“Las medidas del Gobierno para bajar el precio de la luz han generado distorsiones impensables en el mercado”

En sus 35 años de profesión, Marina Serrano ha sido testigo y partícipe de los cambios que han llevado al sector eléctrico español a lo que es hoy. Licenciada en Derecho y en Filosofía, ha dedicado gran parte de su carrera a la regulación de los sectores energéticos desde que en 1988 se incorporó a Red Eléctrica de España, donde fue secretaria del Consejo de Administración. Seis años después se incorporó al primer regulador eléctrico de España, la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, el germen de lo que después sería la Comisión Nacional de la Energía, donde fue consejera.

Ahora, desde la presidencia de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) se enfrenta con pasión a ambiciosos retos dirigidos a impulsar las energías limpias y la descarbonización.

Pregunta: En el sector eléctrico español ha habido un antes y un después tras la invasión de Rusia a Ucrania y la posterior subida en vertical del precio de la luz. ¿Cómo valora la intervención del Gobierno en el mercado eléctrico dirigida a la protección de los más vulnerables? ¿Estas medidas han perjudicado al sector eléctrico?

Respuesta: Es lógico que el Gobierno español y la Unión Europea adoptaran medidas de protección dirigidas a los consumidores y a las empresas en un contexto de altos precios de la luz, pero al mismo tiempo se han llevado a cabo medidas de intervención que han generado distorsiones impensables en los mercados provocadas por reales decretos leyes que se aprobaron de forma rápida. Por ello, creemos que estas medidas tienen que estar limitadas en el tiempo y suspenderse cuando desaparezca la crisis. Es necesario volver a la normalidad cuanto antes, manteniendo la protección a los consumidores más vulnerables.

P: Una de las medidas más cuestionadas por su asociación fue la aprobación por parte del Gobierno del impuesto temporal y extraordinario, que han denunciado ante la Audiencia Nacional ¿en qué estado se encuentra esta denuncia?

R: El recurso está en sus primeros trámites. Lo planteamos porque la ley española que incorporaba esta medida no se ajusta a lo establecido por la UE que lo aplica solo al gas y al petróleo, no a las empresas eléctricas. Además, el impuesto ocasiona un detrimento de la competitividad de las empresas eléctricas españolas frente a las europeas, ya que se impone sobre las ventas no sobre los beneficios y esto, desde el punto de vista tributario, no tiene sentido.

P: Parece que este impuesto no ha hecho mella en los resultados de las eléctricas, que han presentado beneficios récords. ¿El impuesto generó más alarma en el sector que las consecuencias que al final ha tenido?

R: Las cantidades que se detraen con el impuesto no pueden invertirse en proyectos muy importantes destinados a la descarbonización ni en mejorar la retribución de los accionistas. Además, es un gravamen que no procede y que no está ajustado a las normas que establece el reglamento europeo. En materia tributaria deben hacerse las cosas de acuerdo con los principios tributarios y creemos que en este caso no es así.

P: Otra medida impulsada por el Gobierno es la excepción ibérica ¿Qué balance hacen de sus resultados? ¿Estaba justificada?

R: Defendemos que el diseño de mercado eléctrico es un diseño europeo, por lo que no nos gusta algo que nos aparte de lo que se hace en el resto de países de Europa. No apoyamos las excepciones y la ibérica lo es. Reconozco que ha producido un abaratamiento del precio del mercado diario, pero ha tenido otras consecuencias, como una compensación que han pagado los que tenían contratada la energía a un precio fijo ya establecido y se les ha añadido a su factura sin que lo hayan podido prever. Se trata de una cantidad que varía mes a mes y supone una distorsión del mercado minorista. Ha supuesto también incrementar las exportaciones a Francia a un precio inferior y un mayor consumo de gas. Consideramos que la medida bajó el precio, pero debería desaparecer ya.

P: Pues parece que no lo va a hacer, si tenemos en cuenta que Bruselas ha prorrogado la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre. ¿Era necesaria esta prórroga cuando lleva tres meses inactiva?

R: No era necesario. Se ha ampliado por si en otoño vuelven a subir los precios, pero no es una buena medida. ¿Por qué vamos a continuar con la excepción que distorsiona y obliga a que la mecánica del mercado sea diferente si no entra en juego?

P: ¿Prevé a corto y medio plazo una subida en vertical de los precios de la luz como la producida en meses pasados?

R: Es difícil pronosticarlo, pero ese incremento tan alto del precio eléctrico se produjo por la subida del gas y ahora mantiene un precio bajo. No se prevé una subida alta. Los almacenamientos están llenos en España y en Europa, hay seguridad de suministro y el precio está contenido. Además, este invierno ha sido mejor de lo esperado en cuanto al precio del gas.

P: ¿Hay inseguridad jurídica en España respecto al sector eléctrico?

R: Un elemento básico para que las empresas atraigan inversiones es que exista una estabilidad regulatoria en el sector, que se sepa exactamente qué normas rigen en cada momento. Por ello pensamos que las medidas adoptadas en situaciones de emergencia a través de reales decretos leyes, sin procedimientos de audiencia, alteran el régimen jurídico y dificultan la inversión. Las medidas deben adoptarse en los procesos ordinarios, con las alegaciones y con el consenso adecuado. Por ello, en la reforma del mercado que ahora se está tramitando en Europa pedimos que las nuevas medidas no tengan efectos retroactivos. Que no se apliquen a activos existentes que tienen unos contratos y unos flujos de ingresos determinados. Eso es esencial porque los objetivos de descarbonización exigen enormes cantidades de inversión que tiene que hacer el sector privado.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que ahora se está actualizando habla de 241 mil millones de inversión, de los cuales el 80% debe provenir del capital privado y el 20% restante del capital público. Los inversores privados necesitan un marco jurídico adecuado porque si no esos objetivos de inversión no se van a alcanzar. La existencia de muchos cambios normativos merma las inversiones.

