otros objetivos.
“Tengo ilusión y esperanza, a pesar de que el proceso es complejo, pero llega tarde y no va a ser para todos. Me da pena por muchas familias que tienen a familiares enterrados en las cunetas, porque el momento político no es muy bueno. Si cambia el Gobierno, el proceso sufrirá un parón tremendo, y no sabemos si se terminará esta primera fase”, indica Fausto a este medio, después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que derogará la Ley de Memoria Democrática si gana las elecciones.
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Más de 33.000 víctimas enterradas
El Valle de Cuelgamuros, ubicado en San Lorenzo de El Escorial, se construyó a lo largo de dos décadas con el trabajo forzado de miles de presos políticos. Allí permanecen los restos de 33.833 personas, en su mayoría soldados caídos en la Guerra Civil, tanto sublevados como republicanos.
El monumento por excelencia del franquismo ha permanecido intacto durante más de 40 años en democracia, hasta que el 2019 fueron exhumados los restos del dictador Francisco Franco. Este pasado mes de abril fue el turno del líder falangista José Antonio Primo de Rivera.
El pasado 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas enterradas en Cuelgamuros al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres. A los recursos presentados por varias organizaciones profranquistas que dificultaron el proceso, se sumó el rechazo del propio Ayuntamiento de San Lorenzo de el Escorial, gobernado por el PP, para conceder la licencia de obra necesaria para comenzar los trabajos. Su alcaldesa, Carlota López Esteban, fue imputada por un posible delito de prevaricación tras la querella que presentaron varias familias al no reactivar la licencia.
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