Fedea cuestiona la eficacia de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero creada por el Gobierno no será eficaz para cumplir su objetivo de proteger a los usuarios de entidades financieras, según recoge un artículo de Benito Arruñana, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Entre los principales defectos de la nueva figura, el autor destaca que potencia la vía administrativa para la resolución de conflictos y la centralización en un solo organismo de los tres servicios de reclamaciones que existen dependientes del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

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Pone en cuestión la “racionalidad” de este órgano administrativo y reconoce que es “ilusorio” que se pretenda resolver los problemas del sector público creando nuevos órganos que reproducen la estructura organizativa de los órganos ya existentes, “basada en una burocracia funcionarial, sin intentar la reforma de estos últimos”.

Para afrontar este problema recomienda intensificar la competencia en los mercados afectados, debido a que proporciona la “solución más eficiente”, al evitar que muchos conflictos lleguen a plantearse, sobre todo “si la justicia ordinaria despliega todo su potencial preventivo”.

Arruñana considera “discutible” el diseño organizativo de la Autoridad, ya que opta por centralizar la regulación de la conducta, pero mantiene la supervisión prudencial en tres organismos, por lo que “puede acabar padeciendo los vicios de captura, descoordinación y deseconomías de escala propios de ambos modelos”.

Una medida más eficaz, en su opinión, sería que la supervisión prudencial de la solvencia estuviera encomendada al Banco de España y la CNMV se encargara de todo lo relacionado con la conducta de las entidades financieras.

Además, considera que el éxito de estos sistemas depende de que se asegure una independencia efectiva del regulador y critica que el proyecto de ley no concrete aspectos esenciales relativos al nombramiento de los altos cargos, de los consejeros electos y de los cargos directivos. También echa de menos una mayor supervisión parlamentaria.

Otra novedad que recoge el proyecto de ley y que cuestiona Fedea es que las resoluciones serán vinculantes para las entidades en reclamaciones inferiores a 20.000 euros o de cuantía indeterminada.

A pesar de ello, las partes podrán recurrir asuntos de baja cuantía en la jurisdicción contencioso-administrativa y “esta posibilidad de recurso judicial compromete el objetivo de eficacia y celeridad”, argumenta el profesor.

Considera que sería más eficaz un sistema de autorregulación en el que las entidades adheridas se comprometieran a cumplir las resoluciones. También plantea el riesgo de que surjan contradicciones entre la jurisprudencia civil y la contencioso-administrativa.

El Gobierno creó, en noviembre del año pasado, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo proyecto de ley se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

Su objetivo es resolver reclamaciones contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros con el fin de restituir o reparar los derechos de los clientes que hayan sido vulnerados en la prestación de un servicio o en la contratación de un producto financiero”.

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