La vivienda en España vive uno de sus momentos más controvertidos. El euríbor finalizó mayo con su dato más alto en los últimos 15 años (3,862%), subiendo la cuota mensual hasta 280 euros de una hipoteca media de 150.000 euros. Asimismo, el precio medio de alquiler de la vivienda se sitúa en los 11,6 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista. Por ello, el Gobierno impulsó una nueva Ley de Vivienda para abaratar precios tanto en el ámbito de la compra como en el del alquiler, pero esta reglamentación queda en el aire por el adelanto electoral, incumpliéndose las normas, como el caso del pago de los honorarios por parte de las agencias inmobiliarias.
Este contexto se pone también de manifiesto en el estudio Relación de salarios y el alquiler de vivienda elaborado por Fotocasa e Infojobs. Según sus conclusiones, en los últimos 10 años los sueldos en España han crecido solo un 3.4%, mientras que el precio del alquiler se ha incrementado un 51.4%.
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Esta es una tendencia que se repite en prácticamente cada comunidad de España, aunque la variación de salarios y alquiler golpea con mayor dureza a Canarias. En las islas, el sueldo medio no solo no ha crecido, sino que ha caído: el salario medio fue de 21.897 euros al año en 2022, por los 23.083 euros de 2021, dando lugar a un descenso del 5,15%. Para más inri, el precio de la vivienda en alquiler se ha encarecido un 16,9%: 11,26 euros por metro cuadrado al mes en 2022. Con estas cifras, los canarios son los segundos residentes españoles que más dinero pagaron por el alquiler el año pasado con respecto a 2021.
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El primer puesto de encarecimiento lo ostenta otro archipiélago: las islas Baleares. Se trata de una de las zonas tensionadas de España por excelencia, y en 2022 el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 18.2%. El aumento es todavía más notable si se toma como referencia inicial el año 2017, fecha desde la cual el precio por metro cuadrado ha subido un 45.9%. En la actualidad se sitúa en los 14,16 euros por metro cuadrado.
Sin embargo, Madrid y Cataluña superan a las islas si tomamos como referencia exclusiva el dato de precio por metro cuadrado en alquiler en 2022. Este es el ‘Top 5′ de las comunidades más caras:
- Madrid: 15,42 €/m².
- Cataluña: 14,92 €/m².
- Baleares: 14,16 €/m².
- País Vasco: 13,80 €/m².
- Canarias: 11,26 €/m².
Aumenta el precio del alquiler en 44 provincias y solo una registra buenos datos
El panorama inmobiliario y salarial también es poco halagüeño a nivel provincial. Los salarios medios han descendido en 18 de las 50 provincias, al mismo tiempo que en 44 de ellas se ha incrementado el precio del alquiler. En este sentido, los que más han sufrido la bajada salarial son los habitantes de La Palma: su sueldo se ha reducido desde los 23.082 euros hasta los 21.726 (un 5,9% menos). Por si esto fuera poco, el precio del alquiler protagonizó una subida tremenda en la isla bonita: un 16.6% con respecto a 2021, alcanzando los 11,61 €/m².
Tomando como referencia el precio medio de arrendamiento de un inmueble en cada provincia, Málaga es la número uno en encarecimiento anual: 25,8% con respecto a 2021, pasando de 10,12 €/m² a 12,73 €/m².
Como ya advertimos con anterioridad, esta tendencia es prácticamente unánime en las provincias, pero hay una que es la excepción que confirma la regla. Nos referimos a Toledo. Esta provincia de Castilla-La Mancha es la única de nuestro país donde ha aumentado el sueldo y el precio del alquiler ha bajado entre 2021 y 2022.
En primer lugar, el suelo medio se incrementó un 3.7%, de los 21.993 € de 2021 a los 22.806 € de 2022. En segunda instancia, el alquiler se redujo un 2,4%, de los 6,67 €/m² a los 6,51 €/m².
Así es la Ley de Vivienda que está en el aire por las elecciones
El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue ratificado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, posteriormente por el Congreso el 27 de abril de 2023, y finalmente por el Senado el 17 de mayo. Esta ley, denominada la Ley 12/2023, de 24 de mayo, fue publicada en el BOE el 25 de mayo y forma parte de las reformas implementadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta ley propone medidas para expandir el acceso a viviendas a precios razonables, prevenir la escalada de precios en el mercado de alquileres, y brindar apoyo a jóvenes y grupos vulnerables en su búsqueda de un hogar. Además, proporciona a las comunidades autónomas y municipios una serie de herramientas para controlar o reducir el precio del alquiler y expandir la disponibilidad de viviendas de alquiler social.
Fomento de la Vivienda Pública
Las nuevas disposiciones para la vivienda pública incluyen la regulación de los parques públicos de vivienda para evitar su venta a fondos de inversión, y la garantía de un período indefinido de uso de vivienda protegida de al menos 30 años. También establece un mínimo del 50% para la vivienda en alquiler dentro del suelo reservado para vivienda protegida y un incremento en la reserva de suelo para vivienda protegida. Por último, incluye la creación y mantenimiento de un inventario de viviendas públicas.
Control de los precios del alquiler
La ley introduce beneficios fiscales y urbanísticos para las viviendas de propiedad privada con alquiler a precio reducido. También se instauran medidas para controlar el precio de alquiler en áreas declaradas como zonas tensionadas. Estas medidas incluyen un incremento máximo anual del 3% en los contratos de alquiler durante 2024 y un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento a partir de 2025.
Cambios entre inquilino y arrendador
Las mejoras para fortalecer el equilibrio entre arrendatario y arrendador incluyen una extensión extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones demostradas de vulnerabilidad social o económica, y la responsabilidad del arrendador de cubrir los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato, es decir, los honorarios o comisión de la agencia inmobiliaria.
Protección contra los desahucios
La ley también establece medidas para proteger a los inquilinos de los desahucios, incluyendo la mejora en la comunicación entre los tribunales y los servicios sociales, y la ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos. Además, introduce un nuevo procedimiento si el demandante es un “gran tenedor” y la demanda afecta a personas vulnerables: en estos casos se tendrá que formalizar un procedimiento de conciliación o intermediación.
Grandes propietarios y viviendas vacías
Los grandes tenedores serán aquellos propietarios de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial que se localicen en una zona declarada como tensionada. Asimismo, los propietarios de aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años podrán recibir un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
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