La ley de familias, la de salud mental o la seguridad del paciente: estas son las normas que no se aprobarán tras el adelanto electoral de Sánchez

El adelanto electoral de Pedro Sánchez, que ha convocado comicios generales para el próximo 23 de julio, ha dinamitado un gran número de leyes y anteproyectos que estaban en proceso y que no verán la luz, dado que en apenas mes y medio quedarán disueltas las cortes.

La ley de vivienda ha sido la última gran reforma que el Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos ha visto la luz, aunque su implantación vaya a ser muy limitada por la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Sin embargo, otras medidas como la reforma laboral, las reformas de las pensiones, la ley de eutanasia o la ley trans son una realidad que queda como legado de la legislatura.

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¿Qué leyes quedarán en el tintero por el abrupto corte del calendario del Congreso de los Diputados? El Congreso y el Senado han desconvocado ya toda la actividad prevista y se pone así comienzo a cuenta atrás de 53 días para las próximas elecciones generales, las primeras con Alberto Núñez Feijóo como líder del PP y con Yolanda Díaz y Sumar como principal fuerza a la izquierda del PSOE.

Esta ley, una de las principales del sector agroalimentario, estaba previsto que se aprobase definitivamente a lo largo del mes de junio. La normativa, apuntaba el Gobierno, estaba destinada a evitar la pérdida de alimentos. Las empresas deberían contar con un plan de prevención y el objetivo era que las compañías identificasen “dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijen medidas para minimizarlos y se destinen a otros usos, para los que se fija una jerarquía de prioridades”.

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Una de las más sonadas ha sido la llamada Ley de Familias, que quedará en el limbo legislativo tras el adelanto electoral. La normativa fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 28 de marzo y ofrecía permisos retribuidos de ocho semanas para cuidar a menores de hasta ocho años, teletrabajo contemplado para compatibilizar la vida laboral con la crianza de menores y días de permiso para cuidar a familiares, entre otras cosas.

La ministra a cargo de esta normativa, Ione Belarra, pretendía legislar para que el permiso por cuidado retribuido alcanzara hasta nueve días al año para atender a familiares o convivientes, pero la ley no llegará a ver la luz por falta de tiempo.

Otra ley que se perderá tras haberse quedado estancada en el proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados es la ley de equidad sanitaria, conocida como Ley Darias. Impulsada por la exministra de Sanidad, Carolina Darias, pretendía reforzar algunos aspectos de la sanidad pública y del sistema nacional de salud, pero generó mucha división en el seno del Gobierno porque dejaba la puerta abierta a más privatizaciones, cuestión que Unidas Podemos intentó –sin éxito– impedir.

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Uno de los principales escollos de esta medida consistía en las fuerzas a la izquierda del PSOE pedían que se pusiera fin al lenguaje que dejaba opciones a las comunidades autónomas a llevar a cabo privatizaciones y conciertos con entidades privadas. Aunque ese lenguaje privatizador impuesto por Josá María Aznar quedaba reducido, no se eliminaba por completo.

Es muy probable que esta ley no saliera adelante bajo ninguna circunstancia. Su trámite parlamentario estaba totalmente congelado por el PSOE pese a las solicitudes de la sociedad civil y sindicatos sanitarios para su implementación. Todos los partidos se comprometieron a llevarla a cabo, pero llevaba ya varios meses congelada y había caído en el olvido.

Esta ley contemplaba aumentar el personal de enfermería de centros de salud y hospitales para igualar ratios europeos de enfermero por habitante. Esta medida conllevaría la inmediata contratación de personal por toda España, pero dos años después de prometer su aprobación, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad se desentendieron de ella.

Propuesta por el PSOE, la norma llevaba casi medio año estancada y pendiente de que la Comisión de Igualdad estudiase sus enmiendas. La proposición de ley proponía penas de cárcel para los proxenetas y multas para los consumidores de prostitución, medida que se granjeó el apoyo del Partido Popular, pero que propició divisiones en la izquierda, que no ve en la prohibición el camino para erradicar los problemas estructurales.

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Una propuesta de Unidas Podemos que lleva alrededor de un año congelada en trámites parlamentarios. Esta normativa ya no verá la luz y caerá en saco roto después de haber peleado por ella durante toda la legislatura.

La normativa diseñada por la coalición entre Izquierda Unida y Podemos buscaba aumentar el escueto ratio de psicólogos por habitante de la sanidad pública, que está en unas ratios de apenas seis por cada 100.000 habitantes. La ley aspiraba a alcanzar al menos 8 psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeros.

El pasado 8 de marzo se aprobaba una proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de personas con Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pero esta tampoco verá la luz. Impulsada por Ciudadanos y apoyada por el resto de partidos, los trámites parlamentarios ahogaron la normativa y no prosperará ante el inminente adelanto electoral.

Esta ley reconocía el 33% de grado de discapacidad desde el diagnóstico y la atención preferente y especializada, entre otros aspectos, pero estuvo un año congelada y finalmente no ha prosperado.

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