El Gobierno incluye 18 reformas nuevas y modifica partidas para solicitar 94.300 millones más del Plan de Recuperación

El Gobierno enviará este miércoles a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación aprobada en Consejo de Ministros, un documento que planifica la segunda fase del plan y con el que se aspira acceder a 94.300 millones de euros más, 84.000 de ellos en préstamos y 10.000 en transferencias adicionales. La adenda refuerza las inversiones destinadas a los PERTE y crea más fondos de inversión para usar los préstamos, pero también incluye 18 reformas adicionales y algunas modificaciones de hitos y objetivos ya comprometidos para que el tejido productivo absorba mejor los fondos. También se añade un componente, el número 31, para distribuir los fondos del REPowerEU.

Este número de nuevas reformas es menor a las 30 que el Gobierno contemplaba en el proyecto de la adenda, de diciembre de 2022, antes de negociar el documento con Bruselas, comunidades autónomas y agentes sociales. Según ha explicado el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, entre las aprobadas finalmente están la reforma de la tarifa del PVPC, la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno que España se comprometió a modificar cuando aprobó la excepción ibérica.

También figura una reforma en el ámbito laboral para solucionar los “desajustes” entre la oferta y la demanda en el merado de trabajo e impedir que “limiten la creación de empleo”. Estos son los únicos detalles que han trascendido hasta el momento, ya que el Ejecutivo no ha querido explicar las reformas, que son complementarias a las ya puestas en marcha, hasta que se haga público el documento íntegro enviado a Bruselas.

Por otra parte, el Gobierno se acoge al artículo 21 del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para modificar algunos hitos y objetivos inicialmente acordados, ya que de otra manera no sería posible cumplirlos. Según el secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, esto ya lo han hecho Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Portugal cuando han presentado sus adendas.

Una parte de las modificaciones responden, según De la Rocha, a la necesidad de adaptar proyectos para tener en cuenta el incremento de costes de las empresas por la inflación. Otras van a “corregir algunos errores y mejorar la redacción” así como a solucionar “problemas de interpretación” y hay algunas modificaciones que buscan “mejorar la absorción total de los fondos” transfiriendo dinero de convocatorias desiertas a otras que han superado las expectativas.

Por ejemplo, ha habido menos demanda de la prevista en la acreditación de competencias profesionales y el Gobierno ha decidido mover esos fondos a aumentar en 112.000 las plazas de Formación Profesional, hasta las 247.000. También se traspasan fondos del hito 34 del Plan de Recuperación a reforzar la dotación de proyectos sostenibles de municipios de menos de 5.000 habitantes y otro refuerzo se destina a los proyectos de hidrógeno verde, que también han tenido mayor demanda de la prevista.

Aprovechando la adenda, el Gobierno ha modificado sus previsiones sobre el impacto que tendrá el Plan de Recuperación en el PIB en comparación con el escenario inercial, es decir, el escenario si no existiera el plan. En concreto, prevé una desviación positiva de 2,7 puntos para 2023, cifra ligeramente inferior a los 2,9 puntos contemplados en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en abril. No obstante, eleva el impacto a partir de 2026 como consecuencia de los préstamos y extiende su influencia hasta 2031, sumando ese año 4 puntos al PIB.

La adenda contempla 28.275 millones adicionales para los 12 PERTE, 7.650 mediante transferencias, 17.981 mediante préstamos y 2.644 millones más a través del mecanismo REPowerEU, aprobado tras el inicio de la guerra en Ucrania. Los 66.328 millones restantes corresponden a 14 fondos, algunos de nueva creación y otros ya creados pero que reciben ahora un refuerzo.

Los PERTE que podrán acceder a más dinero adicional son el Chip, con 11.975 millones (la mayor parte en préstamos); el de energías renovables, con 5.494 millones (la mayor parte del fondo REPowerEU) y el de Digitalización del Ciclo del Agua, con 3.055 millones. El único proyecto estratégico que no se refuerza es el Naval, que también es el que menor inversión tiene, 150 millones en transferencias en la primera fase, y se dota por primera vez el PERTE de descarbonización industrial con 2.720 millones.

En cuanto a los préstamos, el mayor es el Fondo de Resiliencia Autonómica, de 20.000 millones de euros, que será gestionado por el Banco Europeo de Inversiones y se destinará a inversiones sostenibles en diversas áreas. También se habilitarán dos líneas gestionadas por el ICO, una destinada a aumentar la financiación disponible para la transición verde con 15.500 millones y otra para empresas y emprendedores por valor de 7.000 millones. Dentro de esta última se incluyen los 1.000 millones avanzados por Calviño para la modernización del turismo. Otros fondos contemplan 4.000 millones para aumentar el parque de vivienda en alquiler social o “a precio asequible” y 3.000 millones para el mecanismo RED contemplado en la reforma laboral y aplicado ya a las agencias de viajes.

La adenda, que supone una planificación reformista y de inversiones a medio plazo, se aprueba a las puertas de unas elecciones generales que podrían resultar en un cambio de Gobierno, algo que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha justificado en que el 31 de agosto era la fecha límite para solicitar los préstamos. “No era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo después de las elecciones”, ha asegurado, defendiendo que la adenda se ha aprobado ahora “por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo el proceso que está en marcha”.

El envío del plan este miércoles obligaría a un futuro Gobierno distinto a negociar con la Comisión Europea los posibles cambios que quisiera introducir. No obstante, la Comisión tiene dos meses para aprobar la adenda junto al Consejo del Ecofin y el plazo puede ser ampliado un mes más, lo que situaría el escenario de aprobación posiblemente en septiembre.

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