¿Vivienda, sanidad o educación? La campaña del 28-M se centró en ETA, los insultos racistas a Vinicius y el supuesto fraude del voto por correo

¿Vivienda, sanidad o educación? ¿Violencia machista, la sequía y medidas para combatir los efectos de la crisis climática, o los proyectos urbanísticos? No, la campaña de las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, que culminó este viernes, no habló de eso, o al menos, no se centró en estos temas. A pesar del carácter local y regional de los comicios, la fuerte implicación y presencia de los líderes nacionales de los principales partidos con serias aspiraciones de revalidar o ganar nuevos ayuntamientos y gobiernos autonómicos ha llevado el debate político por otros derroteros.

En esencia, durante los 15 días de este nuevo periodo electoral, preludio de las generales previstas para finales de 2023, se ha hablado mucho de la banda terrorista ETA, pero también del enésimo episodio de racismo en el fútbol tras los nuevos insultos al jugador del Real Madrid Vinicius Junior y, en el tramo final, del supuesto fraude del voto por correo en Melilla y varias localidades.

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A pesar de que la banda terrorista dejó de estar entre las principales preocupaciones de los españoles en 2012 –un año antes anunció el cese definitivo de su actividad–, desde el inicio de la campaña del 28-M, la derecha volvió a agitar el fantasma de ETA en su habitual estrategia de desgaste contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El germen de este nuevo uso partidista, secundado también por Vox y Cs, fue la inclusión de 44 exetarras en algunas de las listas de EH Bildu para Euskadi y Navarra, siendo siete de ellos condenados por delitos de sangre. Cabe señalar que la presencia de expresos de ETA en las listas no es nueva.

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En cualquier caso, ante el revuelo mediático, estos mismos candidatos renunciaron a ser concejales, pero esta acción no evitó que se dejara de hablar de ETA en los actos locales y regionales de los principales dirigentes de la derecha. Es más, los sucesivos duelos parlamentarios en el Senado y el Congreso del pasado 16 y 17 de mayo, respectivamente, dieron buena cuenta de ello, con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo enfrentados por esta cuestión.

El líder del PP acusó al presidente del Gobierno de ser “más generoso con los verdugos que con las víctimas”, mientras que este último echó mano de hemeroteca para desmontar los argumentos de la derecha en este asunto, unas premisas que repitió al día siguiente en su duelo semanal en el Congreso con la portavoz popular, Cuca Gamarra. Sánchez recordó que ETA “ya no existe” y que el PP, cuando estaba en el gobierno, también negoció con la banda terrorista, “acercaron a presos y excarcelaron a etarras cuando ETA estaba en activo”. No obstante, el presidente entró al trapo al aprovechar la misma cita para reprochar ante la máxime dirigente de EH Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, la “equivocación” en la elección de los candidatos.

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En los días posteriores, la dirección nacional popular dio visos de abandonar esta estrategia, una giro que no dio Isabel Díaz Ayuso. Más bien todo lo contrario. La candidata a la reelección del ejecutivo madrileño, una de las principales bazas del PP, elevó la apuesta al aseverar que “EH Bildu no es heredero de ETA, es ETA”, y que la organización terrorista “está viva”. Asimismo, llegó a poner sobre la mesa la ilegalización de la propia coalición abertzale.

En el ecuador de la campaña, Feijóo cejó en su empeño de hablar de ETA. Cortó de raíz con este debate en un acto celebrado en la plaza de toros de Valencia el pasado domingo 21. Precisamente, ese mismo día, un hecho ocurrido cerca de ese lugar, en la misma ciudad, viró el foco hacia otro escenario: el enésimo episodio de racismo en el fútbol a raíz de los nuevos insultos proferidos por ultras del Valencia en Mestalla contra el jugador del Real Madrid Vinicius Junior.

Más allá de la contundencia contra este tipo de comportamientos, el debate político se posó sobre si España es o no racista después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, exigiera medidas contra el “fascismo y el racismo”. El PSOE y la derecha mostraron su rechazo contra estos episodios, pero negaron catalogarlos como parte de un problema estructural, como sí lo evidenció la izquierda a la izquierda del PSOE.

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Es más, Podemos empleó este asunto como arma política con dos acciones claras: una carta conjunta del Ministerio de Igualdad con el Ministerio de la Igualdad Racial de la República Federativa de Brasil en medio de la tensión diplomática, que pilló por sorpresa a Moncloa, y las presiones de Irene Montero para desempolvar en el seno del Consejo de Ministros su ley contra el racismo.

Las presuntas tramas de compra de votos por correo en Melilla y en Mojácar (Almería), sumado a las decenas de denuncias por fraude en el voto en otros municipios, han activado todas las alarmas en el tramo final de la campaña. Estas investigaciones implican a miembros de Coalición por Melilla y el PSOE, aunque también salpican al PP. No obstante, los socialistas no han querido entrar al barro por este asunto con el fin de poner en valor el funcionamiento y actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante estos casos.

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La derecha, por su parte, no atizó demasiado en los primeros compases de la polémica, a principios de esta semana, pero en los dos últimos días de campaña, Feijóo ha aireado sus críticas por las denuncias de fraude de voto por correo que afectan al PSOE, pidiendo reforzar las garantías del sistema del voto. En virtud de estas afirmaciones, Sánchez aprovechó sus últimos tres mítines de campaña para acusar al PP de “embarrar la política”.

En la precampaña, el problema de la vivienda y la supuesta alarma por la okupación fueron el eje central de los debates políticos. La izquierda se afanó en convertir las elecciones en un plebiscito sobre los territorios que aplicarán la ley de vivienda, que entró en vigor este viernes, y los que no, los liderados por el PP. A esto se sumaron los sucesivos anuncios electorales realizados por Sánchez con la movilización de 113.000 inmuebles para el parque público, criticados por la oposición, pero también por sus socios de la coalición, ya que Unidas Podemos dejó la solución al problema de la vivienda al albur del cumplimiento íntegro de la propia norma.

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Ya en campaña, Sánchez trató de virar el foco hacia la sanidad y la educación pública, y la igualdad retributiva con la aprobación en el Consejo de Ministros de una partida de 580 millones para mejorar los centros de Atención Primaria, otra de 38,5 millones de euros para impulsar la salud mental y la Ley Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión. Pero lo cierto es que estas medidas, pese a ser de carácter local, fueron opacadas por otros asuntos a nivel nacional. Unos comicios a nivel regional que han estado marcados por tres grandes asuntos de carácter nacional: ETA, el racismo y el fraude de votos.

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