¿Corren riesgo los acuerdos entre sindicatos y Gobierno por el 23-J? Esta es la situación de los jueces y fiscales y la de los inspectores de Trabajo

Negociaciones, huelgas, parones, acuerdos, pactos. Estas son algunas de las fases por las que han pasado los sindicatos y asociaciones de determinados colectivos como los de jueces y fiscales o de inspectores de Trabajo, quienes llevan mucho tiempo reuniéndose con los correspondientes ministerios para tratar de mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, en medio de estas negociaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido convocar elecciones generales anticipadas el 23 de julio. Y ahora, ¿en qué situación quedan estos colectivos? Desde Infobae España nos hemos puesto en contacto con los profesionales de ambos colectivos para analizar la situación.

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha explicado a Infobae España que en principio el adelanto electoral no debería afectar de ninguna manera, más allá de que se puede producir algún retraso. “Nosotros tenemos el acuerdo firmado, es un acuerdo con el Gobierno de España, no con el Partido Socialista, entonces en principio no hay necesidad de volver a negociar nada”, ha asegurado. En este sentido, ha señalado que el acuerdo incluye un calendario que no debería verse afectado.

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El acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Justicia (que permitió desconvocar la huelga) establece una serie de mejoras en las condiciones laborales de estos profesionales. El texto contempla una subida salarial de 450 euros de media para los más de 8.000 jueces y fiscales que prestan servicio en España. Así como la creación de 100 nuevas plazas y el compromiso de que la mesa de retribuciones se reunirá de forma anual. Con este pacto ya firmado, Jorge Fernández Vaquero explica no debería haber problemas para que se cumpla.

Aunque ha apuntado que lo que puede retrasarse es la constitución de los grupos de trabajo que están previstos, que deberían formarse como muy tarde en tres meses. “Esto va a ser difícil que se cumpla porque no tiene sentido que el equipo ministerial nombre a una persona o dos para los grupos de trabajo porque puede haber un cambio de Gobierno y estas personas no continuarían. Lo lógico es que sea el Ejecutivo entrante el que designe a esas personas. Este es el único inconveniente que habría”.

El portavoz de AJFV ha afirmado que eso es lo que tienen en la cabeza y no contemplan ninguna otra opción, ya que cualquier cosa que se aparte de esas consideraciones sería “una actuación de mala fe, pero no es el escenario que contemplamos ahora”. Respecto a un posible incumplimiento, ha explicado: “Si quieren excudarse en el cambio de Gobierno, sea el entrante o el saliente, para no cumplir, eso no tendría nada que ver con el adelanto electoral sino con la mala fe del Ejecutivo”.

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Una situación muy distinta es la que están viviendo los inspectores de Trabajo, quienes a pesar de tener toda la parte técnica elaborada no han conseguido todavía el visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y el de Trabajo. “No hay excusa porque lo pueden aprobar, el Gobierno no está en funciones y no requiere tramitación parlamentaria, ni incremento presupuestario porque el presupuesto ya está aprobado. No entendemos por qué nos estan diciendo que no”, ha señalado Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), a Infobae España.

Un escenario que ha empeorado todavía más después de que escucharan las declaraciones las ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha afirmado que “no va a cumplir lo prometido”. Unas afirmaciones que la presidenta de SITSS ha calificado como “insultantes”. En este sentido, ha destacado que fue ella (Montero) quien firmó el plan estratégico y que ahora no pueden echarse atrás y decir que va a sacar 800 plazas, “que a saber si se cubren” y, en segundo lugar, hablar de una productividad. “Nosotros queremos un contrato indefinido, queremos una estructura. No queremos precariedad ni temporalidad ni una productividad”.

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Con estas cuestiones sobre la mesa, Ana Ercoreca de la Cruz ha afirmado que están “muy cabreados”, ya que desde hace tiempo (abril de 2022), las instituciones les había asegurado que se aprobaría de “forma inmediata”, pero ahora “dicen que esto se mete en un cajón y que no se va a cumplir, cuando ya está todo el trabajo hecho. Entonces ni lo entendemos ni nos parece justificado”.

Según ha explicado esta profesional, La Moncloa publicó en su página web el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. Por este motivo, no entiende que la aprobación no avance. “Esto no es un Gobierno serio, un Gobierno serio no puede pretender no cumplir lo que él mismo publica en el BOE”. La presidenta de SITSS ha añadido: “Es un tema muy grave y no vamos a esperar a que entre el nuevo gobierno, el que se ha comprometido es este y el que ha aprobado un plan estratégico de 2021 a 2023 es este. Bastante paciencia hemos tenido y lo que queremos es que se cumpla, no queremos más, solo que cumplan lo que han firmado”.

Respecto a la posibilidad de que haya un cambio de Gobierno, Ercoreca de la Cruz ha explicado que el actual plan tiene una vigencia hasta el final de 2023, aunque entienden que es un plan que no ha hecho el posible nuevo Gobierno que entre y que puede retrasarse la aprobación. Sin embargo, ha asegurado que van a seguir luchando para que se apruebe antes del 23-J y más con el periodo preelectoral que se presenta donde, asegura, se va a hablar de la reforma laboral, del SMI, de la cotización por desempleo de la empleadas de hogar, de los golpes de calor, de las medidas de prevención que se adoptaron durante el Covid-19, de los ERTES y detrás de todo esto está la Inspección de Trabajo.

“¿A qué estamos esperando?”, se pregunta Ana Ercoreca de la Cruz. “Ellos mismos impulsaron un plan estratégico de la Inspección de Trabajo. No me parece bien que ahora digan que no lo van a cumplir. Hacienda está abierta a negociacién y nosotros también y esperamos que nos convoquen cuanto antes y que esto se solucione”.

A estos colectivos se suman los funcionarios de la Administración de Justicia, cuyo escenario es aún más complicado. El comité de huelga de estos empleados públicos han decidido encerrarse en el ministerio liderado por Pilar Llop al terminar sin acuerdo la reunión de 8 horas celebrada este martes para negociar una subida de hasta 430 euros brutos al mes. “Permaneceremos en la sede del Ministerio de Justicia hasta ser recibidos por alguien capaz de negociar y de tomar decisiones”, han asegurado.

Para este colectivo el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, “no es un interlocutor válido para la negociación por su intransigencia, su negativa al diálogo y a la negociación y su incapacidad para solucionar conflictos y debe ser sustituido inmediatamente como interlocutor de este Gobierno en este conflicto”, han señalado los funcionarios en un comunicado en el que han exigido al Ejecutivo “que designe otra persona para continuar las negociaciones”. Y es que, estos funcionarios consideran “insuficientes” las propuestas que han planteado desde Justicia.

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