Ribera aplaza hasta final de año la prórroga de la intervención del mercado eléctrico pese a que Bruselas da por zanjada la crisis

Teresa Ribera se ha pronunciado sobre la prórroga de las medidas de intervención del mercado eléctrico. La ministra para la Transición Ecológica ha pospuesto hasta final de año la decisión de prorrogarlas de cara a 2024, pese a que la Comisión Europea ya ha dado por zanjada la crisis energética, animando a los países a la retirada de estos mecanismos ante la normalización de los precios de la luz.

El pasado lunes, Bruselas remitía un informe al Consejo y al Parlamento Europeo, en el que manifestaba que la volatilidad de los precios energéticos se había reducido gracias a las medidas puestas en marcha por los diferentes países y que, además, se había registrado un importante descenso de la demanda de energía en línea con los objetivos previstos. Así, la Comisión considera que no hay “evidencia” de que sea conveniente prolongar más allá del mes de junio las intervenciones de emergencia en el mercado eléctrico de la Unión Europea aprobadas al calor de la crisis de precios de 2022.

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Sin embargo, al tratarse de una recomendación, es responsabilidad del Gobierno analizar la continuidad de este paquete de medidas, que según Ribera, “nos dan tranquilidad y cobertura”, pese a que para Bruselas la crisis energética ya está superada. “Ya iremos viendo de cara a final de año si es necesario seguir las recomendaciones de la Comisión Europea y para 2024 dejar sin efecto estas medidas, o si, por el contrario, tenemos que reivindicar y plantear la necesidad de su prórroga”, ha manifestado la titular de Transición Ecológica.

Asimismo, Ribera ha señalado que, por el momento, los consumidores españoles pueden estar tranquilos, ya que cuentan con este “paquete protector”, pese a que las condiciones del mercado no hagan necesario que se ponga en marcha, haciendo referencia a la excepción ibérica que en los últimos meses no se ha aplicado por la caída de los precios del gas natural.

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”Estamos cubiertos ante eventuales episodios de volatilidad como los vividos en 2022″, ha afirmado Ribera, que ha señalado que lo que pone de manifiesto Bruselas en su informe es un escenario optimista con respecto a la capacidad que tiene Europa de ir transformando su modelo energético, defendiendo la necesidad de reducir la dependencia de los mercados procedentes de Rusia.

El adelanto electoral no ha cambiado los planes de Ribera, que llevará al próximo Consejo de Ministros la reforma del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), conocida como tarifa regulada de electricidad, para su aplicación a partir de 2024. La titular de Transición Ecológica ha señalado que la nueva PVPC reducirá la alta exposición de los consumidores acogidos a esta tarifa a la volatilidad del mercado diario y ha explicado que la reforma, que indexa parcialmente el PVPC a una cesta de precios de los mercados a plazo, está en línea con el trabajo que se ha hecho en el último año con el documento que salió a información pública y las recomendaciones de mejora que se recibieron de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ribera ha señalado que habrá plazo para que todos los actores del sistema eléctrico puedan ir incorporando las novedades que supondrá la nueva PVPC. En este sentido, ha dicho que el Ministerio quiere dar “hasta principio de 2024 para que todo el mundo pueda hacer las operaciones que corresponda” y que esa tarifa se pueda ofrecer sin problemas, de forma que consumidores y comercializadores se puedan ajustar a “esa nueva realidad, mucho más segura y mucho menos volátil”.

Asimismo, ha insistido en que la reforma del PVPC reducirá la volatilidad que se ha vivido en el precio de la electricidad y que se reflejaba en el mercado mayorista diario, a cuyo precio está actualmente directamente indexada la tarifa regulada. Ribera ha dicho que aunque el Ministerio espera que no se vuelvan a repetir las turbulencias que azotaron a los mercados de la electricidad en 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania, que perjudicó “enormemente” a los pequeños consumidores y las familias, el nuevo PVPC generará más estabilidad.

Asimismo, ha añadido que han creído conveniente que en un país como España, con poca interconexión con el resto del continente europeo, la tarifa regulada tuviera “algunos factores moduladores vinculados al precio de la electricidad a medio y largo plazo”. La reforma del PVPC para reducir su volatilidad fue uno de los compromisos que adquirió España cuando el año pasado se le aprobó, junto a Portugal, la “excepción ibérica”, por la que se topa el precio del gas para generación de electricidad en el mercado mayorista eléctrico, a fin de que los precios no se dispararan tanto en un momento en que el precio del gas batía máximos.

La tarifa regulada o PVPC es necesaria para poder tener el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la electricidad para los consumidores calificados de vulnerables. Con los altos precios que se alcanzaron en el mercado mayorista, el Gobierno amplió esos descuentos para paliar el fuerte incremento que sufrieron en las facturas por los elevadísimos precios que se alcanzaron ya en el verano de 2021 y que luego se vieron incrementados en 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania.

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