El PP se pone de perfil en el caso Melilla y obvia las acusaciones sobre su supuesta implicación

La campaña electoral del 28-M se ha visto eclipsada por temas nacionales desde sus inicios. ETA o el racismo contra Vinicius han acaparado la parrilla electoral durante días, hasta que ha llegado el escándalo por la presunta compra de votos por correo en Melilla.

La trama es compleja y salpica a varios actores. De las 10 personas detenidas, que ya han sido puestas en libertad, dos de ellas son del partido Coalición por Melilla (CpM), en concreto, el número tres de la lista y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-lal -que ya ha sido cesado por el Gobierno melillense-, y un familiar del presidente del partido, Mustafá Aberchan, ya condenado en 2008 por compra de votos. Con el cese del consejero de CpM, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro -expulsado de Ciudadanos- se queda con 10 miembros en su gobierno: cuatro consejeros y tres viceconsejeros de CpM y tres consejeras del PSOE.

Es decir, el gobierno melillense lo conforman, además del presidente, varios consejeros de CpM y del PSOE. Y los socialistas, a su vez, deslizan que el Partido Popular también está implicado. Supuestamente, entre los detenidos, dos trataban de captar votos para el PP: el expresidente del club Huracán, Felipe Heredia, que dimitió por verse involucrado en la operación Nerón, y una segunda persona -de la que no ha trascendido su nombre, pero sí su apodo- conocida como El Peco, que estaría vinculado a las fuerzas de seguridad, según medios locales de Melilla.

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El líder del PP en Melilla, Juan José Imbroda, ha desvinculado a su partido de cualquier relación con los detenidos y ha aseverado que no tiene “nada que ver” Heredia, que ni es afiliado al PP ni tienen relación con él. Además, le ha devuelto la patata caliente al PSOE y a CpM relacionando a Heredia con el gobierno de coalición melillense en alusión al supuesto amaño de partidos de fútbol.

“A lo mejor ahí tienen ustedes una pista para saber de qué estamos hablando”, ha agregado Imbroda al respecto.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseveran que cualquier información que implique al Partido Popular es “mentira”, pero es inevitable no percibir el perfil bajo que ha manejado Génova desde que saltó la trama, que sería un dardo perfecto para lanzar al rojo de su diana, el PSOE.

Mientras que el PP cargó duramente contra el PSOE por las listas de EH Bildu, e introdujo en sus actos de campaña la posición del PP al respecto al racismo hacia Vinicius, los de Feijóo se han puesto de perfil en el escándalo por el presunto fraude electoral en Melilla. Feijóo centró sus actos de este miércoles en exigir que Pedro Sánchez rebaje la factura eléctrica e incluso, en Zaragoza, ha pedido explicaciones al Gobierno de Javier Lambán sobre el escándalo de las renovables de Aragón, sin mencionar el palpitante escándalo en Melilla. No ha sido diferente en Palma, donde se enfocó en denunciar la ley del sólo sí es sí del Gobierno y otro escándalo, el de las menores tuteladas en Mallorca. Ni una mención al de Melilla.

El tema lo ha sacado de refilón el número tres de Feijóo, Elías Bendodo, que en un acto en Madrid instó al PSOE a romper con sus “socios” en Melilla. “Esto viene de atrás, ya el PSOE y Coalición por Melilla fueron condenados por la compra de votos y por fraude electoral, y lo han repetido”, ha dicho al respecto el coordinador general del PP, que ha centrado el acto en denunciar la subida de los precios de la compra con la instalación de un carro gigante en la Plaza de España. Posteriormente, en un mitin en Móstoles junto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Bendodo volvió a acusar al PSOE de estar involucrados en la supuesta trama sin dedicar demasiadas palabras al asunto: “Nosotros a lo nuestro”, ha reiterado al respecto. Ayuso, por su parte, optó por volver a sacar a ETA a la palestra sin mencionar siquiera Melilla.

Aunque la secretaria general del PP y portavoz del grupo en el Congreso, Cuca Gamarra, reclamó al PSOE explicaciones “inmediatas”, no fue tan lejos como Ciudadanos y Vox, que han pedido al Gobierno aclaraciones en el Congreso de los Diputados.

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