Todos los años los conductores españoles tiene que cumplir con el fisco y pagar lo que tradicionalmente se llama ‘el numerito’ del coche, un tributo municipal por poder circular simplemente tu vehículo. Pero hay municipios donde tener matriculado el coche o la moto es todo un chollo. Es lo que Automovilistas Europeos Asociados (AEA) llama paraísos fiscales.
En su último informe, titulado “Estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil”, AEA recoge un listado de 25 ayuntamientos en los que el número de vehículos de nueva matriculación supera al número de habitantes censados. El ranking lo lideran tres municipios madrileños: Rozas de Puerto Real, Colmenar de Arroyo y Patones.
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El primero registró en 2022 un total de 18.019 matriculaciones de turismos, teniendo solo 577 habitantes. Esto aúpa a esta localidad en el primer puesto de vehículos matriculados por habitante de toda España: 31,23. El coste del impuesto de vehículos de tracción mecánica en Rozas de Puerto Real oscila entre los 3,16 y 28 euros anuales, dependiendo de los caballos de potencia fiscal (el parámetro que se utiliza para fijar este impuesto). En Madrid capital este impuesto se mueve entre los 20 y 224 euros.
Entre los 25 municipios considerados “paraísos fiscales” en el informe de AEA hay once madrileños: Las Rozas de Puerto Real, Colmenar del Arroyo, Patones, Venturada, La Hiruela, Robledo de Chavela, Navacerrada, Redueña, Moralzarzal, Torremocha del Jarama y Collado Mediano; cinco en la Comunidad Valenciana: Sarratella, Castielfabib, Puebla de San Miguel, Relleu y Benidoleig; y dos en Cataluña: Aguilar de Segarra y Rajadell, y dos en Andalucía: Montejaque y Macharaviaya.
El listado lo cierran Escorca (en Mallorca), Retascón (Zaragoza), Cañada de Calatrava (Ciudad Real), Tejeda (Las Palmas) y Fresno de Río Tirón en Burgos. En todos ellos se paga mucho menos respecto a las capitales de su provincia. Además, en ocho de ellos (Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Venturada, Moralzarzal, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Patones y Tejeda) se matriculan el 40% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 183.604 turismos sobre un total nacional de 461.257 unidades.
Resulta especialmente llamativo, señala AEA en su informe, el caso de Benidoleig, pequeño municipio alicantino. Su población solo ha crecido en 66 vecinos, pero el número de vehículos de empresa matriculados en 2022 se ha multiplicado por diez en solo un año, pasando de 344 a 3.383 unidades. Los bajos impuestos que cobran estos ayuntamientos motivan “que numerosas empresas de alquiler y de ‘renting’ hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños localidades en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal”, señala AEA. A cambio, a las arcas de estos pueblos “les toca la lotería del ‘numerito’ por el ingreso que reciben por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población”.
3.900 millones en ingresos
El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica genera unos ingresos anuales de 3.900 millones de euros a las haciendas locales. Este tributo se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses. Todo ello de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco y Navarra.
Unos 37,5 millones de automovilistas titulares de cualquier vehículo a motor (desde un ciclomotor hasta un camión de gran tonelaje) están obligados a pagar este impuesto. De las 52 capitales de provincia sólo Pamplona ha subido este año las tarifas, mientras que Córdoba las ha bajado para los turismos. El resto las ha mantenido.
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Así, por ejemplo, un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros; en Madrid 59 euros, en Barcelona 68,16 euros, y en San Sebastián 87,93. Es decir, un 158% más caro en San Sebastián que en Tenerife. Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián, AEA cita los de Vitoria, Bilbao, Tarragona, Barcelona, Lleida, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva y Granada. Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse “un paraíso fiscal” estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Cáceres, Palencia, Jaén, y Badajoz.
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