Foment del Treball ha presentado este martes un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para pedir que eleve una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el impuesto de patrimonio con el objetivo de conseguir su eliminación. La patronal catalana refuerza así su campaña contra este impuesto, que ya le ha llevado en los últimos años a impulsar recursos de inconstitucionalidad a través de los grupos parlamentarios.
“Esta es una herramienta más. Hemos visualizado a través de informes elaborados por despachos de juristas que es una vía posible para plantear el recurso de inconstitucionalidad”, ha asegurado en conferencia de prensa el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Después de que la junta de la patronal catalana diera luz verde a la iniciativa este lunes, los abogados de la patronal han presentado hoy mismo el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que deberá decidir si lo admite a trámite y eleva así la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
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En concreto, el recurso se plantea contra la orden ministerial que aprobó el impuesto de patrimonio, lo que abre la puerta a elevar la cuestión de inconstitucionalidad. Foment argumenta que el impuesto no responde al principio de capacidad económica, que se basa en que “se tienen que pagar impuestos sólo cuando hay manifestación de riqueza” y que “no puede ser confiscatorio”. Sánchez Llibre ha vuelto a denunciar que el impuesto de patrimonio, que es uno de los cedidos a la Generalitat, es un “impuesto confiscatorio”, que “lastra” la competitividad de las empresas y dificulta, a su juicio, la instalación en España de directivos.
La huelga en Justicia puede retrasar el proceso
Los abogados del Estado Jordi de Juan y Manuel Silva, que han colaborado con Foment, estiman que, en condiciones normales, la cuestión de inconstitucionalidad podría estar sobre la mesa del TC en unos cinco meses, aunque admiten que la saturación de casos y la huelga en la justicia provocará que tarde más. En caso de ser considerado inconstitucional, los ciudadanos que hayan abonado este impuesto tendrían derecho a su devolución siempre y cuando hayan presentado una reclamación en cada uno de los ejercicios fiscales.
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Ademas, la sentencia del Tribunal Constitucional sólo permitiría recuperar el impuesto abonado en los últimos cuatro años. En 2021, Foment ya elaboró un dictamen sobre la inconstitucionalidad de este impuesto, que llevó a los grupos parlamentarios y que fue la base del recurso presentado por el PP ante el TC y que está aún pendiente de resolución.Un año más tarde, volvió a elaborar otro dictamen sobre el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que también llevó a algunos partidos y autonomías a presentar recursos.
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