Pese al acelerón del Ingreso Mínimo Vital en los últimos meses, sólo el 20,8% de los españoles que viven bajo el umbral de la pobreza se benefician actualmente de esta ayuda. Un bajo porcentaje que se debe principalmente al gran número de solicitudes que se deniegan. Pese a que el ritmo de concesiones ha aumentado en 2022, favoreciendo la incorporación de nuevos perceptores, tras más de tres años desde su aprobación aún no se ha conseguido llegar al objetivo de 2,3 millones de beneficiarios.
En concreto, el ingreso mínimo vital llega a 611.029 hogares -1.752.467 personas, de los cuales 755.752 son menores-, lo que se traduce en que sólo el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado. De esta forma, y pasados varios años desde su aprobación, esta ayuda ha llegado al 76% de los beneficiarios previstos, por lo que aún quedan más de 550.000 personas por percibirla, según ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
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La cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria es de 171 euros y por hogar 491 euros. El ministerio de Escrivá dejó sin ejecutar 453 millones del presupuesto con el que contaba esta ayuda el pasado año, devolviéndolos a las arcas del Estado, que se suman a los 980 millones que no repartió en 2021, pese a que se siguen denegando tres de cada cuatro solicitudes.
No obstante, los gerentes lo achacan al sistema de gestión implantado, a través de la web y “sin apoyo de ningún personal” que conozca los requisitos y el proceso, y a la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social.
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En el último año ha aumentado un 70% el número de beneficiarios del IMV, lo que supone 700.000 personas más, multiplicando por tres la cobertura del sistema de rentas mínimas de las comunidades. En 2022 se alcanzó una inversión del ingreso mínimo vital de 2.512,82 millones de euros, superando por primera vez la inversión en rentas mínimas que en 2020 hicieron las autonomías. 3
Asimismo, la asociación lamenta que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “continúe sin articular” las medidas de coordinación con la red de servicios sociales previstas en la ley y que “no haya sido capaz” de ejecutar el presupuesto total. Por ello, reclaman “un impulso aún mayor” para incorporar en la gestión a los servicios sociales de atención primaria y solucionar el “laberinto burocrático” que ha hecho que el IMV se haya implantado a un ritmo mucho más lento de lo previsto.
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