¿Por qué nadie quiere ser médico en una prisión? El 62% de las plazas están vacantes

Si es usted médico y busca trabajo, sepa que lo tiene en una prisión española. Faltan facultativos, y muchos. La última relación de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias (de marzo de 2023) revela que debería haber 528 médicos trabajando en las cárceles. La realidad está muy alejada de los datos. De estas 528 plazas hay 328 actualmente sin cubrir, un déficit del 62%.

Inasumible para un sistema penitenciario que incluso con el paso de los años ha ido perdiendo reclusos y, por tanto, volumen en la carga de trabajo. Si hace diez años, en 2012, la población penitenciaria era de 70.126 internos, el año 2022 cerró con casi 56.000, una reducción del 20%. Pero aunque hay menos presos, sigue habiendo muy pocos médicos para tratarlos. La ratio actual es de un facultativo por 280 reclusos.

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Pero, ¿por qué faltan médicos? “Sobre todo es una cuestión económica”, señala José Joaquín Antón Basanta, facultativo en la prisión de Albolote (Granada) y presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. “Laboralmente seguimos perteneciendo al ministerio del Interior, cuando desde hace años nuestros puestos deberían estar transferidos a las comunidades. Eso supone que cobramos entre 800 y 1.000 euros menos al mes que un médico de familia de un centro de salud, nuestro equivalente autonómico”.

Desde el sindicato Acaip-UGT recalcan además que hay una “dejadez” por parte de las Administraciones en solucionar este tema, ya que la sanidad penitenciaria debería estar transferida a las comunidades autónomas desde finales de 2004. Casi 20 años después, solo se ha materializado en las dos comunidades que gestionan las cárceles en sus territorios (Cataluña y el País Vasco) y en Navarra. “No hay voluntad política porque las comunidades no quieres asumir el coste farmacéutico que supone”.

A eso hay que unir, explica Antón Basanta, que trabajar en una cárcel no es atractivo de por sí. “La prisión no tiene buena fama y encima no competimos en iguales condiciones económicas. No hay motivación. Así es imposible cubrir las plazas. Un problema, por ejemplo, que no tienen en Cataluña, con las competencias transferidas tienen mejores sueldos, un plus de peligrosidad y carrera profesional”.

Mientras tanto, Instituciones Penitenciarias (dependiente del ministerio del Interior) pone parches con algunas convocatorias para sumar nuevos facultativos. La última convocatoria es de junio de 2022: 80 nuevas plazas, 70 para especialistas en medicina familiar e interna, y 10 para la especialidad de psiquiatría. Dos años antes, en enero de 2020, salieron otras 40 plazas. Y en 2019 otras 35 más (aunque solo se cubrieron siete).

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“No hay voluntad política para solucionar la falta de médicos”, recalca Francisco Amaya, coordinador nacional de sanidad penitenciaria del sindicato CSIF. “El sueldo de un médico de prisiones no solo es inferior al de un médico de atención general, sino mucho más bajo que el de un profesional sanitario que ya trabaja en una prisión vasca o catalana, una diferencia de 8.843 euros anuales. Nosotros cobramos la hora de guardia a 16 euros, en la sanidad extrapenitenciaria la media es de 32 euros”.

En teoría, la calidad asistencial en las prisiones debería de ser la misma que la proporcionada a la población general. Pero las prestaciones médicas que se reciben en una prisión cuando un recluso cae enfermo son las básicas. La atención especializada (consultas externas, pruebas diagnósticas y hospitalización) se presta en los hospitales de la red sanitaria pública.

Y eso que algunas especialidades de alta demanda pasan consulta en el interior de las prisiones, sobre todo odontología, y ginecología y psiquiatría. También se tratan muchas patologías crónicas, como VIH, hepatitis, adicciones y problemas mentales. Según Antón Basanta, el 5% de las demandas sanitarias dentro de las cárceles están relacionadas con problemas de salud mental grave, “un porcentaje alto en comparación con la población normal”. Una patología que aumenta año tras año sin que los equipos sanitarios de las prisiones puedan tratarlas debidamente porque no están formados debidamente.

La falta de recursos obliga a que en algunos centros ya se esté recurriendo a la telemedicina. A finales del año pasado, el Ministerio del Interior licitó la compra de 24 cámaras para que se pueda llevar a cabo a distancia la exploración clínica de reclusos internados en aquellas prisiones que carecen de suficientes médicos.

En la memoria justificativa del contrato se reconoce que “no se puede garantizar la cobertura de prestación del servicio sanitario las 24 horas al día” por el déficit de profesionales existente en algunas prisiones, por lo que aboga por la “teleconsulta” con facultativos de otros centros como alternativa. Según los sindicatos, la telemedicina es solo un parche porque están aumentando las salidas de los reclusos a los hospitales por sus problemas médicos.

“Nuestro sistema informático no está conectado con la red del Sistema Nacional de Salud. Tampoco tenemos capacidad técnica para conectar con los servicios médicos propios de las Comunidades. No han sabido solucionar este problema que facilitaría el seguimiento de patologías de nuestros pacientes, evitaría traslados a hospitales y consultas a especialistas y ahorraría costes y riesgos para las fuerzas de seguridad que cada día trasladan a cientos de presos”, asegura Amaya.

Instituciones Penitenciarias reconoce que tiene un problema. “El contexto descrito muestra que, a pesar de los denodados esfuerzos realizados en dotar a los centros penitenciarios de profesionales médicos, tales esfuerzos resultan infructuosos por la falta de la necesaria demanda que posibilite la cobertura de las plazas dotadas”. Para el Gobierno central, “la solución definitiva a este problema estructural y recurrente pasa por la ansiada asunción de las competencias sanitarias en materia penitenciaria por parte de las Comunidades Autónomas que aún no se han hecho cargo de ellas”.

El doctor Antón Basanta reconoce que la situación va a empeorar con el paso de los años porque no hay relevo generacional. “Pongo el ejemplo de mi prisión. Hace unos años había 11 médicos, hoy hay cuatro y tres de ellos tienen más de 60 años”. CSIF ha hecho un análisis prisión por prisión de los médicos que faltan. Este sindicato contabiliza 467 plazas de médicos, sin contar subdirectores y jefes de servicio. Hay 313 sin cubrir, el 67%, lo que se traduce en que en 32 prisiones y Centros de Inserción Social no hay ni un solo facultativo cuando debería haber 76.

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