El escándalo por la compra de votos en Melilla y Mojácar ensombrece el tramo final de la campaña del 28-M

Las presuntas tramas de compra de votos por correo, en Melilla primero y en Mojácar (Almería) después, han ensombrecido el tramo final de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Las sospechas de irregularidades en el voto por correo en la ciudad autónoma de Melilla, que no son nuevas, han desembocado en una operación policial que coloca a Coalición por Melilla (CPM) en el punto de mira, aunque también salpica al PP. Por otro lado, la operación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra otra presunta trama similar en el municipio almeriense pone al PSOE en el disparadero.

De fondo, el temor a que estas investigaciones alienten las dudas sobre los mecanismos de control en los comicios. No obstante, los principales actores políticos han puesto en valor la labor de dichas operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer si ha habido un intento de fraude electoral. “Es una muestra de que el Estado de derecho funciona. En España, nadie puede saltarse las normas y mucho menos en un proceso garantista como es el proceso electoral”, defendió este martes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Mientras estos procedimientos se investigan bajo secreto de sumario, las respuestas políticas no se han hecho esperar. El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (expulsado de Cs), cesó este miércoles al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y número tres de las listas de CPM al 28-M, Mohamed Ahmed Al-lal, después de haber sido detenido por su presunta implicación en la trama de compra de votos por correo en la ciudad autónoma.

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Ahmed Al-Lal, y al menos otras ocho personas fueron puestas en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales. Entre ellas también figura el yerno del presidente de CPM, Mustafa Aberchán. En cualquier caso, siguen a disposición del juzgado, pues la Policía les atribuye la presunta comisión de dos delitos, uno “contra la Ley Orgánica 5/85″ y otro de “pertenencia a grupo criminal”, según informaron diferentes medios. Asimismo, la Delegación del Gobierno estima que se han podido comprar alrededor de 10.000 votos por correo, esto es, un tercio de la representación de la Asamblea de la ciudad.

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Se da la circunstancia de que CPM, una escisión del PSOE melillense desde 1995, formaba parte hasta hace una semana del Acuerdo del Turia, una alianza de partidos de izquierda entre los que figuran además Más País y Compromís. Si bien, el partido de Aberchán ha sido sacado de esta lista “hasta que se esclarezcan los acontecimientos”, según informa la formación de Íñigo Errejón.

En esta línea, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, arremetió en un mitin contra los miembros de esta alianza. “Me preocupa que algunos partidos progresistas hayan pensado que estos son socios aceptables con las previas que ya conocíamos”, señaló sin mencionar a Errejón y Joan Baldoví (Compromís). En todo caso, durante la campaña, la secretaria general de Podemos sí se ha referido a estos partidos al calificar de “izquierda cuqui” a Más Madrid y de “partido de centro” a Compromís, acusándole además de favorecer el retorno del bipartidismo.

Por otro lado, el número tres en las listas de CPM, que compartía hasta ayer el gobierno de la ciudad autónoma con el PSOE, acusó a la la delegada del Ejecutivo en Melilla, la socialista Sabrina Moh, de estar detrás de una operación en su contra. “Aquí no se trata ni de policía ni de judicatura, sino de política. Y se está haciendo uso de los estamentos del Estado para hacer una persecución política porque esto viene mandatado por un poder político”, apostilló Mohamed Ahmed Al-lal en un intento de echar balones fuera.

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Por si fuera poco, varias informaciones apuntan a que dos de los implicados en la presunta trama de compra de votos por correo en la ciudad autónoma tienen vinculación con el PP, algo que su presidente regional, Juan José Imbroda, niega. En esta línea, llama la atención el perfil bajo adoptado por el PP en lo relativo a esta cuestión al no entrar al barro en una dura campaña electoral contra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Al margen de esta investigación policial, la presunta trama en Mojácar ha salpicado al PSOE, pues entre los siete detenidos este miércoles figuran los números dos y cinco en las listas socialistas al municipio, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno González, respectivamente. Por lo pronto, la formación de Pedro Sánchez ha suspendido cautelarmente de militancia y ha abierto expediente al primero, mientras que el segundo no ha sido expulsado al no estar afiliado. En cualquier caso, Ferraz avisa que, de ser elegidos, “no formarían parte del grupo municipal socialista”.

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Previamente a la toma de esta decisión, el PSOE salió al paso tras conocerse la detención de dos de sus candidatos en Mojácar al avisar de que no les “tiembla el pulso con cualquier práctica ilegal o fuera de una altura ética máxima”. No obstante, cabe señalar que el partido borró las informaciones que hacían alusión a la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en un mitin el pasado 18 de mayo para apoyar la candidatura en la localidad almeriense liderada por Manuel Zamora.

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