El Gobierno recauda ya 232 millones por limitar a las grandes empresas la compensación de pérdidas

La ley que el Gobierno sacó adelante a finales de 2022 para fijar los gravámenes a los “beneficios extraordinarios” de las energéticas y la banca y el impuesto a las grandes fortunas incluía una cuarta medida menos debatida que incumbe a todos los grandes grupos empresariales. En concreto, a los que quisieran compensar las pérdidas de las filiales de ejercicios anteriores cuando pagaran el Impuesto de Sociedades en 2023, ya que se limitó al 50% el aprovechamiento dentro del grupo de las bases imponibles negativas individuales.

Según el último Informe Mensual de Recaudación Tributaria, publicado por la AEAT, el Estado ha recaudado 232 millones hasta abril gracias a dicha medida. Una cantidad notable teniendo en cuenta que se trata solo del primer pago y que quedan por delante otros dos a lo largo de este año. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), estima en su Informe sobe la actualización del Programa de Estabilidad que el Estado llegará a recaudar 244 millones en todo 2023 por la limitación a la compensación de pérdidas en los grupos consolidados. Con el dato de abril, parece factible que esta cifra se alcance o incluso se supere.

Desde el Ministerio de Hacienda, artífice de la medida, se ha aclarado en numerosas ocasiones que esta limitación no es “un incremento fiscal” ya que tan solo “difiere”, es decir, aplaza, la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas a ejercicios siguientes. Sin embargo, la AIReF estima una recaudación por este concepto de 2.195 millones en 2024, aunque prevé un impacto negativo de otros 244 millones tanto en 2025 como en 2026.

Los 232 millones son, por el momento, una cantidad menor que la que se espera recaudar por las otras tres medidas que gravan de manera temporal los beneficios y las grandes fortunas, pero puede llegar a ser una cantidad no desdeñable si sigue creciendo en los siguientes pagos fraccionados. Según adelantó el Gobierno en febrero, el Estado recibió 1.454 millones por el primer pago, de dos, del impuesto a la banca y a las energéticas, 817,4 procedentes de las energéticas y 637,1 millones a cargo de la banca.

Según las previsiones de la AIReF, el Estado recaudará en 2023 1.274 millones por el impuesto a la banca; 1.634 por el impuesto a las energéticas y 635 por el gravamen a las grandes fortunas. Estas cifras se repiten en 2024 con la salvedad de un aumento en el último impuesto hasta los 685 millones y son un tercio menores al importe previsto inicialmente por el Gobierno, 5.000 millones, antes de que la norma pasara por el Congreso.

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los ingresos homogéneos que ha obtenido el Estado por el Impuesto de Sociedades (IS) en abril aumentaron un 10,7% respecto al mismo periodo de 2022. Además, los ingresos del primer pago fraccionado, realizado en dicho mes, crecieron un 24,5%, correspondiendo 3,2 puntos de este aumento a la modificación en la fórmula de cálculo de la base imponible de los grupos. Llega a ser 4,4 puntos si solo se tienen en cuenta los pagos de las grandes empresas y grupos.

La recaudación por el IS el año pasado batió récords con 32.176 millones, un 20,8% más que en 2021, aunque sigue todavía algo por debajo del año anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria, 2007, cuando se recaudaron 44.823 millones. No obstante, la de 2022 es la cifra más alta desde entonces y solo superada en la serie histórica por 2006 y 2005. Esto responde a la buena marcha de los beneficios empresariales, pero también a la inflación. Según un documento técnico de la AIReF publicado este miércoles, de la variación del 20,8% en 2022, 5,8 puntos corresponden a la inflación.

Por último, según ha explicado este jueves Agustín Fernández, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), durante la presentación de su guía para la Declaración de Sociedades de 2022, se da la peculiaridad de que la base imponible es un 21% inferior a la de 2007, algo que puede deberse a bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, marcados por el desplome de los beneficios con la pandemia.

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