Ayuso lleva a los pirómanos ante el juez: una hora de helicóptero cuesta 5.000 euros a los madrileños

Solo fueron 800 metros de pasto y algún almendro. El 15 de julio de 2021, Francisco Javier, un menor de edad, fue sorprendido prendiendo fuego a una zona de matorrales en un paraje del municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias conocido como ‘Camino Angosto’. Afortunadamente, no fue nada grave. Pero el pirómano ya era reincidente. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso decidió entonces reclamar como Administración perjudicada los costes de extinción del incendio: 1.897,14 euros.

Puede parecer poco dinero. Pero la Comunidad de Madrid, con la llegada de Ayuso al poder en 2019, decidió aplicar una política de tolerancia cero con todos aquellos que intencionadamente o por culpa de una negligencia provocan incendios forestales. De hecho, desde ese año, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se ha personado, en calidad de perjudicada, en nueve procedimientos judiciales abiertos contra pirómanos que han causado daños en los montes madrileños.

“Todos estos fuegos tiene un coste para las arcas públicas, para los bolsillos de los madrileños. Ya que su extinción conlleva movilizar medios humanos y materiales. Por eso creemos que es justo intentar recuperar ese coste. No por un afán recaudatorio, sino como mensaje de concienciación de que hay que proteger nuestro patrimonio ambiental. No todo vale”, señala a Infobae España Carlos Novillo, viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

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En el caso de San Martín de Valdeiglesias, la Comunidad ha conseguido lo que quería. El pasado 14 de marzo, el Juzgado de Menores número 2 de Madrid condenó a Francisco Javier a 18 meses de libertad vigilada y a pagar los 1.897,14 euros que reclamaba el Gobierno regional. Si no puede afrontar el abono, sus padres se harán cargo de la multa.

Porque, ¿cuánto cuesta apagar un incendio? La Comunidad de Madrid pone un ejemplo, ya que tiene unos parámetros que fijan los costes en función de los medios físicos y recursos humanos utilizados y las horas empleadas. Un fuego, cuya extinción necesitó 33 horas de trabajo, supuso un coste de 29.414 euros. Una dotación del Cuerpo de Bomberos (autonómico) cuesta 126 euros la hora. Usar un helicóptero bombardero (los que descargan agua) alcanza 5.000 euros la hora.

En los procedimientos en los que está personada como perjudicada, al margen del que ya ha ganado por el incendio de San Martín de Valdeiglesias, la Comunidad reclama actualmente 137.194 euros. Hay que tener en cuenta que los agentes forestales resuelven el 94% de los incendios que se producen en Madrid. Es decir, determinan la causa. El Gobierno regional solo puede actuar judicialmente en los que han sido provocados intencionadamente o por una negligencia cuando además conoce al causante.

Por poner algunos ejemplos, la Comunidad está personada como perjudicada en los incendios producidos el 17 de julio de 2020 en Villaviciosa de Odón, el 11 de julio de 2020 en Quijorna, el 6 de septiembre de 2020 en Villarejo de Salvanés, el 21 de agosto de 2020 en San Agustín de Guadalix, el 24 de junio de 2021 en Brunete, el 12 de junio de 2021 en Robledo de Chavela, el 14 agosto de 2021 en Brunete... Pero el Ejecutivo de Ayuso quiere ir más allá.

Este mismo año se aprobó la Ley 5/2023, de 22 de marzo, del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad de Madrid, que permite ahora además a la Administración personarse como acusación particular (y no solo como perjudicado) “en los procedimientos judiciales derivados de emergencias acaecidas en la Comunidad de Madrid cuyos hechos sean constitutivos de ilícito penal”, como es un incendio forestal.

De acuerdo con los artículos 351 y 352 del Código Penal, una persona que provoque un incendio que cause peligro para la vida humana o para la integridad física se enfrenta a una pena de entre 10 y 20 años de cárcel y 24 meses de multa. Si no hay peligro para la vida, los hechos se castigan con penas de entre uno y cinco años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses.

Durante el 2022 se investigaron un total de 321 incendios forestales en toda la comunidad de Madrid, la inmensa mayoría de ellos de una superficie menor a 0,5 hectáreas. En lo que llevamos de 2023 se han investigado 99. Un 29% se producen por negligencias o imprudencias y otro 29% son intencionados. En ambos casos se puede actuar judicialmente. De hecho, en 2022 la Comunidad remitió a la Fiscalía o directamente a los juzgados 27 de estos fuegos. En lo que llevamos de 2023 se han remitido 8. No todas estas diligencias acaban en una causa judicializada.