La temporalidad en el empleo público alcanza máximos respecto al privado pese al récord de oposiciones

Reducir la temporalidad en el empleo es uno de los principales objetivos del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas para recibir los fondos Next Generation. Tras dos reformas coetáneas, una para el empleo privado y otra para el público, la temporalidad ha caído rápidamente en el primero, pero no en el segundo, debido a los dilatados tiempos de las convocatorias y resoluciones de las Ofertas Públicas de Empleo (OPEs).

La tasa de temporalidad en el sector privado (el porcentaje de ocupados temporales respecto al total) se encuentra ya en el 13,7% según la EPA del primer trimestre de 2023, un 37,9% menor a la del mismo periodo de 2022, cuando entró en vigor la mayor parte de la reforma laboral de 2021. En contraste, la tasa de temporalidad en el sector público alcanzó el 31,3% en los tres primeros meses de 2023, por lo que la diferencia entre ambas ha ascendido a 17,5 puntos, la mayor de la serie histórica de la EPA. La temporalidad en el empleo público es, no obstante, un 3,8% inferior a la del primer trimestre de 2022, cuando entró en vigor la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en este ámbito.

En el sector púbico se sigue haciendo un “uso intensivo” de los contratos de sustitución (interinidad) según expresaron Fedea y BBVA Research en su último observatorio trimestral del mercado laboral. Esto provoca una duración más prolongada de los empleos temporales en el sector público: un 51% de los trabajadores temporales de este ámbito tienen una antigüedad que supera los 3 años (por solo el 13% en el sector privado). La mitad de los trabajadores temporales que excede esta antigüedad en el sector público son interinos.

La ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público y el componente 11 del Plan de Recuperación establecieron que la tasa de temporalidad en el empleo del conjunto de las administraciones públicas se debía situar por debajo del 8%. También se impusieron medidas para prevenir y sancionar el uso abusivo del empleo público temporal, como tiempos máximos de permanencia de una persona en un puesto interino, a través de la modificación del Estatuto del Empleado Público.

Según explica a Infobae España el Ministerio de Hacienda y Función Pública, competente en la materia, se han ofertado 542.957 plazas en el conjunto de las administraciones públicas, cifra récord después de años de OPEs congeladas por los planes de ajuste tras la crisis de 2008. De esas, se han convocado procesos selectivos para 480.824 plazas, pero solo se han cubierto 125.961, el 23,2% de las ofertadas. Estas plazas sin cubrir explican en gran medida que se haya disparado hasta 140.517 la cifra de vacantes en el mercado de trabajo español, ya que el 51% de las detectadas en la estadística del INE corresponden a ramas de actividad con gran peso del sector público: Administración, Sanidad y Educación. Solo estas tres son responsables del 70,1% de las nuevas vacantes entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, el último disponible.

El Ministerio de Hacienda considera que el modelo de empleo “estable y de calidad” en el sector público está en proceso de establecerse con el paso a fijos a los 125.961 interinos mencionados anteriormente. “Se considera que la Ley -de 2021- está permitiendo avanzar en la dirección adecuada y que se va a superar el objetivo marcado en el PRTR de estabilizar a, al menos, 300.000 personas en sus puestos de trabajo”.

Sobre esta cuestión, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, afirmó el pasado viernes que “es imprescindible” que la temporalidad en el sector publico acompañe a la del sector privado y “se sitúe en parámetros europeos”. Aunque aclaró que su ministerio no es el competente, cree que “hay que redoblar esfuerzos en el ámbito público para que poco a poco la temporalidad vaya disminuyendo”. El plazo para que todos los procesos de empleo público asociados al PRTR estén concluidos es el 31 de diciembre de 2024, por lo que aún queda tiempo para cumplirlo, aunque será ya en la siguiente legislatura.

Desde el equipo de coordinación del Área Pública de CCOO, Rosa Cuadrado afirma a Infobae España que los procesos selectivos de empleo público “en ningún caso se resuelven con la rapidez que nos gustaría”, entre otras razones, porque las diferentes administraciones “no aportan suficientes recursos humanos a los tribunales encargados del desarrollo”, tanto para corrección de exámenes como para la baremación de los méritos laborales y académicos. No obstante, Cuadrado reconoce que se han convocado “un número muy importante de plazas” y que todos los procesos están, de momento, “dentro de los márgenes” que establece la ley de 2021.

Según CCOO, obviando la singularidad de los ayuntamientos, que son los que más se han retrasado tanto en convocar las plazas como en el número de procesos resueltos, la sanidad es el sector que más retraso lleva en estabilizar el empleo. “A pesar de tener la totalidad de los procesos convocados, tiene muy pocos resueltos en su totalidad”, afirma Cuadrado.

Según las cifras del sindicato, solo se han incorporado en torno a 41.000 personas de las, aproximadamente, 171.000 plazas convocadas en el Sistema Nacional de Salud, un número mayor que las convocadas en la Administración General del Estado (en torno a 154.000) y en la educación no universitaria (en torno a 128.000). Esto supone que solo se han estabilizado en la sanidad pública el 24% de los puestos.

Los problemas en la sanidad pública vienen de lejos y están provocando, por ejemplo, que trabajadores de baja no puedan incorporarse a sus puestos por demoras excesivas en las pruebas diagnósticas y rehabilitaciones. Cuadrado defiende que un incremento de recursos financieros y humanos “acabaría con las demoras en las listas de espera tanto diagnósticas como quirúrgicas”.

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