La guerra de Ucrania profundizó el problema de precios de la energía que se inició durante el verano de 2021. Para proteger a los consumidores más vulnerables, que veían como los precios de la luz se disparaban hasta máximos históricos, el Gobierno amplió los descuentos vinculados al bono social, una de las medidas estrella de Sánchez cuando llegó a la Moncloa allá por 2019. Así, desde el estallido del conflicto, los consumidores vulnerables severos protegidos por esta medida han aumentado en más de 200.000, a los que hay que sumar los pensionistas y familias numerosas que se benefician de esta medida, que también han crecido en 70.000 en el último año.
Concretamente, a cierre de febrero de este año hay 1,45 millones de personas que se benefician de este escudo contra la subida de los precios de la luz, frente a los 1,19 millones de hace un año, según los datos de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). Del total, 673.393 son considerados consumidores vulnerables, frente a los 603.340 de un año antes. Un incremento mucho más pronunciado en el caso de los calificados como consumidores vulnerables severos, que se han incrementado en más de 200.000, hasta los 781.629 beneficiarios.
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Una cifra alta de beneficiarios que podría ser mucho mayor. Y es que, el 81% de las familias monoparentales no solicita el bono social, con el que dispondrían de un importante descuento en la factura eléctrica, por falta de información, tal y como señalan desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS).
Descuentos
El bono social es una prestación destinada a proteger a los consumidores, consistente en aplicar un descuento –del 25% para los consumidores vulnerables y un 40% para los vulnerables severos– en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual. Pero, ante la subida del precio de la luz, a finales de octubre de 2021 el Gobierno elevó esta rebaja al 60% en caso de los vulnerables y del 70% para vulnerables severos. Una reducción que amplió a finales del pasado año: desde octubre y hasta el 31 de diciembre de 2023, los hogares más pobres reciben un descuento del 80% sobre su factura de la luz, mientras que los vulnerables cuentan con una bonificación del 65%.
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Para ser considerado consumidor vulnerable hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos: que la renta anual sea inferior a 1,5 x IPREM de 14 pagas, ser familia numerosa, que los miembros de un hogar sean pensionistas o bien ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital. En esta línea, para ser considerado consumidor vulnerable severo y beneficiarse de una rebaja del 80% hasta el 31 de enero de este año, se tiene que percibir una renta anual menor al 50% de los umbrales establecidos para ser considerado consumidor vulnerable, o bien ser familia numerosa y tener ingresos inferiores a 16.800 euros.
Esta rebaja ha hecho que muchos hogares con bajos ingresos que pertenecían al mercado regulado –uno de los requisitos para beneficiarse de esta bonificación– y que han visto como sus facturas se disparaban por la volatilidad de los precios, soliciten esta prestación. Además, según apuntan los expertos del sector, la pérdida de poder adquisitivo que se ha experimentado como consecuencia de la espiral inflacionista ha hecho que muchos consumidores puedan ser considerados “vulnerables severos” engordando esta cifra de beneficiarios que disfrutan de un descuento mayor.