La entrada masiva de Vox en las autonomías pone en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

De las 46 páginas que conforman la Agenda España de Vox, que incluye las propuestas con las que trata de “proteger” a los españoles, solo se hace referencia a las mujeres en dos ocasiones y son, principalmente, para pedir la derogación de la Ley integral contra la Violencia de Género y de instrumentos políticos que, a su juicio, son “ineficaces y discriminatorios” tales como “las cuotas o la paridad obligatoria”. El partido liderado por Santiago Abascal, que defiende que no son necesarias las políticas específicas para las mujeres, niega la violencia machista y se opone al derecho al aborto, ha logrado afianzarse este 28 de mayo como tercera fuerza política y eso podría traducirse en un “retroceso en los derechos de las mujeres y en materia de igualdad”, según indican a Infobae España las expertas consultadas.

“El ascenso de Vox pone en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las políticas coeducativas y de igualdad en general”, señala Arantxa Elizondo, profesora de Ciencia Política y codirectora del Máster de Igualdad de la Universidad del País Vasco, que recuerda que la Ley de Paridad que obligaba a las empresas a tener un mínimo del 40% de mujeres en sus consejos de administración “se quedará en el tintero” tras el nuevo adelanto de las elecciones generales anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La disolución de las Cortes no solo afecta a esa ley, sino que más de 60 normas quedan frustradas, incluyendo la de Familia, que pretendía mejorar la conciliación, o la Ley contra la trata y la explotación, cuyo objetivo era garantizar la asistencia y proteger a las víctimas.

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Los buenos resultados cosechados por Vox el domingo, que logró más de 1,5 millones de votos en toda España y ha triplicado los concejales obtenidos en 2019, la han convertido en una formación decisiva en 18 capitales de provincia para que el Partido Popular sume mayoría absoluta. Una subida que, según apunta la politóloga Ana Corojan, hace que las mujeres se sientan “más inseguras y desprotegidas” porque no existe, asegura, una garantía de cara al futuro de que se siga promoviendo el avance en la conquista de derechos, aquellos que en España “se han ido consolidando en los últimos 40 años”.

“Peligra todo lo que hemos venido consiguiendo y no solo puede haber un congelamiento de los derechos adquiridos, sino un retroceso”, sostiene la investigadora predoctoral del Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, que también se muestra preocupada por los sectores más desfavorecidos como los migrantes ante el ascenso de la extrema derecha.

Por su parte la socióloga Ana Trejo, fundadora del proyecto Stop Vientres de Alquiler, aclara que la agenda de Vox para las mujeres “es la misma de los fundamentalismos religiosos y del neoconservadurismo a nivel global”, una agenda, añade, “antifeminista y profundamente reaccionaria” con la que van a tratar de “desmantelar todas las políticas de igualdad y derechos de las mujeres”.

No hay que olvidar, coinciden las expertas, que uno de los ejes fundamentales del ideario de Vox “y de la extrema derecha populista” es el antifeminismo, así como un modelo sociopolítico basado en la familia tradicional donde las mujeres tienen “un papel de madres y cuidadoras”.

Pero además de “desdibujar el carácter estructural de la violencia de género y deshacer los avances feministas al respecto”, señala la socióloga Beatriz Ranea, otro de los puntos preocupantes es que algunas comunidades autónomas se imponga el “pin parental” que plantea la ultraderecha, la propuesta en materia educativa que permite a los padres de los alumnos prohibir que participen en actividades escolares que no estén incluidas en el plan de estudios. “Es importante que los alumnos puedan acudir a charlar y talleres de sensibilización sobre violencias y sexualidad, porque necesitamos una educación afectivo-sexual, pero hay una reticencia a ello por parte de Vox”, recuerda Ranea, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que asegura que la formación de Abascal puede presionar al PP “para que todos esos elementos de su agenda política formen parte de los pactos que sellen”.

Pese a que aún es pronto para saber en qué comunidades autónomas y ayuntamientos habrá gobiernos de coalición entre Vox y el PP o dónde llegarán solamente a acuerdos, Elizondo insiste en que, a nivel general en el medio y largo plazo, “muchas políticas públicas que se daban por sentadas van a estar en riesgo”, dados los recortes en políticas de igualdad y contra la violencia machista que se han aplicado en lugares “donde la formación de Abascal ha tenido incidencia directa en la gestión”.

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En Castilla y León, que de momento es la única región española donde el Partido Popular gobierna en coalición con Vox tras la celebración de unas elecciones anticipadas en febrero de 2022, han sido varios los desencuentros entre el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, algunos precisamente relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

La mayor polémica entre ambos socios de gobierno se desató el pasado mes de enero a costa del “protocolo provida” y de fomento de la natalidad propuesto por la ultraderecha, que pretendía obligar a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que quisieran abortar escuchar el latido fetal y una ecografía 4D. Las medidas, que finalmente no fueron aprobadas, provocaron un aluvión de mensajes contradictorios entre PP y Vox.

García-Gallardo, que ha defendido en numerosas ocasiones el modelo de “familia tradicional” como solución a la despoblación reivindicando la figura de las mujeres como “portadoras y dadoras de vida”, también pidió la derogación de la ley contra la violencia de género en la región, aunque el PP se ha comprometido a mantenerla. Sin embargo, la formación ultraderechista sí ha contado con el apoyo de los populares para sacar adelante la Ley contra la violencia intrafamiliar, que se restringe al ámbito de la familia y nada tiene que ver con el género de la víctima.

“A la derecha del espectro ideológico-partidista, los derechos de las mujeres siempre son negociables y siempre son cuestionados, algo que se puede ver en el PP, que a veces tiene actitudes ambiguas respecto al aborto pero no establece un límite claro a Vox al respecto” aunque luego, tal y como se ha visto en el caso de Castilla y León, no se puedan desarrollar esas iniciativas, concluye Ranea.

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