El drama oculto de los centros educativos: Madrid tiene abiertos 1.426 protocolos por lesiones y suicidios

La primera semana de marzo, un niño de tercero de la ESO de un instituto de Pozuelo de Alarcón recibió una mala nota en clase. Sin mediar palabra, se levantó, abrió la ventana y se tiró. Afortunadamente, era un segundo piso y solo sufrió heridas y traumatismos. En otro instituto del barrio de Aluche de la capital hay preocupación después de que una alumna de 15 años se suicidara el curso pasado tirándose por la ventana de su casa tras dejar una nota de despedida a su padre. Ahora este centro tienen abiertos tres protocolos de “actuación por conductas autolíticas o de autolesiones”.

Son solo dos ejemplos. Según datos oficiales de la Consejería de Educación, actualmente hay en centros educativos de la comunidad de Madrid 1.426 protocolos abiertos para la prevención de conductas autolesivas. Si los analizamos fríamente, estadísticamente, pueden parecer pocos, ya que solo afectan al 0,14% de los 975.000 alumnos que hay en Primaria, ESO, Bachillerato y FP, pero profesores, padres y expertos coinciden en señalar que estamos “ante un grave problema” que “no hace más que crecer”.

“Hay una gran preocupación entre los equipos directivos de los centros educativos”, señala Esteban Álvarez, portavoz de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD), “porque los datos que nosotros manejamos no se corresponden con los oficiales de la consejería. Nosotros también hacemos nuestros muestreos y hay una media de ocho protocolos abiertos por centro. Hay un instituto que tiene 30 protocolos, varios con 25, 20, 15... no queremos crear una alerta social, pero estamos ante un problema”.

Carmen Morillas, presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, asegura que ellos “dieron la voz de alarma en la pandemia”, ya que los casos se empezaron a disparar, pero lamenta que a pesar de sus avisos la “la Administración no está preparada para abordar lo que debe ser una prioridad, la prevención de la salud mental de nuestros hijos. Porque no solo estamos hablando de autolesiones o intentos de suicidios, también por ejemplo de trastornos alimentarios. Y todo esto debe estar en el debate político”.

Profesores y padres señalan que, de momento, la manera de afrontar estos casos es “mucho papeleo y pocos recursos”. En octubre de 2022, la Consejería de Educación dictó una resolución para que los centros educativos tuvieran un protocolo “para la prevención de conductas autolesivas”. Para Esteban Álvarez es “un protocolo muy burocrático que no sirve para proteger y ayudar al estudiante. Además, los centros no tienen personal para cumplirlo”.

La norma dice que el protocolo se inicia por el director cuando se tiene conocimiento “de indicios de riesgo de suicidio o de conductas autolesivas en un alumno del centro”. Luego, el “coordinador de bienestar o los profesionales de la orientación educativa” son los encargados de recopilar información, realizar entrevistas y “analizar la situación de riesgo del alumno”.

La ley orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia creó la figura del “Coordinador/a de Bienestar en los centros educativos”, pero desde ADIMAD señalan que las funciones de este coordinador se asignan a un profesor “de cualquier materia, ya sea de matemáticas o de lengua, que recibe una formación de no más de 30 horas y que debe realizar estas tareas en su horario lectivo. No están preparados para algo tan delicado e importante que conlleva riesgos graves para el alumnado”.

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Los coordinadores del bienestar están apoyados por los orientadores, pero según Pilar Lucía López, pedagoga y orientadora con 38 años de experiencia en la educación pública, “faltan recursos. Hay que reforzar los Departamentos de Orientación con un mínimo de dos orientadores por instituto. Europa nos recomienda un ratio de un orientador por cada 250 alumnos, pero no se cumple. No hay profesionales suficientes para atender a nuestros alumnos como se merecen. Somos el primer nivel detección de estos problemas en los centros y no podemos prestar una atención directa”.

Agustín Moreno, diputado de Unidas Podemos y su portavoz en materia de educación, también coincide en señalar que el protocolo fijado por Educación es más bien “una operación propagandística que una inversión seria en prevención y protección del alumnado, que solo sirve para cubrir las espaldas a la Administración”. Para Moreno, “la creación de un ambiente de convivencia y protección en los centros educativos debe ser el objetivo. Hacen falta medidas generales y concretas. Ahorrar en educación no previene el acoso escolar ni los suicidios. Por ejemplo, en el caso de Madrid, hay que doblar la inversión para llegar a la media de España. Ello permitiría una bajada de ratios y es más fácil educar, enseñar y detectar las situaciones de acoso escolar en un grupo de 20 alumnos que en uno de 30 o 35″.

