Recorte de pagas extra: los empleados públicos denuncian la pérdida de 30.000M en la última década

Más de dos millones de empleados públicos continúan con el recorte en sus pagas extra aprobado en 2010 dentro de las medidas “extraordinarias” para reducir el déficit público en la anterior crisis económica. Según el sindicato CSIF, la persistencia de este recorte ha provocado que los trabajadores afectados dejen de percibir unos 30.000 millones de euros durante estos trece años. Cifra que anualmente supone unos 1.600 euros menos para los grupos más altos de la administración (A1), como médicos y jueces; 1.000 euros para el grupo A2 (enfermeros, maestros) y unos 500 para quienes estén en el grupo C1 (policías, administrativos).

“Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis hasta cinco meses”, ha denunciado este lunes en rueda de prensa el presidente del sindicato, Miguel Borra, quien ha confirmado la presentación por parte de CSIF de una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados para que los empleados públicos recuperen las pagas extras íntegras.

En concreto, la iniciativa propone derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 y la Mesa del Congreso tendrá 15 días a partir de este lunes para admitir a trámite el texto. Posteriormente, CSIF dispondrá de nueve meses para entregar las 500.000 firmas requeridas. Aunque conseguir las firmas no garantiza nada: la mayoría de estas iniciativas no llega a votarse en el Congreso y, las pocas que llegan, suelen ser rechazadas.

Esta iniciativa llega en un momento de conflictividad laboral en varios ámbitos de la administración pública por falta de personal y por pérdida de poder adquisitivo, entre otras quejas sectoriales. Según Borra, los empleados públicos han perdido en torno a un 18% de poder de compra “en los últimos años” como consecuencia de no revalorizar sus salarios al mismo ritmo que la inflación, que ha alcanzado cifras históricas tras la pandemia y el estallido de la guerra en Ucrania.

En esta línea, Borra ha criticado que el acuerdo de incrementos salariales alcanzado el año pasado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO “agrava el empobrecimiento”. Dicho acuerdo establece un aumento de los salarios de los funcionarios del 3,5% en 2022, el 2,5% en 2023, y el 2% en 2024. Con subidas adicionales del 1% este año y el siguiente en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. La inflación en 2022 cerró en una media del 8,46%, según el INE.

Estas cifras contrastan por ser algo menores a las que contemplará el V AENC que previsiblemente aprobarán en los próximos días los sindicatos mayoritarios y la patronal CEOE y Cepyme. El acuerdo contempla incrementos del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025 con una subida adicional del 1% según el IPC, aunque deja fuera 2022. “Que no nos trate -el Gobierno- peor que la patronal de la privada a los trabajadores de la privada”, ha reclamado el sindicalista.

CSIF ha repasado las movilizaciones y huelgas existentes en distintos ámbitos de las administraciones públicas, “consecuencia del deterioro de las condiciones laborales, pérdida de poder adquisitivo y falta de recursos humanos y materiales”, ha afirmado Borra.

El sindicalista ha resaltado los conflictos abiertos en los funcionarios de la administración de justicia y en la Inspección de Trabajo, además de incidir en la pérdida de casi 10.000 puestos de trabajo en la Seguridad Social, lo que implica “retrasos en citas y en reconocimiento de prestaciones, con tres meses de media”. A esto se suma una previsión de que se jubilen dos terceras partes de la plantilla en los próximos años.

Otro de los servicios que CSIF señala como deteriorado es el SEPE, ya que de las 711 oficinas de atención presencial de las que dispone, 7 no tienen ningún trabajador; 96 tienen 1 empleado; 142 disponen de 2 y 129 de 3. “Así es muy difícil poder prestar el servicio”, asegura.