El Estatuto del Becario se atasca: UGT pide a Yolanda Díaz un texto cerrado y apoyos parlamentarios

Tras trece meses de negociaciones, el Estatuto del Becario no consigue salir adelante por falta de concreciones en el texto y de apoyos, tanto en la mesa de negociación con los agentes sociales como en el parlamento que lo deberá aprobar. Así lo ha afirmado este jueves el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, tras salir de la última reunión convocada por el Ministerio de Trabajo.

Luján pide a Trabajo “concreción” porque todavía no hay “un texto claro” después de que el preacuerdo más claro, alcanzado a finales de 2022, terminara por no salir a la luz. “Queremos concreción, también sobre cuáles son los apoyos que va a tener el texto, llevamos mucho tiempo negociando más allá del periodo de descuento”, ha criticado el sindicalista. De sus palabras se desprende una nueva exigencia, que ya establecieron las organizaciones sindicales en la negociación de la reforma de las pensiones: primero un texto cerrado y los apoyos parlamentarios garantizados y luego el apoyo del diálogo social. “Asegurar apoyos es tan importante como cerrar el texto”, ha sentenciado Luján.

El Estatuto del Becario estaba contemplado en la reforma laboral de 2021 con el objetivo de regular las prácticas curriculares y extracurriculares, pero no detallaba periodos para su aprobación más allá de un inicio de las negociaciones. Según UGT, el texto que manejan sí tiene “garantías” en cuanto a la definición de lo que se consideran prácticas no laborales, lo que son las prácticas curriculares y extracurriculares, así como en cuales son los gastos que las empresas deben compensar a los becarios. Pese a no tener acuerdo, no se ha concretado la próxima fecha de reunión entre ministerio y agentes sociales.

Para los sindicatos es fundamental aprobar una norma que “ataje el inmenso fraude con las prácticas extracurriculares”, y estas son motivo de fricción tanto con CEOE como con la representación académica. Los sindicatos UGT y CCOO pidieron la eliminación progresiva de estas prácticas para favorecer los contratos formativos, algo que sirvió para alcanzar un principio de acuerdo con el ministerio, pero que terminó sin materializarse para incorporar a la patronal.

Por el momento se conocen pocos detalles de como quedará finalmente redactado el texto en este punto, más allá de que el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, número dos en el Ministerio de Trabajo, afirmara hace un mes en una rueda de prensa que las prácticas curriculares se mantendrán pero “con todas las garantías” para evitar que sean “un nicho para el fraude y la reiteración de prácticas abusivas”.

Lo que sí entrará en vigor en octubre de 2023 es la cotización obligatoria en el Régimen General de la Seguridad Social de los becarios universitarios y de formación profesional que realicen prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación. Esta medida fue incluida en la segunda parte de la reforma de las pensiones y establece una reducción del 95% en las cuotas por contingencias comunes que los empresarios deberán pagar por los becarios datos de alta.