De una agencia de IA a la inclusión laboral de extranjeros: las reformas no tan nuevas de la segunda parte del Plan de Recuperación

El Gobierno ha enviado a Bruselas este miércoles la adenda al Plan de Recuperación, un documento que planifica la segunda fase del plan y con el que se aspira acceder a 94.300 millones de euros más, 84.000 en préstamos y 10.000 en transferencias adicionales. Según avanzó el Ejecutivo el martes, la adenda incluiría 18 nuevas reformas, pero todas ellas han sido ya anunciadas por los ministerios responsables y algunas incluso están aprobadas. En contraste, hay normativas que se quedaron paralizadas con la convocatoria electoral del 23 de julio para las que el Ejecutivo no detalla novedades.

Las reformas contempladas como nuevas en la adenda, un documento de 192 páginas, complementan las ya puestas en marcha y hacen especial hincapié en cuestiones energéticas y medioambientales, aunque también hay algunas de carácter laboral y otras enfocadas al ámbito científico.

Llama la atención que no se haga ninguna mención a medidas como el Estatuto del Becario, para el que no ha sido posible alcanzar un acuerdo en el diálogo social en esta legislatura, ni a la Ley de Función Pública o la Ley Representación Paritaria, ambas paralizadas en su tramitación por la disolución de las cámaras para las elecciones. Sí se enuncian la Autoridad del Cliente Financiero, la reforma de las prestaciones asistenciales por desempleo, y la reforma fiscal pero no se prevén novedades para ninguna de ellas. La primera quedó a punto de aprobarse porque ya había sido enviada al Senado, la segunda no se había iniciado y los aspectos más problemáticos de la tercera tampoco se han abordado, como una posible subida del IVA, la reducción de los beneficios fiscales y una mayor fiscalidad medioambiental.

A continuación se detallan las principales reformas que el Ejecutivo resalta en la adenda:

• Creación de una Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial cuya sede estará en A Coruña, según confirmó el Gobierno en diciembre de 2022. Supervisará los sistemas utilizados en el sector público y privado y velará por la implementación de la normativa nacional y europea en torno al uso de los algoritmos.
• En empleo, se dota de un fondo el Mecanismo RED para financiar la recualificación de trabajadores “en transición”, facilitando su inserción laboral. También se desarrollará un sistema de microacreditaciones universitarias y se modificará la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para “facilitar” su inclusión laboral. Por último, se menciona una modificación de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para facilitar la “disponibilidad de capital humano” regulando las condiciones de entrada y residencia en territorio español de nacionales de terceros países, no miembros de la UE, con fines de empleo de alta cualificación.
• Aprobación de la reforma de la tarifa regulada de la luz, el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), para desligarlo del mercado mayorista de la electricidad. Una medida que fue comprometida desde la aprobación de la excepción ibérica en el verano de 2021 y de la que actualmente existe un proyecto de Real Decreto.
• Aprobación de un Libro Verde para el desarrollo de las finanzas sostenibles y avanzar en la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que se presentó al Congreso como proyecto de ley a finales de 2022 y acumulaba plazos de enmiendas sin ningún viso de que fuera a ser retomado en esta legislatura.
• Aprobar un segundo Plan de Acción de Economía Circular y desarrollar la metodología coste/beneficio para el sistema de planificación e inversión en infraestructuras de transporte que incluye el cálculo de la huella de carbono.
• Vuelve a aparecer el desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones en localidades de más de 50.000 habitantes, una medida a la que ya obligaba la Ley de Cambio Climático de 2021 y que registra una baja implantación hasta el momento.
• Modificación de la Ley de Defensa de la Competencia y su reglamento de desarrollo y de la Ley del Mercado de Valores para mejorar el clima de negocios y canalizar el ahorro hacia la inversión.
• Refuerzo de la seguridad en el ámbito digital con la actualización de la regulación del Esquema Nacional de Seguridad.
• Modificaciones del marco regulador del sector primario para hacerlo más sostenible con medidas relativas al sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas, al uso “sostenible” de antibióticos y a los centros de limpieza y desinfección de los vehículos.
• Acciones para facilitar la tramitación administrativa de las instalaciones de generación eléctrica y reforzar la tramitación de proyectos renovables sin detallar cuestiones concretas, aunque ya se han tomado medidas en este ámbito.

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