Mientras Sálvame cuenta los días para despedirse definitivamente de la audiencia de Telecinco, su productora sigue pendiente del desenlace de la ‘Operación Deluxe’, una trama de presunta revelación de secretos en la que está envuelto un agente de la Policía Nacional y varios trabajadores de La Fábrica de la Tele. Este miércoles se ha desvelado que Asuntos Internos tuvo constancia durante meses de las filtraciones a periodistas de datos privados sobre famosos, pero nadie impidió que siguiera realizando esos presuntos actos ilícitos.
El sumario del caso recoge, según adelanta The Objective y ha podido confirmar Infobae España, que la Policía permitió durante medio año que el agente al que estaban investigando, A.J.F.H., siguiera accediendo libremente a las fichas policiales de famosos pese a los “sólidos indicios” de que estaba filtrando la información a periodistas del corazón.
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Las pesquisas de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional desembocaron en abril de 2018 en un primer informe del caso. En ese documento se señalaba directamente al agente imputado y se recogían las claras evidencias de que esta persona estaba accediendo a bases de datos policiales para extraer información sobre famosos como Aída Nízar, José Fernando Ortega o incluso miembros de la familia Borbón.
En aquel momento se inició la elaboración de un segundo informe para averiguar si, además del presunto delito de revelación de secretos, había algún tipo de compensación económica para el agente por filtrar esos datos, lo cual supondría también la comisión de un delito de cohecho. Para esclarecer la implicación de este agente, se le pinchó el móvil y la Policía solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación para poder averiguar a qué periodistas se había filtrado la información extraída ilegalmente de la base de datos del Cuerpo.
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Pese a que la investigación se extendió durante seis meses en los que se hizo un exhaustivo seguimiento al agente y se acreditaron sus encuentros con varios colaboradores del programa Sálvame, ni la Fiscalía ni el juez actuaron para frenar la presunta revelación de secretos.
De poco sirvió que la investigación detallara hasta una decena de casos en los que A.J.F.H. podía haber filtrado datos de la ficha policial de varios personajes conocidos a varios periodistas. De hecho, en el primer mes de pesquisas se acreditaron tres casos, sin que ello provocase ningún tipo de medida.
En todos los casos recogidos en el sumario, los investigadores relatan el modus operandi que efectuaba el agente investigado y acreditan sus reuniones con periodistas como Gustavo González, quien ofreció en Sálvame informaciones sobre varios de los famosos afectados justo después de que el enlace policial consultara sus bases de datos y se reuniera con él.
De esta manera, tanto la Policía Nacional como el juez y la Fiscalía observaron sin actuar durante medio año cómo las partes investigadas seguían cometiendo la presunta revelación de secretos de varios famosos. Además, el sumario recoge que los periodistas que se reunían con el agente pagaban las comidas y bebidas que consumían durante esos encuentros, aunque no se ha podido acreditar otro tipo de pagos, motivo por el cual se ha descartado el cohecho.
Solicitud de sobreseimiento
Esta inacción judicial es, precisamente, uno de los ejes de la defensa de La Fábrica de la Tele en la ‘Operación Deluxe’. Ocho periodistas y productores de la compañía están imputados en el caso, pero su defensa ha pedido el sobreseimiento en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.
El despacho que trabaja en la defensa de todos los implicados vinculados a la productora califica como “incomprensible” la forma de proceder de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. “Se citó como investigados a mis defendidos por unos hechos que en el fondo han sido consentidos y tolerados, tanto por los agentes policiales que han llevado a cabo la investigación, como por ese Tribunal y el Ministerio Fiscal que ha monitorizado y seguido toda la investigación”, explica en el escrito.
La defensa destaca así que los investigadores permitieron la consumación de la actuación delictiva imputada a sus defendidos pese a que podía “neutralizarla”. “En lugar de ser apartado de la actividad que desarrollaba o restringir su acceso a los registros policiales, se le ha permitido que continúe realizando consultas que luego los propios agentes policiales han considerado que podían constituir un delito de descubrimiento de secretos”, dice con respecto al agente investigado.
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