La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a prisión permanente revisable al hombre acusado de asesinar a un joven de 20 años en un pabellón industrial abandonado de Vitoria. El tribunal le considera autor de un delito de asesinato penado en los artículos 139.1.1ª y 140.1.1ª del Código Penal, y le condena a las penas de prisión permanente revisable e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. También le han condenado, por un delito de lesiones, a la pena de tres años de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y le han impuesto una indemnización de 360.000 euros para tres familiares del joven asesinado.
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El jurado popular le declaró el pasado 20 de abril culpable de asesinato con alevosía, al considerar probado, por unanimidad, que fue culpable acabar con la vida de la víctima, “aprovechando su desfallecimiento”, además de su indefensión por ser “vulnerable por su discapacidad”. Sin embargo, el autor confeso aún podría recurrir el fallo de la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
En el juicio, el acusado aceptó los hechos que se le imputaban, pero aludió a sus “problemas mentales” y de “drogadicción”. Sin embargo, las declaraciones de los profesionales periciales constataron que “sabía lo que hacía” y “mantenía las capacidades cognitivas conservadas”, al cometer el asesinato.
El autor, que tenía 18 años en el momento de los hechos, y la víctima, que tenía 20, estuvieron bebiendo en la plaza Llodio del barrio vitoriano de Zaramaga el 23 de julio de 2020, donde “el acusado obligó a la víctima a ingerir diversas pastillas de Trankimazin”, a la vez que le vertía alcohol de alta graduación en la boca desde la botella “para que las tragara”. Todo ello “llevó a la víctima a un evidente estado de embriaguez y afectación por las sustancias ingeridas”. Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones de una antigua fábrica abandonada, en la que discutieron y “el acusado empujó a la víctima desde el primer piso, a una altura de tres metros y medio hasta el suelo”, caída por la cual sufrió una fractura de cadera y muñeca derecha.
La pena de prisión permanente revisable en España
En marzo de 2015, se introdujo en el Código Penal la prisión permanente revisable (PPR), la pena máxima en España. Desde entonces, más de una treintena de personas han sido condenadas. El primero fue David Oubel, el parricida de Moraña (Pontevedra). En el juicio, reconoció el asesinato de sus dos hijas de 4 y 9 años, el 31 de julio del 2015. Fue declarado culpable por unanimidad.
Algunos casos de PPR han sido muy mediáticos. Uno de ellos es el de José Enrique Abuín, “el Chicle” que cometió el asesinato de Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016 y cuyo cuerpo no fue hallado hasta el 31 de diciembre de 2017. Otro de los juicios más mediáticos que terminaron con la pena de PPR fue el del asesinato de Gabriel Cruz en Almería. El 27 de febrero del 2018, Ana Julia Quezada asesinó al hijo de 8 años de su entonces pareja.
Otros casos de condenados a prisión permanente revisable por sus crímenes son:
Pablo Catalán fue el primer condenado a prisión permanente revisable en Cataluña por una agresión sexual y posterior asesinato ocurrido el 19 de diciembre del 2015 en Castellar del Vallès (Barcelona). Se considera probado que violó a una mujer que se encontraba inconsciente en su casa a la que estranguló con sus manos.
Daniel Montaño González arrojó a su bebé de apenas 17 meses por la ventana de su vivienda en Vitoria e intentó acabar con la vida de la madre, una joven de 18 años el 25 de enero de 2016.
François Patrick Nogueira Gouveia asesinó y descuartizó a sus tíos y dos primos en un chalé de Pioz el 17 de agosto del 2016. La Audiencia de Guadalajara le condenó en primera instancia a a tres condenas de prisión permanente revisable más una condena de 25 años de prisión por asesinato con alevosía, penas que, tras distintos avatares judiciales, fue ratificada por el Supremo.
Rubén Mañó, en octubre del 2016, violó y asesinó asfixiándola con sus manos a su amiga Vanessa Ferrer, de 15 años, en la localidad valenciana de Chella.
Marcos Javier Mirás que asesinó el 7 de mayo del 2017, Día de la Madre, a su hijo de 11 años de un golpe en la cabeza. La sentencia recoge su «intención de causar el mayor sufrimiento psíquico a su exmujer» y madre del pequeño.
Francisco Salvador fue el primer condenado a esta pena por un caso de violencia de género tras haber asesinado y violado a su excompañera sentimental en enero del 2017 en Huércal de Almería (Almería).
Roberto Hernández Hernáiz fue condenado por la agresión sexual y asesinato de una niña de 4 años, hija de una mujer con la que había comenzado una relación sentimental. Los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2017 en Valladolid. La sentencia aplicó la agravante de odio por el origen de la pequeña, cuyo padre era rumano, ya que el acusado era simpatizante del grupo neonazi Juventud Nacional Revolucionaria.
El 12 de noviembre del 2017, Laurentiu Mihai degolló con un cuchillo a la hija de 2 años de su mujer como venganza por la intención de esta de romper la relación.
El serbio Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato en diciembre del 2017 de un ganadero y dos guardias civiles en Andorra (Teruel).
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