“Avanzar en el sentido que ustedes proponen podría generar incomprensión, con las siguientes dificultades para todos”. Con esas palabras, el Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, rechazaba cualquier posible reunión con los sindicatos para reducir la jornada laboral a 35 horas, tal y como estaba en 2012 antes de que Mariano Rajoy legislara para aumentarla hasta las 37.
Tras la reciente aprobación del ‘Acuerdo marco para una Administración del siglo XXI’ por parte del Gobierno de España, muchas comunidades han iniciado negociaciones para derogar la medida. Sin embargo, el consejero madrileño envió una respuesta por escrito a las fuerzas sindicales el pasado mes de marzo y en ella dejaba entrever que, además de estar en contra del recorte horario, no lo consideraba una cuestión que dependa de la Consejería, una opinión que ha despertado posiciones enfrentadas.
Este jueves hay convocada en la capital una manifestación desde el número 39 de la calle Alcalá para exigir la recuperación de esta jornada laboral, ya que la Comunidad de Madrid, denuncian los sindicatos, es la única región de España que no se ha sentado a repensar esta decisión del Gobierno de Rajoy.
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“La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma de toda España que se niega a devolver a sus empleados públicos la jornada de 35 horas semanales, empeñándose en mantener las 37,5 horas, desde que aplicara en 2012 los recortes y medidas impuestas al sector público”, denuncian los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y CSIT en un comunicado conjunto.
Una medida que afecta a 180.000 trabajadores
“Nos han llamado vagos y estamos exigiendo este derecho a negociar”, critica Rosa Robledano, portavoz de UGT en esta protesta. “Los últimos de los que hemos tenido noticia del inicio de las negociaciones han sido Murcia y Castilla y León. El partido que Gobierna es el mismo”, asevera en referencia a los ejecutivos a cargo del Partido Popular, que han actuado de forma diferente al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
La medida afecta a casi 180.000 trabajadores del sector público, que verían su jornada reducida en dos horas diarias. “La semana pasada estuvimos concentrados frente a la Consejería de Hacienda y entregamos una carta a Lasquetty, pero no respondió. Función Pública -la sección de la consejería a la que exigen respuestas- no suele poner problema en recibirnos, pero tras tres reuniones y oír que no, hemos abierto esta otra vía”, explica Luis Mercado, de Comisiones Obreras.
Para visibilizar la demanda, el personal público de la sanidad madrileña, así como los docentes de la enseñanza pública, pretenden hacer una huelga el próximo 26 de mayo, dos días antes de las elecciones autonómicas del 28-M. En ese parón se aglutinan muchas proclamas de ambos sectores, pero también tomará fuerza esa reducción de jornada.
Los sindicatos dan por hecho que será el ejecutivo nacido de los próximos comicios el encargado de darles una salida al problema, o bien continuarán la senda marcada por el equipo de Ayuso: “Una vez pasadas las elecciones daremos un tiempo al nuevo gobierno y veremos si iniciamos una convocatoria de huelga”, asegura Mercado, de CCOO.
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