El Banco de España alerta de que los ingresos previstos en la reforma de pensiones no compensarán los gastos récord

El Banco de España se suma a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y avisa de que los cambios normativos en pensiones adoptados desde 2021 conducen a afrontar mayores obligaciones de gasto a largo plazo “que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos”. Así lo recoge el Informe Anual publicado este miércoles por el supervisor bancario español, que recoge por primera vez la postura oficial del organismo sobre la reforma de pensiones del Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

En concreto, la entidad estima que las medidas de ingresos de la reforma supondrán un 1,4% del PIB de 2050, la misma cifra que estima la AIReF y casi igual que la del ministerio (1,5%), aunque prevé una mayor dimensión de lo que supondrán los gastos. Mientras la entidad dirigida por Cristina Herrero cifra estos en un 2,3% sobre el PIB de dicho año y el ministerio los cifra en un 2,4%, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos calcula un 3,7% sobre el PIB de 2050.

Esta discrepancia se debe, fundamentalmente, a que el Banco de España no cuantifica el ahorro derivado de los incentivos para retrasar la jubilación, mientras que la cartera de Escrivá espera un descenso del gasto en pensiones por esta medida de hasta un 1,5% del PIB. Además, el supervisor bancario español considera que el aumento de las pensiones máximas será neutro, a diferencia del ahorro que prevé la AIReF, y que el incremento de las pensiones mínimas conllevará un gasto adicional del 0,2% del PIB.

Durante la presentación del informe, el director general de Economía y Estadística del organismo, Ángel Gavilán, incidió en que, con la información disponible actualmente, “será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025″ para reforzar la sostenibilidad financiera de las pensiones. De hecho, la propia normativa contempla este escenario y establece un mecanismo de ajuste. Esta herramienta consiste en un aumento automático de cotizaciones a la Seguridad Social a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB de media entre 2022 y 2050 y los ingresos son menores al 1,7% del PIB, algo que será evaluado por la AIReF en marzo de 2025.

No obstante, el Banco de España avisa de que todo el escenario está sujeto a una “incertidumbre extraordinaria” como consecuencia de que la senda de gasto en pensiones la determinará en gran parte la Comisión Europea en un informe sobre envejecimiento que publicará en la primavera de 2024 y porque las medidas de ingresos, que suponen un aumento de los costes laborales, pueden tener efectos adversos sobre el empleo, los salarios y la competitividad y, por lo tanto, sobre los ingresos previstos.

Cuantificar los impactos de la reforma sobre el empleo es algo “complejo” según Gavilán, y se remite a hacer una previsión basada en la literatura económica, al igual que hizo la AIReF en su análisis de hace unos meses, aunque esta “no ofrece una respuesta concluyente”. Según la estimación del Banco de España, un aumento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales, podría general una caída en el número de ocupados cercana al 0,25% en cuatro años.

En envejecimiento de la población española, que conllevará mayor gasto en pensiones y en sanidad, sumado a los incrementos que establece la reforma, como la revalorización de las pensiones con el IPC medio de los últimos 12 meses, tensionan aún más la situación de endeudamiento público. Según Gavilán, un 50% del aumento del gasto público primario desde 2019 procede del gasto en pensiones, que se ha incrementado un 30% en términos reales en la última década.

El Banco de España reitera, en línea con la AIReF, que España necesita un proceso de “ajuste fiscal ambicioso”, con un plan de consolidación fiscal en 2023, para que se reduzca el déficit estructural (incrementado tras la pandemia) y la deuda disminuya, de lo contrario “va a seguir elevándose o va a permanecer en niveles cercanos a los actuales”, asegura el director general, lo que supone “una vulnerabilidad importante”. Más allá de los términos en los que se terminen materializando la vuelta de las reglas fiscales para España, la entidad propone ciertas medidas por el lado tanto de los gastos como de los ingresos.

En los gastos: mayor eficiencia en ciertos capítulos presupuestarios (políticas activas de empleo, subvenciones, beneficios fiscales, gasto hospitalario e incentivos a la contratación) y redistribución de las partidas de gasto (dando más prioridad a educación, sanidad e inversión pública). En ingresos: la reforma fiscal no realizada; gravar más el consumo, revisar beneficios fiscales sobre el mismo, elevar la fiscalidad medioambiental y armonizar el sistema tributario.

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