Las elecciones ponen en peligro la reforma fiscal y el Estatuto del Becario, entre otras medidas económicas

El anticipo de las elecciones generales al 23 de julio reduce al máximo el tiempo que le queda al Ejecutivo de Pedro Sánchez para aprobar la normativa en el tintero. De hecho, el propio presidente ha defendido que ya han “sacado adelante las grandes reformas comprometidas”. Es cierto que están en vigor la mayor parte de las grandes reformas, como la laboral y la de pensiones, pero han quedado otras pendientes, como la fiscal y el Estatuto del Becario.

La reforma tributaria estaba comprometida en el componente 28 del Plan de Recuperación con una entrada en vigor en el primer trimestre de 2023. Entre sus objetivos estaban elevar la imposición medioambiental y sobre la riqueza y homogeneizar el nivel impositivo en las comunidades autónomas para “evitar competencia fiscal”. Sin embargo, esta no ha sido incluida como tal en el Programa Nacional de Reformas de 2023 entregado a la Comisión Europea en abril y desde el Ministerio de Hacienda defienden que ya se han aplicado “multitud de medidas en el ámbito fiscal” durante la legislatura, pero no está claro si la Comisión Europea dará por cumplida la reforma.

Entre las medidas fiscales más relevantes de esta legislatura, el Gobierno ha rebajado el IRPF a rentas por debajo de 21.000 euros y ha elevado el umbral mínimo para tributar de 14.000 a 15.000 euros anuales. También ha aprobado impuestos temporales a energéticas, banca y grandes patrimonios que se recaudarán en 2023 y 2024 y ha establecido en el 15% el tipo mínimo nacional del Impuesto de Sociedades. Por otra parte, ha elevado la tributación en el IRPF de las rentas del capital superiores a 200.000 euros y de las plusvalías superiores a 300.000 euros.

Pese a estas medidas, el Banco de España aseguró en su último informe, de mayo de 2023, que es “preciso llevar a cabo una revisión integral del sistema tributario” en línea con “algunas de las directrices del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria”, documento que lleva guardado en un cajón del Ministerio de Hacienda desde marzo de 2022. Las cuestiones más pendientes dentro de esa reforma integral son la fiscalidad medioambiental y el gravamen del consumo a través del IVA, medidas que afectarían a clases medias y vulnerables y que eran complicadas de tomar con la crisis inflacionista.

El supervisor bancario español defiende que para consolidar unos mayores ingresos del Estado se debe dar mayor peso impositivo a los impuestos al consumo frente a los de la renta y “revisar el significativo gasto que implican los beneficios fiscales” establecidos en la tributación sobre el consumo, que alcanzaron unos 53.000 millones de euros en 2022. Por otra parte, los ambiciosos objetivos climáticos “apuntan a la necesidad de mejorar y elevar la fiscalidad medioambiental” en la que España presenta un “diferencial recaudatorio persistentemente negativo” en comparación con otras economías europeas. Los efectos que estas medidas tendrían sobre los colectivos vulnerables y los particularmente expuestos a la transición ecológica deberían “neutralizarse mediante diversos paquetes compensatorios”, según el Banco de España.

A diferencia de la reforma fiscal, el Estatuto del Becario sí figura en el citado Programa Nacional de Reformas de este año, además de estar comprometido en el componente 23 del Plan de Recuperación. El Ministerio de Trabajo lleva más de un año negociándolo, pero no ha podido llegar a un acuerdo con las patronales y las instituciones académicas. Pese a que hace unos días Díaz aseguró que su aprobación era de carácter “inmediato”, con la disolución de las Cortes se hace casi imposible tramitar de cero esta regulación, que pretendía afectar a las prácticas formativas en las empresas.

La misma situación se da con la reforma de la protección por desempleo, sobre todo la de carácter asistencial, que se encuentra comprometida también en el componente 23 del plan de los fondos Next Generation. Hasta ahora solo se han abordado medidas para ciertos sectores, como la reforma del subsidio de mayores de 52 años, la ayuda por cese de actividad de los autónomos y las modificaciones en las prestaciones por desempleo para artistas, empleadas del hogar y fijos discontinuos.

A medio camino se quedan la Ley de Función Pública, la Ley de Representación Paritaria y la ley que crea la Autoridad del Cliente Financiero. La primera y la segunda solo habían sido aprobadas por el Consejo de Ministros, por lo que no habían entrado aún en el Congreso. Una pretendía modernizar los servicios públicos cumpliendo lo comprometido en el Plan de Recuperación y la segunda obligaba a que hubiese una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, en los consejos de administración de las grandes empresas, en las candidaturas electorales, en los órganos constitucionales y en los órganos de relevancia constitucional.

La normativa de la Autoridad del Cliente Financiero estaba más avanzada, ya había sido enviada al Senado tras ser aprobada hace unas semanas en el pleno del Congreso y tenía el fin de reforzar la protección de los usuarios ante las entidades financieras. Por otra parte, el 30 de junio finaliza el último Real Decreto-ley de medidas anticrisis por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que establece, entre otras medidas, la bonificación de los carburantes a ciertos sectores profesionales y la rebaja del IVA a ciertos alimentos.

Pese a la disolución de las Cortes, el Ministerio de Asuntos Económicos no contempla cambios en su actuación en este sentido, en junio evaluará las medidas y decidirá si aprueba nuevas mediante otro Real Decreto-ley. Esto se podría llevar a cabo mediante la Diputación Permanente, que tiene los poderes para asumir todas las facultades en relación con este tipo de normativas en caso de disolución de la cámara. La Diputación Permanente también puede convocar plenos extraordinarios para tramitar las iniciativas pendientes una vez disueltas las cortes, pero sería un proceso algo forzado ya que su finalidad debería limitarse a medidas de urgencia. No obstante, cabe recordar que la Comisión Europea ya ha instado a todos los estados miembros a ir retirando las medidas extraordinarias este año y a focalizarlas en los más vulnerables en caso de ser necesario aprobar nuevas.

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