Los domicilios con empleadas del hogar tendrán que informar al Ministerio de Trabajo de sus condiciones laborales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negocia con los sindicatos y con las representantes de las trabajadoras domésticas la nueva regulación de los riesgos laborales en este sector altamente feminizado

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/ Rodrigo Jimenez)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/ Rodrigo Jimenez)

El Ministerio de Trabajo ha iniciado los trámites para regular la prevención de los riesgos laborales de las empleadas del hogar y de las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio. Este es un aspecto recogido en el Real Decreto 16/2022, pero que aún estaba por desarrollar, y que afectará a más de 380.637 trabajadores, el 95% mujeres, según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado este miércoles que las características especiales de los trabajos domésticos requieren de una normativa propia para prevenir los riesgos laborales, ya que el centro de trabajo es el domicilio privado y, en muchas ocasiones, los empleadores no son empresas. En concreto, Díaz ha detallado que el Instituto Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, adscrito al ministerio, enviará formularios a los domicilios que tengan empleadas del hogar para realizar “autoevaluaciones” de las condiciones de trabajo que tienen estas trabajadoras.

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No obstante, la Inspección de Trabajo seguirá actuando en los hogares que den su consentimiento, ha aclarado la ministra. El documento que está en consulta pública para tramitar la nueva regulación va en esta línea y contempla que en el caso concreto de los servicios de ayuda a domicilio, en los que los empleadores sí son empresas o instituciones públicas, es necesario “asegurar que se llevan a cabo visitas presenciales a los domicilios” para que “se produzca la adecuada evaluación de riesgos laborales”. Díaz ha afirmado que el ministerio publicará “guías clarísimas” sobre las medidas a seguir en cada uno de los casos, ya que habrá “dos planteamientos muy diferentes” dependiendo de si los empleadores son empresas o particulares.

Por el momento, los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones de trabajadoras domésticas están trabajando con el ministerio en el texto normativo, que abordará cuestiones como los riesgos psicosociales del trabajo en el hogar. “Estas trabajadoras desempeñan su actividad en solitario en cuidado de personas que tienen patologías vinculadas al deterioro cognitivo y físico y que requieren de muchísimo cuidado y atención”, ha incidido Díaz.

En línea con la OIT

Esta norma culminará el proceso de igualar los derechos de las empleadas del hogar al resto de trabajadores. España dio los primeros pasos en 2012 obligando a que las trabajadoras domésticas tuvieran que estar dadas de alta en la Seguridad Social. Posteriormente, en septiembre de 2022, se aprobó un aumento de los tipos de cotización para que las trabajadoras del hogar tengan derecho a la prestación por desempleo y el último paso fue la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el pasado 28 de febrero de 2023.

Dicho convenio establece unos derechos básicos para las trabajadoras del hogar y exige a los estados que lo adopten unas normas mínimas sobre horas de trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. Sus disposiciones serán exigibles en España a partir del 29 de febrero de 2024, pero el ministerio asegura que con la aprobación de esta norma de prevención de riesgos laborales “España se anticipa definitivamente” a los compromisos asumidos con la ratificación del convenio. A día de hoy, solo siete países más de la UE lo tienen ratificado: Irlanda, Portugal, Alemania, Bélgica, Italia, Suecia y Finlandia.

Descenso en la afiliación del empleo doméstico

Pese a los avances normativos, persiste el subempleo en este ámbito, ya que muchas trabajadoras del hogar no están afiliadas a la Seguridad Social, bien por preferencia propia o por imposición de los empleadores, algo que les impide tener acceso a los derechos regulados. Según detalla Funcas en un estudio reciente, es probable que debido a esto tanto los datos de afiliación a la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadoras del hogar como los de ocupados en trabajos domésticos que ofrede el INE (a través de la EPA) “infraestimen el número de quienes trabajan remuneradamente en el servicio del hogar”.

Teniendo en cuenta este fenómeno de empleo no registrado, los datos de afiliación de las trabajadoras domésticas constatan un claro descenso desde la pandemia, siendo los datos de afiliación de 2022 y de 2023 los más bajos desde el año 2012, cuando entró en vigor la obligación de dar de alta a estas trabajadoras en la Seguridad Social. Esto contrasta con las cifras de empleo récord registradas para el conjunto del mercado de trabajo.

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