La Consejería de Educación señala a Infobae España que se han implementado varios planes para ayudar al profesorado. En primer lugar, el proyecto ‘Psice’, “a través del cual un equipo especializado está asesorando a los equipos directivos para prevenir y detectar situaciones entre el alumnado”. También se han incorporado “cuestiones sobre salud mental en el proyecto ‘SociEscuela’, que proporciona un completo análisis del clima general de cada clase, aportando información sobre los niveles de autoestima individual y de grupo”.

En tercer lugar, “se están realizando actividades formativas destinadas al profesorado en materia de sensibilización y prevención. Para ello, se ha realizado un ‘MOC’ (curso masivo online) con el fin de ayudar y enseñar a profesores y maestros a detectar problemas emocionales”, Por último, Educación “también ha facilitado a los centros una guía para facilitar la elaboración de planes, protocolos de seguridad, apoyo, cuidado, atención y acompañamiento del alumnado del que se conozca alguna situación de riesgo”.

Padres y profesores denuncian que la consejería tiene una unidad especial creada para favorecer la convivencia y prevenir el acoso escolar, que ahora también atiende los protocolos antisuicidios más graves. “Pero están desbordados. Nosotros les hemos pedido ayuda por algunos casos concretos y nos respondieron que nos mandaban unos PDF con unas indiciaciones. Tienen mucha carga de trabajo”, señala Carmen Morillas, representante de las asociaciones de padres en el Consejo Escolar. “Este equipo de atención socioemocional se reforzó a principio de curso con cuatro personas. Ahora está compuesto por nueve personas, cinco de ellas con formación en psicología clínica”, aclaran desde la consejería.

Morillas señala que en el último Consejo Escolar celebrado en diciembre de 2022 solicitaron la creación de la figura del psicólogo educativo en los centros, pero aunque se aprobó no es vinculante. “¿Qué nos respondió la consejería?, que tomaba nota, pero no parece una prioridad”, sentencia Morillas. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos también presentaron en la Asamblea de Madrid una Proposición no de Ley para dotar de psicólogos a los centros educativos de Madrid, pero no se aprobó. “Con lo que ya hay, qué trozo de psicólogo le toca a cada uno de los 3.256 centros educativos que hay en la región?”, se pregunta el diputado Agustín Moreno.

Esteban Álvarez, representante de los directores de institutos, señala que también propusieron a la consejería que los centros que pudieran presupuestariamente contrataran psicólogos por su cuenta para poder atender este grave problema, “pero nos dijeron que no teníamos competencias”.

Para María Pastor, diputada de Más Madrid, “una de nuestras prioridades es dar respuestas a los problemas de salud mental, incluida la realidad que se vive en los centros educativos, donde el número de jóvenes con problemas crece, pero no lo hacen los recursos para acompañarles. Por eso vamos a poner en marcha un Plan Integral de Salud Mental que incluya, entre otras medidas, el aumento automático del número de orientadores para los centros que tengan dos o más protocolos por suicidio abiertos”.

Con este panorama, profesores y orientadores deben afrontar una problemática que les supera. “Se supone que un alumno al que se le aplica el protocolo no debe estar solo ni para ir al baño. Pero es muy difícil para el profesorado de un centro con la carga de trabajo que ya tiene estar pendiente de tres, seis, diez o treinta casos”. Luego hay otra derivada, explica la pedagoga Pilar Lucía Pérez. No hay psicólogos en los colegios y los institutos, y las listas de espera en la sanidad pública son demasiado largas para prestar una atención adecuada.

Los madrileños de menos de 16 años tiene que esperar una media de cinco meses para ver a un especialista en psicología clínica, desde que son derivados por su médico de Atención Primaria, según se recoge en un artículo científico publicado en la revista ‘Apuntes de Psicología’. Los intervalos entre sesiones son de media de siete semanas, apuntan los especialistas.

Los datos son preocupantes. Solo en 2022, los hospitales madrileños atendieron 384 casos de menores que necesitaron hospitalización por intentos de suicidio y 1.032 menores que tuvieron que ser atendidos en urgencias por autolesiones. Hay seis casos más en chicas que en chicos. Desde ADIMAD señalan que los casos se dispararon desde la pandemia. Según el INE, en 2021 se suicidaron 22 menores de 14 años y 53 de entre 15 y 19 años. Y se calcula que por cada suicidio consumado hay hasta 200 tentativas.

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