Los sindicatos CCOO y CSIF iniciarán el próximo viernes 26 de mayo los primeros paros parciales para denunciar la situación de “tremenda desorganización” y “falta de plantilla” en la Administración de la Seguridad Social. Las concentraciones se sucederán todos los viernes a partir de ese, que es dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, y terminarán con una huelga de 24 horas el 7 de septiembre si para entonces el ministerio encabezado por José Luís Escrivá no ha llegado a un acuerdo con la representación de los trabajadores.
Las organizaciones convocantes, que no son todas las que tienen representación entre los empleados de la Seguridad Social, han explicado que la situación de colapso en las citas previas se debe a dos motivos principales. Por una parte, la falta de personal derivada de que no se cubren las vacantes, ya que según los sindicatos la plantilla ha pasado en 15 años de 30.000 trabajadores a 23.000 con una edad media muy elevada, siendo el 82% de la plantilla mayor de 50 años. “Si tomamos como edad de referencia los 65 años para la jubilación, en cinco años se jubilará una tercera parte de la plantilla y en diez años dos terceras partes”, ha asegurado Ignacio Galán, de la sección sindical de CCOO.
El otro motivo es el incremento de la carga de trabajo, ya que a no cubrir vacantes se ha sumado la aprobación de nuevas prestaciones, instrucciones y normas y el cierre de oficinas territoriales, concentrando en las que siguen abiertas una mayor población a atender. En este aspecto, han hecho especial hincapié en la dificultad para tramitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) una prestación que se puso en marcha en 2020 con la llegada de la pandemia y por la cual han recibido, aseguran, 2,5 millones de solicitudes. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, el IMV beneficia a 611.029 hogares, en contraste con los 700.000 a los que se propuso llegar el Ejecutivo cuando puso en marcha la medida.
Con esta situación, los sindicatos están pidiendo al ministerio una oferta de empleo público (OEP) extraordinaria y ágil en los tiempos de incorporación, ante lo que Escrivá ofrece la incorporación de 4.000 interinos y la cobertura de 2.500 puestos mediante OEP, 2.000 propios de la Seguridad Social para el rango c1 y 500 procedentes de la oferta de empleo público genérica de la Administración General del Estado. Sin embargo, los sindicatos creen que no hay “garantías” para la incorporación de los interinos, piden compromiso documental, y critican que la OEP ni siquiera se ha empezado a negociar en una mesa específica pese a que tendría que estar aprobada en el primer semestre de 2023.
Escepticismo ante el pago de seis euros por atender fuera de hora
La propuesta del ministro de ofrecer seis euros por cada cita atendida fuera de la jornada de trabajo, además del salario correspondiente a las horas extra, no ha tenido una gran acogida entre los sindicatos. Ricardo Aguirre, responsable de la sección estatal de Seguridad Social de CSIF, ha asegurado que “la respuesta de los compañeros no es positiva” ante esta media “sea 21 euros la hora o seis” porque implicaría trabajar casi todas las tardes de la semana durante el verano. CCOO coincide y defiende que “no es la solución”.
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Escrivá, por su parte, ha declarado ante los medios antes de participar en un desayuno del Colegio de Abogados de Albacete que ya se están incorporando nuevos trabajadores y que en el primer semestre del año se llegará a un total de 3.200 nuevas incorporaciones, por lo que ha valorado que “no tiene mucho sentido” la convocatoria de paros de CCOO y CSIF cuando “durante ocho años se ha reducido la plantilla en un 20% y no ha habido mucha protesta”, según recoge Efe.
Este mismo viernes vuelven a reunirse el ministerio y los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo, aunque Aguirre avisa que desbloquear la situación no depende solo de Seguridad Social, sino también de Hacienda, que es quien debe autorizar la convocatoria de las plazas que demandan. “Dependemos de la voluntad de todo el Gobierno”, ha asegurado.
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