La justicia investiga la implicación del número dos del PSOE de Andalucía en el secuestro de la concejala de Maracena

Un nuevo escándalo judicial sacude al Partido Socialista a pocas horas de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, ha sido señalado como posible implicado de un delito de detención ilegal al haber indicios de su presunta participación en el secuestro, el pasado febrero, de Vanessa Romero, edil de la localidad granadina de Maracena, de la que López fue alcalde durante 15 años. Así lo ha establecido el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que ha elevado la causa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía debido a la condición de aforado del socialista, quien actualmente ocupa una banca en el parlamento regional.

Junto con el número dos de los socialistas andaluces, el juez de instrucción apunta también a la vinculación en el hecho del concejal de Urbanismo de Maracena, Antonio García Leyva, y de la alcaldesa de la ciudad, Berta Linares, cuya expareja Pedro Gómez Rosa es el único detenido de la causa por ser el supuesto secuestrador de Romero. Ha sido el testimonio del propio Gómez el que ha puesto bajo la lupa a los tres políticos, al indicar que la idea del secuestro fue resultado de un plan elaborado entre todos ellos con el objetivo de escarmentar a Romero, quien tendría en su poder documentos que probarían supuestos hechos de corrupción.

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De acuerdo al auto de la causa, cuyo secreto de sumario ha sido levantado este jueves, López, García, Linares y Gómez habrían acordado secuestrar a Romero en la Taberna del Ángel de la población granadina, en el mes de enero. En aquella reunión, siempre según la declaración del presunto secuestrador, García habría propuesto “contratar a un par de ucranianos para dar un susto” a Romero, concejala de Maracena 2030, aunque habría sido el propio López el que finalmente propuso que fuera la pareja de la alcaldesa, quien padece de trastorno bipolar, el autor del delito. “Él tiene una enfermedad, no le va pasar nada”, habría dicho López. Según Gómez, sus supuestos cómplices le prometieron ponerle un buen abogado en caso de que Romero lo denunciara.

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En el marco de la investigación, se analizaron los datos de tráfico y la localización de los móviles de López, García y Linares entre el 31 de agosto de 2022 y el 1 de marco de 2023. El juez de la causa señala en su escrito que el análisis de los datos telefónicos para ubicar esta presunta reunión conspirativa ha resultado “escasamente conluyente, pero no excluyente”. Asimismo, el juez considera que el testimonio del acusado presenta una cantidad de detalles suficientes para otorgarle cierta credibilidad.

El hecho que se investiga tuvo lugar en la mañana del pasado 21 de febrero, cuando el que fuera novio de la alcaldesa de Maracena, quien permanece en prisión, retuvo con un arma blanca -una pistola simulada- y encerró maniatada en el maletero del coche a Romero. Después de varias horas dentro del maletero del coche, la concejala consiguió salir tumbando los asientos traseros y pudo escapar del coche ante la ausencia de su secuestrador. Esta retención ilegal se ha vinculado a una posible causa urbanística porque la víctima, también exconcejala de Urbanismo de la ciudad, llevaba documentación en su vehículo y tenía desavenencias con la alcaldesa y candidata a la reelección.

López ha negado “de forma tajante” cualquier relación con el secuestro de la edil y ha aclarado que ni está investigado ni imputado judicialmente. Asimismo, López ha asegurado en un comunicado que estas acusaciones se basan en la manifestación de una persona que está “desequilibrada”. También ha calificado de “intolerable” la indefensión que, a su juicio, sufre por las informaciones y acusaciones publicadas que lo dan por imputado y hasta condenado, “cuando la verdad es que no tengo vinculación alguna con los hechos”, ha concluido.

Por su parte, Linares ha pedido que no se hagan “especulaciones” ni que la causa sea utilizada “con fines políticos”. Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento “a la calma y a la prudencia” y se espera que la justicia actúe “con diligencia y transparencia” en esta causa

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