Adiós a la ley de vivienda tras el triunfo del PP este 28-M: queda en el aire el límite del alquiler en zonas tensionadas

Las grandes capitales de provincia son las que han sufrido las mayores subidas de precio del alquiler en los últimos meses y las que quedarán fuera de la protección de la ley de Vivienda que entró en vigor el pasado viernes. La nueva ley, que regula la declaración de “zonas tensionadas” así como el límite de los alquileres, no llegará las grandes ciudades españolas. El Gobierno de Pedro Sánchez tienen un escaso margen de maniobra, ya que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de vivienda, por lo que serán los nuevos gobiernos autonómicos los que decidan su aplicación.

Las competencias de vivienda, y por ende muchos aspectos de la nueva ley, depende las comunidades autónomas, pero también de los gobiernos locales. La Ley de Bases de Régimen Local delega competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo en los ayuntamientos, por lo que, aspectos como el límite a la subida del alquiler, las bonificaciones al IRPF o la subida del IBI hasta el 150% queda en manos del Partido Popular, que ya se había mostrado reacio a aplicar esta ley en las regiones en las que gobierna.

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Los resultados de estas elecciones han modificado completamente el mapa político autonómico, sacando a los partidos y coaliciones progresistas de los gobiernos locales. Los socialistas han perdido 15 capitales, entre ellos feudos tan importantes como Sevilla, Valladolid, Palma de Mallorca, Gijón y Valencia. Estas ciudades y otras en las que ya gobernaba el Partido Popular, ya sea en solitario o en coalición con Vox, podrán dejar de lado la nueva norma.

El Partido Popular ya se postuló en contra de esta nueva ley y se mostró reacio a aplicarla en las comunidades en las que gobernaba. Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla y León, las comunidades con gobierno popular, confirmaban su negativa al tope a los alquileres. A estas se pueden sumar ahora la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Extremadura y Aragón, aunque dependen de acuerdos con Vox. También quedaría fuera La Rioja, donde el PP ha obtenido la mayoría absoluta.

En Canarias, Coalición Canaria necesitará el apoyo del PP para gobernar, a lo que se añade que el partido nacionalista canario no apoyó la Ley de Vivienda en el Congreso, afirmando que suponía una invasión de competencias autonómicas.

La norma se aplicaría en Asturias y Castilla-La Mancha, donde aún gobierna el PSOE, así como en Navarra donde se mantendría el gobierno de PSN-PSOE con el apoyo de Eh-Bildu y Geroa Bai, a pesar de la victoria de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En Cataluña, la Generalitat había expresado su intención de aplicar la ley tras su entrada en vigor. Además, queda un reducto progresista en Barcelona, donde podría surgir un gobierno de izquierdas. El partido de Ada Colau, hasta ahora alcaldesa, ha quedado en tercera posición en las urnas. Sin embargo, , los números hacen factible un gobierno tripartito de la izquierda, por la improbabilidad de que el candidato asociado a Junts pacte con PP y Vox.

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