El Gobierno destina 2.190 millones para paliar la sequía y “asegurar la continuidad productiva del sector primario”

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un paquete de ayudas extraordinarias dotado con 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar así la disponibilidad de recursos hídricos. De esta cantidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aporta 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras o aumentar la reutilización de aguas urbanas, mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará 784 millones de euros en ayudas al sector primario.

“España está acostumbrada a afrontar periodos de sequía, pero como consecuencia del cambio climático, asistimos a fenómenos más intensos para los que nos debemos preparar con la capacidad hemos ido desarrollando con los años y esta sequía requiere anticipación, medidas de corto plazo y medidas integrales”, ha indicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha destacado que la inversión anual en materia de agua ha aumentado un 50%, desde los 362 millones de euros de 2018 hasta los 541 millones de 2022.

El real decreto-ley aprobado incluye ayudas directas para los sectores agrícola y ganadero que superan los 636 millones de euros, y la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía.

Se trata de 10 medidas, ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cuyo objetivo es “asegurar la continuidad productiva del sector primario, de agricultores y ganaderos, tan necesaria para abastecer a los ciudadanos y para la evolución de los precios de los alimentos”. Si es necesario y así lo demanda el sector, ha añadido el ministro, se implementarán más medidas.

Planas ha defendido que las medidas son fruto del consenso tanto con las comunidades autónomas como con las organizaciones y cooperativas agrarias, pues se analizaron en la Mesa Nacional de la Sequía el pasado mes de abril. Sin embargo, este mismo jueves COAG criticaba que no conocían estas nuevas medidas y negaba que hayan sido negociadas con las organizaciones agrarias. “Así no se puede trabajar”, indicaba Andrés Góngora, miembro de la comisión ejecutiva de la COAG, en entrevista con Infobae España.

Del total de esos 633 millones de euros, 335 millones se destinarán para los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino con el objetivo, según indica el Gobierno, de compensarles por el incremento de los costes de producción como los piensos. Se pagarán 100 euros por vaca y 15 por oveja y cabra de carne, mientras que para el ganado lechero se pagarán 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra.

Las ayudas a los sectores ganaderos se completan con 5 millones de euros para el sector apícola, pues las altas temperaturas han afectado notablemente “a la biodiversidad y a la producción de miel”, ha recordado el ministro Planas.

El importe destinado en 2023 a subvencionar la prima del seguro agrario aumenta en 40,5 millones, hasta los 359 millones de euros, cantidad que según el Gobierno “permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la contratación de las pólizas, el máximo permitido por la normativa europea, que incluyan la cobertura por riesgo de sequía”.

En el ámbito fiscal, se ha acordado la exención de las cuotas del Impuesto e Bienes Inmuebles (IBI) rústico para las explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido en este ejercicio una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, o de un 30% en las demás. El pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se reduce para los más 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

En cuanto a la Política Agrícola Común (PAC), se alarga hasta el 30 de junio el plazo actualmente abierto para solicitar las ayudas.

En el ámbito laboral, el Gobierno también ha aprobado medidas para prohibir el trabajo al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decrete alerta naranja o roja por altas temperaturas, si bien Planas no ha dado más detalles cuando la prensa le ha preguntado al respecto. “La norma establece la prohibición de tareas en determinadas condiciones. Se trata de un avance de protección importante y necesario”, se ha limitado a decir el ministro, sobre todo para los trabajos que suponen una gran capacidad física como sucede en la agricultura o en la construcción.

Por otro lado, la ministra Ribera también ha informado de que los regantes que sufran una reducción de su dotación de agua tendrán una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esa exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%.

También se modifica la Ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que España pueda pasar de los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027, es decir, que pase de un 10% a un 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.

Ribera también ha indicado que se acelerará la construcción de infraestructuras para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, con un presupuesto de unos 35,5 millones.

En este ámbito de nuevas infraestructuras, el Estado asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.

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