Los trabajadores de UGT se organizan para denunciar su convenio al Ministerio de Trabajo

El conflicto entre los trabajadores de UGT y la patronal del propio sindicato continúa enquistado y la plantilla se está organizando para denunciar la negociación bloqueada de su nuevo convenio colectivo marco ante la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), un órgano público tutelado por el Ministerio de Trabajo.

Según ha podido saber Infobae España por fuentes internas del sindicato, la Sección Sindical de UGT Madrid está preguntando a los trabajadores del resto de organizaciones territoriales si apoyarían la denuncia de la situación ante el SIMA, algo que tendrán que decidir internamente cada una antes de que la iniciativa prospere, ya que el convenio es de ámbito estatal, abarca a todas las federaciones y uniones territoriales.

El SIMA tiene como objetivo solucionar los conflictos laborales por la vía extrajudicial y está constituido por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito estatal: CEOE, Cepyme, CCOO y la propia UGT. La iniciativa parte desde la Sección Sindical de Madrid después de que UGT eliminara la Sección Sindical Estatal hace dos años, la cual representaba a toda la plantilla a nivel nacional y formaba parte de la comisión negociadora del convenio colectivo. Quienes negocian ahora el convenio representando a los trabajadores son personas distintas a las de la antigua sección sindical y han sido elegidas por federaciones sectoriales estatales y por algunas regiones.

El conflicto se deriva de la caducidad del último convenio colectivo, que abarcaba hasta el 31 de diciembre de 2020, y de la falta de entendimiento entre la parte patronal y la social para acordar un nuevo convenio. El convenio afecta solo a los trabajadores que prestan los servicios en el sindicato mediante contrato laboral, por lo que queda excluido el personal liberado y las personas con responsabilidad política, estos últimos por haber sido elegidos en los órganos políticos de la organización.

Los trabajadores ya llevaron a cabo protestas el pasado 12 de abril en las sedes principales de UGT en Andalucía, Baleares, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja para presionar a la organización, pero esta medida tampoco ha servido para llegar a un acuerdo. La falta de entendimiento entre las partes llega hasta tal punto que una de las tres federaciones estatales, la de servicios, movilidad y consumo, está valorando salirse del convenio estatal y negociar uno propio para sus trabajadores.

Según la última propuesta de la parte patronal a la que ha tenido acceso Infobae España, se plantea una subida salarial del 3,5% para 2022, el 2,5% para 2023 y el 2% para 2024, todas ellas aplicables sobre el salario base más antigüedad consolidada. Además, proponen una cláusula de revisión salarial para este año y el siguiente consistente en un incremento adicional de hasta el 1% en 2023 y de hasta el 0,5% en 2024 si el IPC anual supera el 2,5% y el 2%, respectivamente.

Estas condiciones son mejores que las planteadas inicialmente, pero no son suficientes para los trabajadores. Estos rechazan una revisión salarial en dichos términos, ya que está por debajo de las cifras que el sindicato acaba de firmar en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con CCOO, CEOE y Cepyme. La parte social pide subidas salariales del 4,5% para 2022, el 4% para 2023 y el 3% para 2024 con una cláusula de revisión salarial que replica a la del AENC: hasta el 1% este año y el próximo si la inflación es superior al incremento inicial.

De hecho, las subidas salariales que propone UGT para sus trabajadores están por debajo de las que se firman en las empresas. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes al mes de abril, los 216 convenios firmados en 2023 recogen subidas salariales del 4,71% y los convenios con vigencia en este año -incluyendo así los negociados otros años- registran subidas salariales del 3,14%, más que la propuesta de la parte patronal del sindicato.

Más allá de las subidas salariales, las partes tampoco coinciden en la reducción de la jornada laboral, que actualmente es de 35 horas. Ambos mostraron en un inicio la intención de negociar una jornada de 32 horas semanales, pero la parte patronal no cuenta las pausas como tiempo de trabajo efectivo, por lo que en la práctica la propuesta de UGT queda en una jornada de 34 horas y media, casi la misma que actualmente. Además, en la última reunión de la comisión negociadora la organización comunicó su intención de implantar una jornada partida todos los días laborables, también los viernes, y de reducir la jornada continua de verano de 3 a 2 meses.

Otro punto que genera fricción entre las partes es la inclusión en el convenio de una cláusula de descuelgue, un mecanismo que, por definición, permite a la empresa no aplicar el convenio alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los anteriores convenios ya incluían un artículo de “condiciones de inaplicación salarial” para estas situaciones, pero la nueva redacción que le quiere dar la parte empresarial quita poder de negociación a los trabajadores y a ello se debe el desacuerdo. Esta cláusula está pensada, sobre todo, para que las subidas salariales que se pacten puedan no aplicarse en las uniones regionales en mala situación financiera.

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