P: Con esta argumentación y este rodeo me está diciendo que en España hay inseguridad jurídica respecto al sector eléctrico. ¿No?

R: No quiero decirlo así expresamente, pero la estabilidad regulatoria es un valor a tener muy en cuenta en España.

P: La relación del sector eléctrico con el Gobierno no ha sido muy buena en los últimos meses. Les recriminaba la subida de precios de la luz y de ser poco transparentes. ¿Qué tienen que decir ante estas críticas?

R: Esas declaraciones tienen un trasfondo político, pero en ese periodo hemos seguido trabajando con el Gobierno a nivel técnico. Nuestra relación se ha mantenido. No creo que Gobierno haya considerado que las empresas eléctricas sean las culpables de la subida del precio de la luz porque se ha demostrado que la subida la ha provocado el gas. Las empresas eléctricas han operado de acuerdo a las normas vigentes y no hay ni un expediente diciendo que ha habido una conducta inadecuada. Una cosa son las declaraciones y otra es la realidad de los hechos. Somos ejemplo de transparencia porque el regulador tiene todos los contratos que hacen nuestras empresas con los consumidores.

P: ¿Cómo valora el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en el que está trabajando el Gobierno y que será la hoja de ruta que definirá el futuro energético y el ritmo del despliegue renovable del país hasta 2030?

R: La ambición europea de incrementar del 40 al 55 por ciento la reducción de emisiones obligaba a actualizar el plan español. Hemos tenido reuniones con el ministerio para plantear las cuestiones más significativas. Es un plan que afecta a muchos agentes. Tenía que estar terminado en junio, pero con la convocatoria de elecciones no sabemos qué va a pasar. Como operadores eléctricos insistimos en que debe incrementarse el índice de electrificación y estamos trabajando para que aumente el objetivo de renovables y las inversiones en redes porque son un elemento importantísimo para que el sistema funcione.

P: ¿El ministerio ha sido receptivo a sus peticiones?

R: El ministerio sabe claramente adonde tiene que ir y cuál es el camino, lo difícil es conjugar todas las piezas.

P: Uno de los objetivos del plan es, según el Gobierno, elevar los objetivos de generación de electricidad mediante el autoconsumo. ¿Qué opina de esta medida? ¿Cómo puede afectar a su sector?

R: El autoconsumo formará parte del nuevo modelo. Hemos visto como se ha incrementado estos dos últimos años con la subida de precios de la luz. Las empresas de la Aelec trabajan en el autoconsumo tanto en la parte comercial con los consumidores como con las redes de distribución. Hay algunos elementos en los que creemos que falta regulación de detalle para poder avanzar en ese tema. También hemos hecho propuestas al ministerio y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para adaptar algunas medidas que puedan favorecer el autoconsumo. Es un elemento importante y hay que avanzar en este camino.

P: ¿Qué futuro tiene la energía nuclear en España? ¿Tiene futuro?

R: Hay un plan de cierre que está en vigor y, de momento, es a lo que nos atenemos. Imagino que el PNIEC mantendrá el plan de cierre y nos someteremos a lo que diga. Otra cuestión sería que pasado el tiempo se vean otro tipo de necesidades.

P: Con la crisis de abastecimiento energético tras la invasión a Ucrania, se ha empezado a hablar de la energía nuclear como una alternativa en algunos países. ¿Puede pasar algo parecido en España?

R: En principio, en nuestro país nada ha cambiado. En otros países vecinos sí se está avanzando en esa línea.

P: ¿La descarbonización es un objetivo asumible o una utopía?

R: Como todo aquello que se plantea a largo plazo no se sabe cómo llegará, pero sí hay un convencimiento claro al respecto por parte de las autoridades españolas y europeas, que han hecho una enorme apuesta para que Europa sea líder en el mundo en industria sostenible y limpia. Han marcado un camino con unos objetivos y los operadores privados necesitan esos objetivos para ver dónde orientan sus inversiones. Estamos avanzando en ese camino. El tiempo dirá qué es lo más acertado o lo que habrá que modular. El cambio climático conduce a que se trate de realizar las menores emisiones posibles en beneficio del medio ambiente y de las personas.

P: ¿La crisis energética tiene una solución verde?

R: Sí, la crisis energética tiene una solución verde. Absolutamente. Lo que ha dicho la Unión Europea es que tenemos una enorme dependencia de los combustibles fósiles rusos, del gas y del petróleo, y hay que reducir esa dependencia intensificando el despliegue de renovables, que nos darán una autonomía energética que no teníamos. Junto a ello, está la ley de materias primas críticas, muy necesarias para la nueva economía verde, y de la industria cero emisiones. Son dos grandes grupos normativos que se están planteando en la UE. La crisis energética ha impulsado las energías renovables como solución para afrontar mejor el futuro.

Seguir leyendo: