Foment del Treball Nacional, la patronal catalana adscrita a la CEOE, ha anunciado este martes su recurso ante la Audiencia Nacional (AN) del impuesto a las grandes fortunas, un paso más en su campaña iniciada desde hace meses contra este nuevo gravamen creado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que va más allá de las acciones llevadas a cabo por la CEOE a nivel nacional, que se limitan en lo público a la crítica conceptual desde su think tank, el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Josep Sánchez Libre, presidente de Foment y uno de los once vicepresidentes de CEOE, ha detallado en la rueda de prensa que se trata de un recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial que aprueba la aplicación del impuesto a las grandes fortunas. El recurso pide a la AN que eleve una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), ya que la organización no puede registrar directamente una iniciativa de este tipo.
De hecho, la Constitución establece que solo pueden presentar recursos de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o senadores y las Comunidades Autónomas. El recurso de Foment es, por tanto, una maniobra de presión para “suscitar duda de constitucionalidad”, en palabras de Jordi de Juan, abogado del Estado que ha colaborado con Foment para elaborar el texto del recurso. La AN tendrá que decidir ahora si admite a trámite el recurso y eleva la cuestión de inconstitucionalidad, proceso que se prolongará unos “4 o 5 meses” según la patronal catalana, aunque la saturación de procedimientos en la administración de justicia y las huelgas podrían provocar mayor dilación.
CEOE espera a los recursos autonómicos ya admitidos por el TC
La organización regional de CEOE -que disputó el liderazgo de la patronal nacional con una candidata alternativa en las elecciones de 2022- basa su argumentación de la inconstitucionalidad del gravamen en que “no responde al principio de capacidad económica que recoge el artículo 31 de la Constitución”, que se basa en que “se tienen que pagar impuestos solo cuando hay manifestación de riqueza”. Además, Foment considera que desde su entrada en vigor en enero de 2023 ha tenido la capacidad de “mover de territorio” a empresarios y que “ha afectado a eventuales inversiones empresariales” en España.
El carácter inconstitucional del conocido como el impuesto a los ricos es algo en lo que coincide CEOE, aunque ninguna organización territorial a parte de Foment ha presentado recurso. El IEE presentó a principios de año un informe en el que detallaba cuatro posibles motivos de inconstitucionalidad del nuevo gravamen: la forma de la norma por ser aprobada a través de una enmienda a una proposición de ley; la intromisión en competencias autonómicas; vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica por retroactividad y la no atención al principio de capacidad económica, como sostiene Foment.
Sin embargo, fuentes empresariales confirman que la CEOE esperará a que se resuelvan los recursos presentados por los gobiernos autonómicos de Andalucía, Madrid y Galicia, todos ellos admitidos ya a trámite por el Tribunal Constitucional. Cabe recordar que la organización liderada por Antonio Garamendi es quien se sienta directamente a negociar con el Ejecutivo central en el marco del diálogo social, por lo que suele tener una relación habitual con distintos ministerios. En lo que va de legislatura, la CEOE ha firmado un notable número de acuerdos derivados del diálogo social, un total de 17, a excepción de algunos como la reforma de las pensiones y las últimas subidas del SMI, que rechazan completamente por suponer mayores incrementos de costes laborales en ambos casos.